La Associació Prosocial, que aglutina a unos 300 profesionales del ámbito social en Mallorca, ha denunciado este martes ante el palacio de Marivent que laasignación del Govern de Baleares a la residencia estival de lafamilia real haya aumentado este año de 1,5 a 1,7 millones de euros, mientras que el presupuesto para cubrir el subsidio a las familias desfavorecidas se haya reducido de 5,1 a 2,8 millones de euros, según ha expuesto el portavoz de la entidad Pau Alomar.
Durante la protesta, cuatro activistas han desplegado una pancarta en las puertas del palacio, argumentando que los fondos destinados a Marivent equivalen al coste de la renta mínima de integración de 340 familias durante un año. De inmediato, han salido del recinto cuatro guardias civiles que, al ver los medios de comunicación, han optado por retirarse y seguir la protesta desde la distancia.
«Con esta denuncia mostramos que la cuestión no es si hay o no dinero, sino encómo se distribuye este dinero:¿en limpiar alfombras y cuberterías o en dar una última y muy limitada oportunidad?», ha planteado este colectivo, muy crítico con las prioridades del Ejecutivo deJosé Ramón Bauzá, al que han acusado de atacar lo público, solidario y universal conrecortes sociales, educativos y sanitarios y de apostar por la iniciativa privada. La renta mínima de integración es un subsidio de 400 euros que reciben en Baleares 4.088 personas especialmente vulnerables o que se encuentran en situación de exclusión social.
Recurso por la subida salarial
El este contexto de dificultad económica, el Govern de Bauzá ha recurrido la orden judicial que le ordenó paralizar la subida salarial que aprobó para su equipo nada más llegar al poder y que en algunos casos llega al 21%. «Todo el personal, funcionarios directivos o eventuales han de soportar bajo el mismo criterio los efectos de la crisis», resolvió el auto ahora recurrido por la comunidad autónoma. Bauzá insiste en que ha reducido el número de altos cargos y, al ser menos, trabajan más y deben ser compensados.
El sindicato UGT, que interpuso la demanda, recuerda que los funcionarios han visto ampliada su jornada y soportan más carga de trabajo por el despido de interinos, sin cobrar ni un euro más.
