Canarias quiere evitar el efecto dominó. El pasado martes, el Estado confirmó al Ejecutivo autonómico –en la última reunión bilateral– que el lunes comienza el traslado a la Península de los menores migrantes con protección internacional y que Madrid queda oficialmente fuera del reparto. Esta exclusión de última hora, motivada por el rechazo que la comunidad gobernada por la popular Isabel Díaz Ayuso ha mostrado hacia el proceso de acogida de los jóvenes, ha llevado al Gobierno canario a poner sobre la mesa –una vez más– la necesidad de ampliar los recursos para que las comunidades autónomas no se vean tentadas a seguir el ejemplo de la capital y puedan abordar la atención a los menores asilados de «forma adecuada» y sin nuevos bloqueos.
«El Estado ha fallado. No se ha esforzado en poner las herramientas y los recursos necesarios para que las comunidades puedan atender a los niños. No puedes solo darles recursos para tres meses», afirma la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, quien asegura que muchas regiones ya están haciendo un «sobreesfuerzo» en sus sistemas de protección porque cuando las comunidades asumieron la competencia en 1997 nunca se planteó una situación de crisis como la actual. El Estado asume esta responsabilidad tras varios autos del Tribunal Supremo que le obligan a hacerse cargo de estos menores. «Sí se quiere dar una solución integral al problema, toca que el Estado dé una muestra más de apoyo y respaldo», insistió.
Dudas
El Ejecutivo canario conoce de primera mano lo que significa hacer frente al gasto que supone la atención de los menores migrantes y entiende que el resto de comunidades, al ver el ejemplo del Archipiélago, tengan dudas vinculadas a la financiación. «El año pasado se nos prometieron 100 millones de euros y solo llegaron 50. Este año ya se está acabando y no hemos recibido nada más», recuerda Rodríguez, quien asegura que también desconoce cuándo llegará la partida de 8,5 millones de euros prometida en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebró a finales del mes de junio.
Y el dinero no es la única traba que aprecian desde el Gobierno de Canarias. Rodríguez considera esencial la declaración de contingencia migratoria extraordinaria en las comunidades para poder agilizar, como ha ocurrido en Canarias, los trámites vinculados a la atención de los menores migrantes. Este paso en el Archipiélago ha permitido al Estado abrir el ‘Canarias 50’ como centro de tránsito, poner recursos para las obras, contratar a la entidad Engloba que se encarga de la gestión, entre otros asuntos. «El Estado es consciente de que la legislación no es ágil para la apertura de recursos, lo que tampoco está ayudando al resto de comunidades», reconoce la directora de Infancia, quien insiste en que no se está dando una «respuesta ágil».
El próximo lunes, con el traslado de los ocho primeros menores, se materializa un compromiso por el que Canarias lleva meses peleando en solitario. Y en este punto, Rodríguez quiere alejarse de cualquier «batalla política». «Toca tener altura de miras, tanto el Estado como las comunidades. Los menores están en España y hay que darles una respuesta» subraya.
«Canarias sigue sola»
Lo que tiene claro el Ejecutivo autonómico es que el trabajo no ha terminado y que Canarias, en este punto del proceso, «sigue estando sola». Eso sí, Rodríguez aclara que no le tiene «miedo a nada», ni siquiera a un posible efecto dominó entre las comunidades tras la exclusión de Madrid en el reparto. «Seguiremos batallando cualquier situación que se produzca», apunta. La directora del área recuerda que se trata de menores a los que, como consecuencia de la globalización en el mundo de la comunicación, les llega mucha información que les puede generar «incertidumbre».
Madrid ha quedado fuera del reparto de menores con protección internacional como consecuencia de los problemas surgidos con el centro de Pozuelo de Alarcón. El pasado jueves se notificó el cierre cautelar del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) con la excusa de que los servicios de inspección revisaron la licencia actual y detectaron que la misma se incumple. «Lo que nos trasladan es que Madrid está descartada del reparto de los chicos solicitantes de asilo», afirma Rodríguez, quien aclara que la comunidad sí que tendrá que hacerse cargo de los menores migrantes cuya atención es obligatoria según la modificación de la ley de extranjería.
Desde el Gobierno central, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, reiteró ayer que «no va a haber excepcionalidad» en el reparto de menores migrantes entre comunidades, insistiendo en que se trata de una «solidaridad obligatoria» recogida en la ley. Saiz defendió que el Ejecutivo está cumpliendo «de forma exquisita y escrupulosa»los autos del Tribunal Supremo, y recordó que ya se han habilitado 1.200 plazas específicas, además de una partida de 40 millones de euros. También apeló al compromiso autonómico para no incurrir en una «insumisión» legal, subrayando que los menores procedentes de Canarias presentan una especial vulnerabilidad, al ser en su mayoría niños que huyen de persecuciones en países como Mali.
