El Estado prevé abrir el próximo mes de septiembre el expediente para declarar el pazo de Meirás y la isla de San Simón lugares de memoria democrática y hacer realidad una antigua demanda de los colectivos memorialistas. El Gobierno anunció la inminente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado después de la alarma suscitada este jueves por la supresión de los actos para oficializar esta distinción, incluida en el programa España en libertad. 50 años.
La cancelación de los actos previstos en agosto y su sustitución por otros para distinguir como lugares de memoria otros espacios fuera de Galicia llevó a la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica a emitir un comunicado, suscrito por todos los colectivos englobados en Iniciativa Galega pola Memoria, para exigir una explicación por lo que consideraban una «falta de respeto al asociacionismo memorialista gallego».
En respuesta, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aclaró que «el hecho de que no esté en los actos de agosto no significa que no se vaya a hacer». «De hecho, los expedientes se incoarán en septiembre», explicaron fuentes del departamento estatal. La declaración de As Torres de Meirás como lugar de memoria se produce después de que la Justicia diese la razón al Estado en su acción reivindicatoria y declarase la antigua residencia estival del dictador Francisco Franco patrimonio público. La sentencia, todavía pendiente de confirmación por el Supremo, fue celebrada por todo el movimiento memorialista, que en julio de 2024 reclamó formalmente la declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria democrática. La solicitud fue realizada por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, que recuerda que, por ley, el Estado dispone de un plazo de 12 meses para la incoación del expediente y otros doce para su resolución.
La declaración de lugar de memoria es más que una distinción; supondrá en la práctica dotar al pazo de Meirás de «una función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora» y establecer «un régimen de protección y usos compatibles».
Los colectivos memorialistas fían en este reconocimiento la subsanación de ciertas anomalías, como el carácter limitado de los itinerarios, restringidos prácticamente al exterior y en los que solo se les permite a los visitantes asomarse al hall y la capilla.
