La Asociación Empresarial del Transporte de Mercancías por Carreteras de Galicia (Apetamcor), que aglutina a 1.540 empresas del sector, solicitó ayer formalmente al Consejo de Ministros la revisión de oficio de la nulidad de las prórrogas de la concesión a Audasa de la AP-9.
Ambas moratorias otorgadas, vía Real Decreto, por los gobiernos de Felipe Gonzalez y José María Aznar en 1994 y 2000, respectivamente, son, en opinión del equipo jurídico que asesora a la asociación, «nulas de pleno derecho». Así lo explicó el abogado Xosé Antón Pérez Lema, que apuntó que ambos decretos conllevaron la adjudicación directa de obras y la ampliación del plazo concesional sin existir licitación pública y, por tanto, libre concurrencia.
La asociación recuerda además la existencia de jurisprudencia al respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Se trata de la sentencia del 18 de septiembre de 2019, que sancionó a Italia por una prórroga similar en la autopista A12 entre Livorno y Civitavecchia y estableció la doctrina de que una prórroga sustancial debe licitarse de nuevo en caso no encontrarse contemplada explícitamente en el contrato original.
En caso de que el Gobierno, finalmente, declare la nulidad de pleno derecho de ambas prórrogas, la infraestructura podría ser recuperada para el erario público sin necesidad de abonarle a Audasa el lucro cesante, es decir, los beneficios que dejaría de percibir hasta el fin de la concesión, lo que reduciría sensiblemente el coste de la operación. A este respecto, Xoán Antón Pérez Lema mencionó un reciente informe publicado por la Universidade da Coruña (UDC) que cifra entre 900 y 1.200 millones de euros el coste de asumir los daños y pérdidas de la concesionaria. Una cifra que se encuentra muy lejos de los 6.000 millones en los que el Ministerio de Transportes llegó a tasar el rescate de la vía de altas prestaciones, y también de los 2.356 en los que el Ejecutivo autonómico valoró la operación.
El Gobierno tiene desde el día de hoy seis meses para responder a la solicitud emitida por Apetamcor. Si en ese plazo no se comunica al respecto, se entenderá desestimada la solicitud por silencio negativo. En ese caso, la asociación se dirigiría al Tribunal Supremo mediante una cuestión prejudicial para que sea el alto tribunal el que dirima si el Ejecutivo debe admitir a trámite la solicitud.
Aunque entiende que esa negativa podría ser una forma de «ganar tiempo», Pérez Lema mostró su optimismo con respecto a que la solicitud sea admitida a trámite. De ser así, la lógica invita a pensar que el Gobierno solicitaría al Consejo de Estado un informe jurídico respecto a la legalidad de ambas prórrogas de la concesión.
Junto a la solicitud de revisión de la nulidad de ambas prórrogas, Apetamcor demanda al Gobierno la responsabilidad patrimonial por el cobro indebido de los peajes desde 2013, en caso de considerarse nulas ambas prórrogas, y desde 2020 en caso de que únicamente la sellada por José María Aznar en el 2000 obtenga la nulidad. «Teniendo en cuenta que un camión que la usa a diario tiene unos gastos de 50 euros al día, cinco días a la semana, estamos hablando de unos 12.500 euros al año. Desde 2013 podemos llegar a recuperar 150.000 euros y, lógicamente, Apetamcor va a luchar por ello», señaló Myriam Otero, secretaria general de la asociación.
Es por ello que Natalia Blanco, gerente de Apetamcor, recordó a sus asociados la necesidad de que guarden toda la documentación y facturas referentes a sus transportes a través de la AP-9.
Diferencias con Fegatramer
La pasada semana, otra asociación de la patronal del transporte por mercancías, la Federación Gallega del Transporte de Mercancías (Fegatramer), anunciaba su intención de acudir a la vía judicial para pedir al Tribunal Supremo la nulidad de ambas prórrogas. Desde Apetamcor, Natalia Blanco defendió que tomaron la decisión de dar este paso previo con la solicitud al Consejo de Ministros al entender que es «una vía más garantista para una reclamación futura que evita costes innecesarias a nuestros asociados».
El BNG acusa a Rueda de querer regalar a Audasa 1.500M de euros por el rescate
La viceportavoz del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, acusó ayer al Gobierno de Rueda de intentar inflar con casi 1.500 millones de euros más lo que habría que pagar a la empresa concesionaria por el rescate de la AP-9. La diputada nacionalista aseguró que la vía tiene que ser transferida «de inmediato» para hacerla «gallega y libre de peajes» una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal a prórroga hasta el año 2048 concedida por el Gobierno de Aznar.
Así Rodil explicó que al tratarse de un contrato ilegal —y por tanto anulable— la concesionaria Audasa no tiene derecho a la indemnización por lucro cesante, como recoge el Tribunal Supremo en una sentencia dictada en 2022. De este modo, recordando el informe emitido por la Universidade da Coruña (UDC) que cifró el valor de mercado de la vía en 904 millones de euros, Rodil acusó a Rueda de «defender los intereses de la concesionaria» y de hacer de «comercial de la empresa», en lugar de ejercer de «presidente de la Xunta».
