Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos han entrado en una era de deterioro creciente en la que la decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 50% es apenas un capítulo inicial. En las últimas horas, la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado dictaminó que el gigante sudamericano ha retrocedido en la defensa de la libertad de expresión por las limitaciones que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro en el marco del juicio que se le sigue por presunto golpismo. Brasil, se sostiene, reprime el debate democrático y por eso está por debajo de El Salvador de Nayib Bukele en las ponderaciones de Washington. Marco Rubio, el jefe de la diplomacia trumpista, anunció a su vez sanciones contra funcionarios brasileños de Mozart Júlio Tabosa Sales y Alberto Kleiman, otros de la Organización Panamericana de Salud (OPS) que hayan participado en la contratación de médicos cubanos en el programa Más Médicos que, según EEUU es un «sistema de exportación de trabajo forzado» de La Habana. El mensaje de la Casa Blanca es inequívoco y, para los analistas, una respuesta a los llamamientos de Lula a sus colegas de China, Rusia y la India para abordar el tema de la guerra comercial lanzada por Trump con fundamentos estrictamente políticos.
En este contexto, el mandatario anunció este miércoles un programa de contingencia para apoyar a las empresas brasileñas afectadas por la nueva realidad económica. El plan Brasil Soberano incluye una línea de crédito de hasta 5.500 millones de dólares para ayudar a los sectores perjudicados por el inédito aumento de los aranceles. El programa, que debe ser aprobado por el Congreso, contempla además el aplazamiento de impuestos federales, una mayor compensación de créditos fiscales y el acompañamiento para encontrar nuevos mercados.
El presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Antonio Alban, calificó las medidas de «paliativas«. El ministro de Hacienda Fernando Haddad dijo que estas medidas pueden ser apenas el precedente de otras acciones debido a que todavía se están evaluando los efectos concretos de la guerra comercial. Haddad señaló al respecto que Estados Unidos ha adoptado una postura agresiva en las exportaciones de soja y algodón que pueden provocar problemas internos en Brasil.
El Fondo de Garantía a la Exportación (FGE) pasará a desempeñar un papel clave bajo estas circunstancias porque tiene capacidad para destinar líneas de crédito en especial a las pequeñas y medianas empresas perjudicadas por aumento del gravamen. El Gobierno también prorrogará por un año un mecanismo que garantiza la suspensión, exención o devolución de impuestos sobre los insumos adquiridos para la producción destinada a la exportación. Las autoridades también resolvieron aplazar el pago de impuestos federales durante los próximos dos meses.
Consensos necesarios
Lula ha sumado a las autoridades de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y del Senado, Davi Alcolumbre, al acto en el que se anunciaron estas iniciativas, en un intento de demostrar a la sociedad que existe un frente común para enfrentar la compleja situación. El Parlamento suele ser un escenario adverso para el Gobierno por el predominio de las fuerzas de derecha, que no son todas bolsonaristas. Lula pidió a ambos que se voten pronto las propuestas para no retrasar los beneficios a los sectores afectados.
El «paquetazo» de Trump se encuentra entre los más altos impuestos a los países que exportan a EEUU. El multimillonario republicano excluyó alrededor de 700 artículos brasileños de la tributación. De estos, recordó el diario paulista ‘Folha’, 565 están relacionados con el sector aeronáutico y 76 con el petróleo, el carbón, el gas natural y sus derivados. «Entre los alimentos, solo se salvaron las nueces de Brasil y la pulpa y el zumo de naranja». El café y la carne quedaron fuera de la lista de excepciones. Esos productos son consumidos a granel por los norteamericanos. La ministra de Planificación, Simone Tebet, pensó que la Casa Blanca reconsideraría el gravamen en esos casos y se abriría una puerta a las negociaciones. Eso no ha ocurrido por el momento. El decreto que implementó los aranceles «dejó clara la motivación más política que económica al citar el nombre de Jair Bolsonaro y decir que el expresidente sufre persecución por parte de la justicia brasileña», remarcó ‘Folha’.
Impacto en el empleo
Las tarifas pueden afectar a 726.700 puestos de trabajo y a la recaudación fiscal, advirtió un estudio del Departamento de Estadística y Estudios Socioeconómicos de las centrales sindicales. Se contempla un impacto negativo del 0,37% en el PIB.
El exsecretario de Política Económica durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso sostuvo que la situación puede propiciar una mayor apertura de la economía brasileña mediante la búsqueda de nuevos mercados y la mejora de la competitividad. Recordó que Brasil solo vende a Estados Unidos el 25% de sus productos y que las exportaciones a Asia, no solo a China, «no dejan de aumentar y seguirán aumentando».
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