La Fiscalía de Madrid ha pedido la imputación de la exmilitante socialista Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset por «intento de soborno» de los fiscales de Anticorrupción José Grinda e Ignacio Stampa, según consta en un decreto de 17 de julio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El fiscal hace esta petición tras analizar las denuncias de ambos funcionarios públicos.
El contenido de la grabación de una conversación que mantuvieron Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y los empresarios investigados en dos casos diferentes en la Audiencia Nacional Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn pone de manifiesto su interés en buscar información comprometedora contra el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, pero también contra el fiscal José Grinda, responsable de la acusación contra Pérez Dolset en la Audiencia Nacional.
«Una primera valoración de los hechos permite inferir indiciariamente que [José Grinda] ha sido víctima de un intento de soborno, un delito de cohecho, que conoce directamente por la mediación de P.R.C. -quien da el mensaje y le trasmite que los inspiradores del mismo esperan una respuesta- y se menciona a su vez que la valedora de la operación es Leire Díez», destaca el fiscal, que después completa que en el caso de Stampa, que fue uno de los dos fiscales del caso Villarejo, cabe concluir igualmente «una conexión con el caso anterior. En esta denuncia el intento de soborno indiciariamente apunta a Leire Díez y a Javier Pérez Dolset«, dice.
Denuncia el 27 de febrero
El fiscal Grinda presentó el 27 de febrero una denuncia en la que relata que el periodista P.R.C. «le entregó un papel que luego le quitó, pidiéndole que solo lo leyera. En él se decía que si facilitaba secretos supuestamente comprometedores de su jefe [Alejandro Luzón] y si archivaba siete causas (Caso Pujol, Draco, Caso 3% Sumarroca y otros, Aguas de Girona, ZED Worldwide, Banca Privada de Andorra y Caranjuez), y explicaba el origen de la investigación de Sandro Rosell, así como sus visitas al CNI; si hacia todo esto, se le daría un destino en el extranjero y se le resarciría de una demanda civil de contenido económico que actualmente pesa sobre el denunciante. Se añadía que este acuerdo ‘estaría avalado por las más altas instituciones o personas del Estado«, dice el escrito del ministerio público madrileño.
Al ampliar su declaración el 26 de junio, tras reabrirse las diligencias en la Fiscalía madrileña, Grinda «añadió nuevas circunstancias sobre los hechos». Y la más relevante fue que cuando le preguntó a la persona que actuó como intermediario «por el origen del papel con la oferta de soborno», este le contestó que no se lo podía decir, pero que sí le podía apuntar que «provenía de altas personalidades del Estado». Por este motivo, Grinda consideró que se estaba refiriendo a Leire Díez, y que le trataban de tender «una trampa».
El 3 de junio
En el caso de Stampa, este fiscal dirigió un correo a la fiscal Superior de la Comunidad de Madrid el 3 de junio, siete días después de conocerse la grabación publicada en la prensa en la que aparecen Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset tratando de conseguir información sobre el jefe de la UCO, Antonio Balas, y el fiscal Grinda, en la que relata que el 7 de mayo de 2025, «tras ser citado a través de un tercero» asistió «a una reunión con Leire Díez y Javier Pérez Dolset (investigado en la Audiencia Nacional) con la excusa de transmitirle disculpas de instancias gubernamentales por el trato que se le dio en su última etapa en la Fiscalía Anticorrupción. En dicha reunión le pidieron información sobre investigaciones sensibles de la Fiscalía, así como sobre supuestas irregularidades de varios funcionarios públicos», dice de forma literal el decreto.
A cambio, prosigue el decreto de la Fiscalía de Madrid, le ofrecieron darle «satisfacción en sus recursos frente al Ministerio de Justicia, actualmente en litigio. Con fecha 10 de junio de 2025 el fiscal denunciante ratificó su escrito y puso a disposición de la investigación la grabación de las conversaciones cuando fuera requerido», prosigue el escrito, que la denuncia de Ignacio Stampa «deja indicios de un posible intento de soborno promovido por Leire Díez y Javier Pérez Dolset, al pedirle a este fiscal información sobre asuntos delicados de Anticorrupción y ofreciéndole a cambio ayuda supuestamente gubernamental en los litigios en curso que dicho fiscal mantiene con el Misterio de Justicia en razón a un destino anterior» en Anticorrupción.
El juez Zamarriego
Al tener conocimiento de que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ya había citado a la que también fuera teniente alcalde socialista en Vega de Pas (Cantabria) Leire Díez como investigada el próximo 11 de noviembre, el fiscal de Madrid frenó sus pesquisas para remitirlas al magistrado, que también ha citado como testigos al abogado Jacobo Teijelo, uno de los dos letrados de Santos Cerdán, y al empresario Javier Pérez Dolset. También está citado ese día el comandante de la Guardia Civil Rubén Villaba, imputado en el caso Koldo, con el que también se reunió la exmilitante socialista.
En el decreto, el fiscal de Madrid no solo pide la imputación de Leire Díez, Pérez Dolset y el periodista P.R.C., sino que también requiere al fiscal Stampa que aporte «la grabación de las conversaciones mantenidas […], así como la trascripción que, en su caso, haya realizado de las mismas, sin perjuicio de que se encargue su cotejo a la Policía Judicial».
Sin embargo, fuentes jurídicas explican a esta redacción que el juez Zamarriego no ha apreciado la conexión de los hechos denunciados por ambos fiscales con su causa, y rechazará asumir estas pesquisas, que serían asignadas de nuevo a otro instructor.
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid también abrió diligencias el 9 de mayo por un delito de revelación de secretos al recibir otra denuncia que presentó el fiscal José Grinda tras detectar la difusión de información de carácter privado.
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