La exsecretaria autonómica con el Botànic, Zulima Pérez, asumirá a finales de este mes la responsabilidad del comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana en un clima de alto voltaje político y con varios asuntos pendientes. Lo hará tras la dimisión de su antecesor, José María Ángel, por el caso del título falso de diplomado y las sospechas de la Agencia Antifraude respecto al acceso a su plaza de funcionario. Dentros de sus tareas de coordinación interministerial y gestiones con el territorio, aparecen tres tareas inmediatas.
El funeral
Es una de las tareas más inmediatas. Según las previsiones y la voluntad de las asociaciones de víctimas, sería el propio día 29 de octubre, cuando se cumple un año de la tragedia. Esa es, al menos, la petición de las asociaciones – la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024 y la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia- y así se la hicieron llegar a los equipos en torno al predecesor de Zulima Pérez y al subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia. Ahora se pone en marcha el complejo mecanismo de cuadrar agendas oficiales. El siguiente paso es trasladar la propuesta a Casa Real y Moncloa. Serán estas dos instituciones quienes decidan sobre la fecha en función de disponibilidades y calendarios de los representantes públicos.
Sobre el espacio, una de las opciones que plantearon las asociaciones de víctimas es la del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, aunque de nuevo solo es una primera propuesta, sin que haya nada cerrado ni se descarten otros espacios. “Desgraciadamente, hay muchos familiares de víctimas”, destacaba Rosa Álvarez, presidenta de la la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, así que se necesita un espacio lo suficientemente grande para albergar a las familias.
Pero la complejidad logística del funeral de Estado no radica solo en cuadrar agendas. En el funeral, las tres asociaciones mayoritarias de víctimas y damnificados coinciden en su deseo de que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no estuviera. “Quisiéramos que no fuera Mazón, pero entendemos que tendrá que ir por protocolo”, afirma Álvarez. Como saben que no se puede evitar, sí reclamaron que todo familiar de víctimas que quiera ir pueda hacerlo, que nadie se quede sin espacio y que se limite, si se tiene que hacerlo, la presencia institucional. Aunque hasta ahora el interlocutor principal ha sido el subdelegado del gobierno, otro reto de la comisionada es evitar que se repita el malestar de los familiares de fallecidos de la dana, a los que en un primer momento nadie invitó a la misa funeral organizada por el Arzobispado de Valencia el pasado diciembre. Todo lo tocante al funeral de Estado es, en resumen, materia altamente sensible.
La comisión mixta
Se ha convertido en el ‘leitmotiv’ de Mazón estos días: reclamar al Gobierno que active un órgano de coordinación entre ambas administraciones. “En La Palma, a los once días, el Gobierno de España ya creó la comisión mixta con el Gobierno regional y aquí llevamos nueve meses sin que el Gobierno de España esté coordinándose, colaborando e incorporándose a una comisión mixta que necesitamos para acelerar porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con el Gobierno de España y necesitamos estar coordinados”, decía el jefe del Consell este viernes, un argumento que lleva varios días repitiendo.
No parece fácil pero a partir del 1 de septiembre la reclamación recaerá sobre Zulima Pérez. Desde que el vicepresidente de la Generalitat, el militar Gan Pampols, acudió a la Delegación del Gobierno y le lanzó ese guante al ministro Ángel Víctor Torres, la pregunta sigue en el aire. Fue el 30 de enero. Desde entonces, el Gobierno ha avanzado en sus planes de reconstrucción: con los ayuntamientos, a los que ha entregado una partida histórica, unos 1.700 millones, para reconstruir infraestructuras municipales. Con las víctimas, con reuniones constantes del comisionado, la delegada y hasta Pedro Sánchez, poniendo en marcha medidas como la asistencia psicológica. O a través de la CHJ, cuyos proyectos hidráulicos sí han tenido una interlocución técnica con la Generalitat.
Sánchez, sin embargo, no ha querido hacerse una foto con Mazón, lo que se entiende como una negativa a legitimarlo como ‘president’ de la reconstrucción. Sobre ese clima deberá conducirse Zulima Pérez, en un terreno donde su antecesor, conocidas sus buenas relaciones con Gan Pampols, o no pudo, o no quiso o no le dejaron, estrechar lazos con la Generalitat. Una dana, dos reconstrucciones.
La reconstrucción municipal
Es el gran problema de los alcaldes: recuperar las instalaciones de sus municipios, devolver la normalidad al alcantarillado, retornar el brillo de centros culturales, polideportivos y servicios municipales arrasados por la riada. Desde marzo, los alcaldes tienen en la cuenta corriente los 1.700 millones que el Gobierno se apresuró a movilizar, el 100 % del coste total. Pero una cosa es querer y otro poder. Los ayuntamiento están teniendo problemas técnicos para licitar estos proyectos, y la asistencia técnica y operativa de la estatal Tragsa resulta esencial. Será uno de los retos de la nueva comisionada.
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