El Gobierno no se plantea la posibilidad de cogestionar los aeropuertos de Baleares con el Ejecutivo autonómico y ha considerado «un poquito de trampa» señalar a las infraestructuras gestionadas por Aena como las causantes de la masificación turística.
Lo ha dicho en una entrevista concedido a Europa Press el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, quien ha considerado que la petición del Govern pretende hacer ver que el causante de la saturación es el Ejecutivo central.
«Me da la sensación de que esa mirada hacia Aena y estas peticiones vienen un poco a decir que la culpa de la masificación turística no es suya, sino del Gobierno de Pedro Sánchez«, ha señalado.
Fue precisamente Sánchez quien, tras su reunión con Prohens en su reciente visita a Palma, dejó entrever que la posibilidad de compartir la gestión aeroportuaria era remota, pese a que es un asunto que ha generado cierto consenso a derecha e izquierda en el archipiélago.
«Lo que le he dicho a la presidenta no ha sido cogestión», contestó Sánchez cuando una periodista mencionó la palabra en una de sus preguntas. Una respuesta algo ambigua que Rodríguez ha aclarado: «Lo que dijo el presidente del Gobierno es que eso no estaba sobre la mesa».
El delegado del Gobierno, además, ha deslizado su sospecha de que la cogestión reclamada por Baleares busca, de alguna manera, señalar a los aeropuertos como los causantes de la masificación turística y como una herramienta de control de los flujos.
«Prohens, con este tema de la masificación, ha socializado los problemas pero no ha liderado ni una sola solución», ha recriminado Rodríguez. Lejos de perseverar en esa estrategia, ha propuesto, la presidenta autonómica debería evitar que la oferta turística siga creciendo.
Algo, a su parecer, que no está sucediendo con un Pacto por la Sostenibilidad que «parece de cartón piedra»; un decreto de contención turística que «deja que 90.000 plazas de alquiler vacacional puedan venderse en vez de ir decayendo»; y una ley de obtención de suelo que «acaba con la vivienda de protección oficial» y generará «pingües beneficios a los promotores».
SE PODRÁ ESTUDIAR LA LIMITACIÓN DE LOS ‘SLOTS’
El presidente del Gobierno sí que se abrió a reforzar los comités de coordinación autonómicos con Baleares como una manera de impulsar su participación en la toma de decisiones sobre la gestión aeroportuaria.
Rodríguez ha defendido que este foro sirve precisamente para «poner propuestas sobre la mesa y discutirlas con números objetivos», como podría ser el planteamiento del Govern de limitar el número de ‘slots’, los permisos que reciben las aerolíneas para operar.
Preguntado al respecto, ha llamado a analizar las consecuencias que podría tener una medida que cree podría afectar también a los residentes. «Si yo reduzco de manera abrupta la capacidad de asientos a lo mejor encarezco los precios y resulta que dificulto el viaje al propio residente. Quiero decir que hay que estudiarlo bien y que justamente esas mesas de coordinación tienen que ser para eso», ha dicho.
El delegado del Gobierno, en cualquier caso, ha puesto en foco en la necesidad de no permitir que siga creciendo la demanda. «Estamos en un momento en que lo que hay que hacer es controlarla, porque tenemos una capacidad de carga limitada en un territorio que no debemos desbordar. Pero no quiero caer en lo que para mi es un poquito de trampa, que es decir que la culpa de la masificación turística es la puerta de entrada», ha zanjado.
«POSITIVO» SOBRE EL PLUS DE INSULARIDAD
Después de que el Govern pactara con los sindicatos incrementar el plus de insularidad a los funcionarios autonómicos, los de la administración general del Estado intensificaron sus demandas para evitar lo que consideraban un agravio comparativo.
Rodríguez, ha asegurado, se ha reunido en varias ocasiones con la plataforma Insularidad Digna y otros representantes sindicales y les ha trasladado su voluntad de que pueda actualizarse la indemnización por residencia que perciben.
«Hemos trasladado esta petición en diversas reuniones con distintos ministerios, del mismo modo que hemos trasladado con números que creemos que ayudaría a no solo dignificar la función pública en Baleares sino también a fidelizarla», ha apuntado.
El resultado de esos encuentros con los ministerios, ha concedido, «apuntan en un sentido positivo» pese a que todavía «no hay nada cerrado». «Hace ya unos meses se abandonó la idea del presupuesto de 2025 y se encaró el de 2026 y hay que ver si en esas negociaciones se consigue que contemple este incremento para la función pública en Baleares«, ha indicado.
ES «FALSO» QUE FALTEN POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES
Uno de los colectivos de funcionarios que más ha acusado las dificultades inherentes a vivir en Baleares –y que desde el Gobierno están trabajando para paliar mediante la construcción de viviendas específicamente para ellos– es el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Aunque desde los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han venido alertando de que la insularidad trae consigo una falta de efectivos, el delegado del Gobierno ha negado que se estén perdiendo agentes.
«Es que eso es falso, no estamos perdiendo efectivos. Estamos recuperándolos y ganando año a año. Cuando se perdieron fue en la época de Rajoy, más de 13.000 en toda España, y con Pedro Sánchez estamos remontando y ya vamos por más de 15.000», ha reivindicado.
Como ejemplo ha puesto la reciente incorporación de 79 nuevos agentes de la Policía Nacional –un incremento de la plantilla del 4%– o el previsto aumento –aunque todavía sin cuantificar– en la Guardia Civil a finales de septiembre.
«La población de Baleares ha crecido casi un 20% en 15 años y por lo tanto hay que redimensionar las plantillas. Lo que hace el Gobierno es incrementarlas año a año y debemos seguir pidiendo que se sigan incrementando, de eso no cabe ninguna duda», ha subrayado.
La construcción de las viviendas para policías y guardias civiles previstas en Ibiza y Santa Eulària, ha asegurado Rodríguez, se considerarán infraestructuras «urgentes» y podrían estar listas «como muy tarde» en cuatro años.
LLAMADA AL «CONSENSO» EN MATERIA DE VIVIENDA
El delegado del Gobierno ha considerado «incomprensible» que Prohens no aplique la ley estatal de vivienda para limitar los precios del alquiler y tratar de suavizar la crisis habitacional en Baleares.
«Lo están haciendo ya municipios de Galicia, lo está haciendo A Coruña, lo está haciendo ya bajo un gobierno autonómico del PP. ¿Por qué no lo hacen aquí? ¿Cuál es el motivo? Para mi es inexplicable», se ha preguntado.
Esta y otras negativas a alinearse con el Gobierno en materia de vivienda, ha sostenido Rodríguez, se explican porque la presidenta autonómica «está subordinando las políticas del PP a los intereses de la comunidad balear».
Por contra, la apuesta del Govern para paliar la crisis de la vivienda ha sido, entre otras medidas, la puesta en marcha la ley de obtención de suelo, que permitirá levantar alrededor de 20.000 viviendas solo en Palma. Preguntado acerca de la posibilidad de que la disparidad de recetas entre administraciones lleve a una situación de bloqueo, Rodríguez ha hecho un llamamiento al entendimiento.
«Si hay algo que hoy debería conquistar el consenso y el acuerdo de todos para mejorar la vida de la ciudadanía es arreglar el tema de la vivienda, y para eso hay que ponerse como objetivo posibilitar vivienda a quien la necesita, no generar ocasiones de negocio a los promotores», ha concluido.
