Herrero ha defendido que la misma fue declarada de emergencia debido a «la situación de grave riesgo» en la que se encontraba.
Sin embargo, Cerdán reconoció hace un mes en el Tribunal Supremo que aceleró la adjudicación de la obra con el objetivo de que Juan Espadas, entonces alcalde, ganase de nuevo las elecciones municipales de 2019.
Así lo ha hecho en un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa y al que ha tenido acceso Europa Press, con el que el ex alto cargo de Transportes aporta un dossier relativo a esa declaración de emergencia.
La obra consistía en sustituir los tirantes del citado puente, debido a las patologías que presentaban los mismos y «en subsanación de la situación de grave peligro existente».
Estas patologías estaban objetivadas en trabajos de inspección especial y evaluación de niveles de seguridad. También que estaban suscritos por, al menos, ocho ingenieros de Caminos, Puertos y Canales, algunos de ellos funcionarios.
Todos, según Herrero, hacían referencia a «una situación de grave riesgo que era necesario mitigar de inmediato». Por tanto, actuaron guiados por el principio de «disminución del riesgo existente y en cumplimiento de su deber».
Del mismo modo, alega que «parece más que justificado el interés que podría tener, como director general de Carreteras, en que se aprobara la declaración de obra de emergencia y se ejecutara a la mayor brevedad».
Su defensa, ejercida por el abogado Jesús Mandri, hace hincapié en que una de las «funciones esenciales» de Herrero era «velar por el buen estado y seguridad de la red de carreteras del Estado».
Por ello, recuerda que poco tiempo antes se habían producido graves incidentes en los puentes de Fernando Reig (Alcoy) en 2016 y Morandi en Génova (Italia), en 2018, con 43 fallecidos en este último caso.
«El procedimiento de emergencia que se proponía era el más adecuado, por ser más rápido y flexible que el procedimiento de licitación habitual», resalta.
Además, su defensa afirma que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se equivocó en un informe porque «no se proponía la adjudicación a empresa alguna y no era una licitación«.
Del mismo modo, incide en que Herrero tenía una copia de ese dossier «por si precisamente se producía algún incidente o siniestro en el puente del Centenario de Sevilla motivado por las patologías de los tirantes».
La versión de los investigadores
Por su parte, la UCO analizó en uno de sus informes conversaciones entre los principales investigados. En ellas se aprecia que intentaban cobrar «presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública, principalmente a Acciona SA, especialmente a través de su filial Acciona Construcción SA».
Una de las obras que habría generado un «beneficio económico» para el exministro de Transportes José Luis Ábalos es la sustitución de los tirantes del puente del Centenario, unas obras contratadas en 2021 por importe inicial de 86,4 millones de euros.
La Guardia Civil destaca una conversación de noviembre de 2018 en la que se evidencia que Transportes estaba preparando esta licitación y apunta que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán «ya tenía conocimiento de la intención de licitar dicha obra y los pormenores de la misma«.
En el informe consta que en abril de 2019 Cerdán instó a «cerrar» dicha licitación al entonces asesor de Ábalos, Koldo García, quienes comentaron luego en una reunión «la presión que estaba ejerciendo Santos».
De los extractos de las grabaciones, los agentes destacan que Koldo informó de que era Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, quien «estaba bloqueando la publicación de la obra del puente del Centenario, y cómo le pidió a Ábalos que hablara con el subsecretario para desbloquear la situación».
Herrero presionó para desbloquear la obra, según las transcripciones, en un contexto de tensión con Saura, que no quería aprobar la emergencia de la obra, como declaró ante el juez el exdirector de Carreteras.
En este caso, el anuncio de licitación se publicó en septiembre de 2020. En enero de 2021, Herrero comunicó a Koldo que Acciona era «la más barata». Finalmente, obtuvo una puntuación técnica de 100 puntos.
La adjudicación se materializó el 17 de mayo, por 71 millones de euros, aunque en 2023 se amplió hasta los 102,8 millones, si bien más recientemente el presupuesto «total» ha quedado fijado en 128,7 millones, cifra esta última aportada por el Gobierno.
