El Gobierno valenciano acordó este martes recurrir ante el Tribunal Supremo el desarrollo del Real Decreto-Ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados en España aprobado por el Ejecutivo central.
Una distribución por la que la Comunitat Valenciana recibirá un total de 571 menores de los más de 4.000 que se encuentran actualmente en Canarias y que el Ejecutivo planea repartir entre las diferentes autonomías, con excepción de Cataluña y País Vasco.
Para el Consell de Carlos Mazón, el reparto es «discrecional«, se ha resuelto «sin negociarse con las comunidades autónomas, de forma unilateral» y, además, «invade competencias autonómicas«. Y, por ello, el Ejecutivo autonómico ha decidido ir más allá del recurso de inconstitucionalidad que ya presentó en abril.
Ahora, la intención es que el Supremo acabe dándoles la razón, pues según la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, hay más motivos para tumbar la norma: no viene acompañada de una financiación suficiente que garantice la calidad en los cuidados a estos menores.
Según las cifras aportadas por la también consellera de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España va a otorgar 7,4 millones de euros a la administración autonómica durante los tres primeros meses de estancia de los menores para subsanar los gastos que sus cuidados ocasionen.
Sin embargo, para el Gobierno de Mazón la cifra es una infrafinanciación en toda regla. «El presupuesto del Ejecutivo supone destinar 35 euros al día por menor, frente a los 218 euros que destina el sistema valenciano por día y usuario«, expuso Camarero.
Con todo, la cifra queda «lejos» de los 45,5 millones que, explicó, necesitaría la Generalitat para «mantener la calidad del servicio y la dignidad de los menores». «Rompe el principio de autonomía financiera, ya que no aporta los recursos necesarios para atender a los gastos que conllevan estos menores», subrayó.
Nuevo frente judicial
El recurso contencioso-administrativo anunciado ahora -compatible con el interpuesto hace unos meses ante el Constitucional junto a otras autonomías gobernadas por el PP y Castilla -La Mancha– supone un nuevo frente judicial entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Pedro Sánchez.
Además de no haber sido negociado, para el Consell no está «justificado» y supone «una infracción del orden constitucional de distribución de competencias e injerencia en las de la Generalitat en materia del sistema de protección de menores».
La vicepresidenta defendió la «coherencia» de presentar los dos recursos mencionados, dado que «el origen está viciado«. Y advirtió que «cada paso que dé el Gobierno» en esta cuestión, el Consell «la va a recurrir«.
«Cada acto administrativo que complemente o que vaya desarrollando el primer real decreto lo vamos a ir enmendando, porque si el real decreto consideramos que está viciado, todos los actos administrativos posteriores están viciados. Cada paso que dé el Gobierno, lo vamos a recurrir», ha puntualizado.
Por «responsabilidad»
Como portavoz de la administración autonómica, Camarero también ha subrayado el estado en el que se encuentran los Servicios Sociales: «El sistema valenciano tiene una ocupación del 160% de sus plazas, y las entidades que trabajan en él ya nos han trasladado que no hay ni infraestructuras ni personal disponible«.
En esta línea, el Consell no va a tolerar que «invadan» sus competencias. «No vamos a tolerar que el Gobierno de España, debido a su incapacidad de gestionar la política migratoria, quiera ahora trasladar 4.000 menores no acompañados a la península», añadió.
«Interponemos cualquier tipo de recurso para que la amenaza del Gobierno de España no se cumpla, y no es que la Comunitat Valenciana no sea solidaria ni acogedora, recurrimos por responsabilidad«, zanjó Camarero.
Precisamente horas después del anuncio de la Generalitat, el Ejecutivo central anunció que el próximo lunes 11 de agosto dará comienzo al traslado de menores no acompañados con ocho derivaciones a la Península. Los traslados se irán sucediendo de forma semanal y comprenderá a menores de «alta vulnerabilidad«.
