La gestión de los fondos europeos destinados a la acción climática en España podría estar siendo inadecuada. Un análisis detallado sobre el destino del dinero ha revelado importantes disparidades territoriales, una inversión insuficiente en adaptación al cambio climático y serias dificultades para acceder a datos transparentes sobre su ejecución.
El estudio, realizado en el marco del proyecto ‘Life Clima 1.5’ con participación de ONG de trece países europeos, examina los dos principales instrumentos de financiación: los fondos de cohesión (2021-2027) y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (PRTR, 2021-2023).
Falta de transparencia
España ocupa una posición destacada como receptor: es el tercer mayor beneficiario de los fondos de cohesión de la Unión Europea (UE, 35.562 millones de euros) y el principal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR, 69.528 millones en transferencias no reembolsables).
Superando los mínimos comunitarios, ha asignado un 34% de los fondos de cohesión (12.505 millones) y un 39,7% del PRTR (27.590 millones) a la transición ecológica. Sin embargo, la evaluación real de su impacto climático efectivo se ve obstaculizada por la opacidad.
Distribución territorial de las ayudas FEDER a inversiones verdes. / SEO/BirdLife
«En su propuesta, España ha superado estos mínimos obligatorios que establece la UE… pero es casi imposible evaluar si verdaderamente se está cumpliendo, dada la falta de transparencia sobre cómo se computan estas asignaciones y la dificultad de un control real desde la sociedad sobre el objeto final de los fondos y de su efectividad», subraya Ana Márquez, técnica del Área de Transición Verde de SEO/BirdLife.
Tres retos principales
El informe identifica tres retos principales. En primer lugar, una marcada desigualdad territorial. En los fondos de cohesión (objetivo ‘Europa Verde’), Andalucía y Cataluña concentran cerca del 70% de las ayudas asignadas. En el PRTR, aunque la distribución es algo más variada, Andalucía, Cataluña y Madrid lideran el volumen de fondos verdes recibidos, seguidas por la Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia y Castilla y León.
En segundo lugar, persiste una baja inversión en adaptación climática y transición justa dentro de los fondos etiquetados como ‘verdes’. Los fondos de cohesión priorizan energías renovables (34,4%) y transporte limpio (23,2%), relegando la biodiversidad (9,3%) y la economía circular (10,1%). El PRTR destina la mayor parte a movilidad sostenible (35,1%) y rehabilitación de edificios (24,6%), con solo un 7,2% para biodiversidad y un 3,1% para economía circular.
Asignación del PRTR a transición verde. / SEO/BirdLife
El tercer reto es la dificultad para acceder a datos completos y comparables. Además, el ritmo de ejecución es dispar: mientras el PRTR tiene más del 78% de sus convocatorias resueltas, los fondos de cohesión para el objetivo ‘Europa Verde’ solo han distribuido un 12% de su presupuesto hasta la fecha, con un 27% ejecutado globalmente del FEDER.
Objetivo, corregir desequilibrios
Con la finalización del NGEU en 2026, la política de cohesión será crucial para alcanzar los objetivos climáticos 2030.»La experiencia del Plan de Recuperación demuestra que el seguimiento y la evaluación por parte de la sociedad civil han sido extremadamente difíciles», advierte Juan Carlos Atienza, responsable de Incidencia para la Transición Verde de SEO/BirdLife.
«Si no se corrigen estos problemas, será muy complicado garantizar que se cumplen los objetivos europeos, el PNIEC y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático», añade Atienza.
«La efectividad futura de estos fondos dependerá de una orientación estratégica que corrija desequilibrios, acelere la descarbonización y garantice una transición justa», destaca Meritxell Bennasar, coordinadora del Área de Transición Verde de SEO/BirdLife.
Importe estimado de los fondos del PRTR para inversiones verdes por categorías. / SEO / BirdLife
Movilizar inversiones públicas y privadas
«Es clave realizar una evaluación completa de las necesidades de inversión y los recursos disponibles para aplicar con éxito el PNIEC 2023-2030 actualizado y, sobre esta base, desarrollar una estrategia integral para movilizar las inversiones públicas y privadas necesarias para contribuir a los objetivos climáticos y energéticos de la UE para 2030«, indica Bennasar.
El estudio insta a la UE a mejorar el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) con objetivos más ambiciosos (50% para verde), salvaguardias reforzadas y metodologías de etiquetado que eviten el lavado verde y los subsidios encubiertos a fósiles.
