Muchos repartidores de las aplicaciones de comida a domicilio viven estos días otra ola de calor subidos a una bici y con una mochila a la espalda. No obstante, y a diferencia de años anteriores, la gran mayoría de ellos lidia con la actual canícula cubierto por un contrato laboral y su salud está bajo la responsabilidad del plan de prevención de riesgos de una empresa. «Glovo nos ha dado crema solar, pastillas isotónicas y unas gafas de sol… que son bastante malas, pero son algo», cuenta Javier Pérez, ‘rider’ de Glovo y portavoz de la CGT. Estos días, según explica este mensajero, pese a las altas temperaturas, la empresa no les facilita, por ejemplo, botellas de agua y les encomienda a pedirla en los restaurantes mientras aguardan pedidos.
La ‘ley Rider‘ cumple este martes cuatro años y al menos el 68,5% de entregas las reparten, por primera vez en la historia, mensajeros asalariados. Tras casi un lustro en vigor, la norma diseñada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cumplido con su cometido y Glovo, la principal empresa del sector con más de la mitad de cuota de mercado, ha dejado de repartir con falsos autónomos. Pese a ello, las plataformas digitales siguen inmersas en causas judiciales e inspecciones laborales.
El consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, continúa pendiente de una investigación penal que se alarga ya más de ocho meses y que superará más que probablemente el año antes de saber si es acusado o no de un delito contra los derechos de los trabajadores. Uno de sus principales competidores, Uber, está siendo investigado por la Inspección de Trabajo, que hasta ahora se había centrado en las mochilas amarillas. Just Eat ha perdido su primer asalto en la demanda millonaria contra Glovo y miles de repartidores se disponen a votar por primera vez para escoger a sus representantes.
«Durante los últimos años nos hemos pasado más tiempo hablando de las malas prácticas que se cometían o no en el sector en vez de cómo podemos ampliarlo», afirma un directivo de uno de los grandes operadores de comida a domicilio en España. Parece improbable que las polémicas laborales y las guerras entre aplicaciones desaparezcan a corto plazo, pero una vez el principal actor del ‘delivery’, Glovo, ha abandonado su modelo de ‘riders‘ autónomos, el sector entra en otra fase.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsó la conocida como ‘ley Rider’ para mejorar las condiciones laborales de decenas de miles de mensajeros que llevan y traen hamburguesas, sushi y pizzas. ¿Están hoy mejor, laboralmente, que hace cuatro años? «Sí, aunque depende de a quien le preguntes. Los ‘riders’ tienen más derechos, pero también menos ingresos. Y aquellas personas sin permiso de trabajo que repartían alquilando cuentas se han quedado excluidas de las regularizaciones y han perdido su fuente de ingresos», afirma la portavoz y cofundadora de la plataforma sindical RidersxDerechos, Núria Soto.
Soto ha vivido de primera mano la eclosión y consolidación de las aplicaciones de reparto de comida a domicilio. Fue una de las organizadoras de la primera huelga de ‘riders’ en España, en 2017, y contra Deliveroo -una aplicación que dejó de operar en 2021, poco antes de la entrada en vigor de la ‘ley Rider’-. «Para mí el cambio de modelo de Glovo no ha sido tanto por la ‘ley Rider’, sino por la causa penal», opina. A finales de 2022, cuando Glovo todavía persistía en su pulso contra la norma, el Ministerio de Trabajo promovió una reforma legislativa para tipificar como delito el empleo reiterado de falsos autónomos. En diciembre de 2024 el consejero delegado de Glovo declaró ante una jueza de Barcelona en una investigación que este próximo noviembre tiene previstas nuevas comparecencias, según explican fuentes conocedoras. Hasta que no finalice la fase de instrucción, la magistrada a cargo no decidirá si hay base suficiente o no para acusar a Pierre de un delito.
Uber, investigada
Hoy Glovo y Just Eat operan únicamente con repartidores contratados, directa o indirectamente; mientras que Uber es la única aplicación que persiste operando, parcialmente, con autónomos. Por lo que está siendo investigada por la Inspección de Trabajo. Después de que durante años Glovo haya copado los esfuerzos fiscalizadores de la autoridad laboral, que ha destinado a decenas de agentes y una unidad específica para demostrar que los repartidores que llevaban una mochila amarilla eran falsos autónomos, Trabajo ha decidido que ahora es el turno de Uber. No obstante, el dictamen sobre si opera o no conforme a la legalidad -y las potenciales sanciones- pueden tardar meses sino años en llegar. Antes de la aprobación de la ‘ley Rider’, Uber ya fue sancionada por emplear falsos autónomos, tal como avanzó El Periódico de Catalunya..
Mientras Glovo va acomodándose al corsé legal que implica, como para la gran mayoría de empresas de otros sectores, operar con asalariados. Desde que el 1 de julio culminara su transición y abandonara definitivamente el modelo autónomo, las quejas entre sus ‘riders’ se han ido sucediendo. «Caos«, hasta cuatro pedidos asignados de forma simultánea y cambios de turno sin apenas anticipación son algunas de las quejas que transmiten varios mensajeros contactados por este medio. Recientemente, esos mismos repartidores explican que Glovo ha ido endureciendo su política disciplinaria y aplicando sanciones de manera «indiscriminada«, guiándose únicamente por los datos del algoritmo y sin verificar si realmente el mensajero se ausentó o no de su ruta.
Para tratar de ordenar y encauzar esos conflictos, los sindicatos se disponen a promover una ola de elecciones sindicales a la vuelta del verano. Decenas de miles de repartidores de Glovo, como en su día lo hicieron los de Just Eat -que hace años que opera con asalariados- escogerán a sus representantes. Este pasado viernes estaba previsto que los repartidores de Pamplona fueran los primeros en votar a sus representantes sindicales, si bien un conflicto legal ha pospuesto un mes los comicios.
Suscríbete para seguir leyendo
