La madrugada del 27 de julio se produjo un episodio alarmante en el ya mediático cisma del monasterio de Belorado. Cinco monjas ancianas, con deterioro físico y cognitivo, fueron trasladadas a Orduña en vehículos no adaptados y sin autorización médica. “Se las llevaron en contra de su voluntad, sin avisar a nadie y con nocturnidad”, denuncia Álvaro Sáez, subdirector de contenido sociorreligioso de Ábside Media. El traslado, según el periodista, se intentó primero por la mañana, pero fue retrasado hasta la noche para evitar miradas indiscretas del vecindario.
El hecho ha desatado la alarma entre los familiares. “Se trata de monjas muy dependientes, que necesitan ayuda para todo: aseo, movilidad, cuidados básicos”, explica Sáez. “Muchas de ellas han perdido gran parte de su capacidad de raciocinio”, asegura. La gravedad del asunto se agrava al conocerse que durante las primeras horas se mintió incluso a la jueza: “Negaron el traslado en sede judicial, hasta que la Guardia Civil y la Federación de Clarisas comprobaron que efectivamente ya estaban en Orduña”, añade.
El conflicto que comenzó el 13 de mayo
Todo comenzó el 13 de mayo de 2024, cuando ocho monjas del monasterio firmaron un documento en el que anunciaban su salida de la Iglesia Católica. Rechazaban la autoridad del Papa y todo lo surgido a raíz del Concilio Vaticano II. Desde entonces, el conflicto no ha hecho más que crecer. “Es una película”, dice Sáez, recordando la aparición de un falso obispo, la actuación de un cura «coctelero» y la toma del convento por parte de las cismáticas.
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“Una cosa es que tú te quieras ir, y otra muy distinta es que secuestres a otras personas en el proceso”, afirma el periodista. La comunidad ha ocupado el monasterio ilegalmente, motivo por el cual ya existe una sentencia de desahucio. Sin embargo, trasladar a las monjas mayores a otro convento como el de Orduña podría ser una estrategia para dilatar los procesos judiciales. “Las están utilizando como escudos humanos”, denuncia Sáez. “No es lo mismo expulsar a unas monjas jóvenes que a unas ancianas en silla de ruedas”, añade.
El testimonio desesperado de los familiares
Uno de los testimonios más desgarradores es el de Jaime Torróntegui, sobrino de Sor Pureza, una de las monjas mayores afectadas. “Desde el 12 de septiembre de 2024 no puedo ver a mi tía”, relata. Hasta entonces, los sobrinos acudían regularmente al convento para visitarla y ayudarla. “Mi tía no dejaba de recibir visitas cada 15 días, y ahora no me dejan verla”, lamenta.
“Necesito que salga de ahí, aunque ya no se entere de mucho”, confiesa Jaime, visiblemente afectado. “Ella tenía muy claro qué era lo correcto y lo que significaba su vocación. Ahora está rodeada de gente que no tiene capacidad de ver la realidad como es”, añade. Jaime también pone en duda la versión de las cismáticas, que aseguran que las monjas mayores han manifestado su deseo de quedarse: “No me lo creo. Mi tía no puede tomar decisiones conscientes. No puede firmar un papel, y si le haces una pregunta inducida, probablemente te diga que sí sin entender”.
Instagram, pastelitos y argumentos inconsistentes
Frente a las acusaciones, las monjas cismáticas intentan proyectar una imagen moderna y feliz. “Se han hecho un Instagram, aparecen sonrientes, hacen pastelitos, las invitan a ferias gastronómicas…”, describe Sáez. “Pretenden ganarse la simpatía de la opinión pública mientras niegan la autoridad del Papa y reivindican un modelo de Iglesia anterior al siglo XX”.
Esta contradicción no pasa desapercibida. “No puedes decir que no reconoces el Concilio Vaticano II y luego montarte un restaurante en Arriondas como si nada”, señala el periodista. Además, se han esgrimido argumentos sanitarios para justificar que las monjas mayores no puedan ser trasladadas, pese a que fueron ellas mismas quienes las movieron de monasterio sin garantías ni autorización médica.
Otro elemento polémico es la figura del abogado que representa a las cismáticas. Se trata del hermano de Laura García Viedma, señalada como la cabecilla del grupo. Según Sáez, este abogado ahora “se atribuye una especie de poder de representación de las monjas mayores”, a pesar de que ni las religiosas ni sus familiares le han otorgado ningún poder legal.
“Ese tipo de representación debe ser ratificada por un juez, supervisada por fiscalía, y revisada cada año”, recuerda Sáez. “Aquí no hay nada de eso. Solo una apropiación interesada en medio de un proceso muy turbio”.
El caso de las monjas de Belorado se complica a medida que emergen nuevos datos. Lo que comenzó como una ruptura religiosa se ha transformado en un conflicto judicial, familiar y social, en el que mujeres ancianas con capacidades limitadas se han convertido en piezas clave de una estrategia que mezcla ocupación, propaganda y opacidad. Mientras tanto, los familiares piden que se respete la dignidad y la voluntad original de unas religiosas que hoy no pueden defenderse por sí mismas.
