Un niño de 12 años de edad agredió sexualmente a otro de 5 en un municipio de la Comarca Oriental, en la Región de Murcia, cuyo nombre omite este diario, para preservar la intimidad de los menores. La víctima tiene un trastorno del espectro autista (TEA).
Cuando se produjeron los hechos, víctima y agresor residían con sus respectivas familias en domicilios cercanos: eran vecinos. La Justicia considera probada al menos una agresión sexual, con penetración, que tuvo lugar en la vivienda del menor de 12 años, donde la madre del pequeño de 5 lo dejaba, en ocasiones, puesto que los niños eran amigos y jugaban juntos. La progenitora de la víctima, cuando denunció los hechos en el cuartel de la Guardia Civil, refirió que su hijo le contó que el vecino llevaba tiempo obligándolo a realizarle felaciones.
La víctima contó que su agresor le dijo que le daría todos sus juguetes si accedía a lo que le había pedido
Al tener el agresor menos de 14 años, se trata de una persona inimputable, lo cual implica que no puede ser juzgado ni sancionado con penas previstas en el Código Penal. Así lo establece la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores en España. Esta normativa establece que un niño que no ha cumplido los 14 carece de madurez para comprender la ilicitud de sus actos, por lo cual no puede ser sometido a un proceso penal.
Lo que establece la norma es que los padres del pequeño inimputable son responsables directos de lo que ha hecho su hijo. En este caso, el asunto se judicializó y los progenitores respondieron a nivel civil: la titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 11 de Murcia los condenó, en una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, a indemnizar al agredido con 18.000 euros «por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los abusos sexuales de los que fue objeto», se lee en la resolución. La familia recurrió ante la Audiencia Provincial, tribunal que elevó la indemnización a 25.000 euros.
El procedimiento que ahora tiene sentencia arrancó en 2018, con la denuncia de la madre, tras la cual se incoaron diligencias previas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Murcia, que mandó la causa a la Fiscalía de Menores. El Ministerio Público archivó el caso, al ser el acusado una persona inimputable, y puso el asunto en conocimiento del departamento responsable de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma.
Una psicóloga indicó en el juicio que el afectado dibujaba a su atacante como si fuese un monstruo
La entonces denominada Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno regional (actualmente Consejería de Política Social) derivó el caso a Proyecto Luz, un recurso especializado que ofrece la Comunidad para atender a menores sobre los que hay sospechas de que fueron víctimas de abuso sexual infantil.
Relato creíble
Los psicólogos de este servicio emitieron un informe en el que apuntaron que el relato del niño era creíble, determinaron que había sufrido abusos y acordaron que tenía que seguir en tratamiento.
Los padres del agresor, por su parte, negaron la existencia de los abusos y aseguraron que su hijo no había hecho nada.
Según relató la víctima, y consta en el informe emitido por el psicólogo de Proyecto Luz (documento en el que se apoya la magistrada para dictar sentencia), el día de la violación que se considera probada él estaba esperando a su amigo, en el pasillo de la casa de este, para ir juntos a jugar con el balón. Entonces el vecino salió del baño, desnudo, y le instó, con un lenguaje soez, a que le hiciese una felación. La víctima contó que en ese momento dudó sobre cómo tenía que comportarse, expresó que sintió mucho asco y que su agresor le dijo que, si seguía, le daría todos sus juguetes.
El niño (que ahora tiene estrés postraumático grave) echó a correr hasta su casa, donde confesó a su madre lo que le acababa de pasar. El informe del psicólogo, que ratificó en el juicio lo que había concluido, subraya que el relato cumplía «criterios de credibilidad» y apunta que «es un episodio único que cuenta tras sucederle».
«Tenía miedo»
No obstante, en la vista oral este perito precisó que «era posible», como sostuvo la madre de la víctima en su denuncia, que hubiese habido más violaciones y el pequeño solo contase una de ellas.
El experto también dejó claro que el diagnóstico de TEA del niño no cambia el resultado de su informe ni la metodología aplicada.
Otra psicóloga de Proyecto Luz que atendió al afectado declaró en el juicio que el niño dibujaba un monstruo, al que identificaba con su atacante. Añade que la víctima «tenía miedo, hablaba de un monstruo y de las circunstancias generadas en el vecindario».
La jueza valora los informes de estos «testigos-peritos cualificados» y destaca que «no se aprecia ningún móvil espurio» en la denuncia de la madre. «Todo ello determina la responsabilidad solidaria que alcanza a los padres del menor, al no haberse acreditado de ningún modo que hubiesen empleado toda la diligencia de buenos padres de familia para prevenir el daño», resalta.
Insiste en que es «responsabilidad de los progenitores» el educar y formar a su hijo, por lo cual los condena.
