El gabinete de Israel ha votado este lunes de forma unánime a favor de destituir a la fiscal general del país, Gali Baharav-Miara, según informa la prensa local. Se trata de la fiscal que investiga al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por sus tres imputaciones por presunta corrupción y una nueva muestra de la hostilidad del Gobierno contra el actual sistema judicial.
La medida solo será efectiva si la aprueba y la considera legal el Tribunal Superior de Justicia israelí pero, según el diario The Times of Israel, el Gobierno podría comenzar a limitar el poder de Baharav-Miara de inmediato, excluyéndola de foros clave y reduciendo su influencia, independientemente del fallo final del alto tribunal.
Según los medios locales, las posibilidades de que salga son escasas ya que lo más probable es que el tribunal lo anule alegando que el gobierno ha modificado las reglas judiciales de manera «sesgada» para su propio beneficio.
Desde que asumió el cargo a principios de 2022, Baharav-Miara ha protagonizado varios enfrentamientos con el Gobierno de Netanyahu tras denunciar presuntas irregularidades por parte de algunos de los ministros o por mostrar oposición a las iniciativas de reforma judicial, entre otros asuntos.
El líder hebreo la acusa de bloquear constantemente sus decisiones, nombramientos y leyes bajo argumentos políticos, no profesionales. Además, según los aliados de ultraderecha del Gobierno, la fiscal general les impide llevar a cabo su visión de un Estado judío pleno en Israel y Cisjordania.
«Es imposible aceptar una situación en la que el Tribunal (Supremo) intente imponer al gobierno un asesor legal que sea completamente político, que no confíe en ella, con quien no haya cooperación, que frustre al Gobierno y se niegue a representarlo», ha afirmado el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, en un comunicado.
Una «represalia» política de Netanyahu
La fiscal general ha enviado una carta a los ministros del gabinete en la que afirma que «a partir de ahora, el gobierno podrá destituir a cualquier fiscal general —el principal fiscal del estado— sin ningún mecanismo de supervisión, e incluso por motivos indebidos».
«Por ejemplo, en represalia por advertir sobre acciones ilegales, ordenar una investigación a un ministro, negarse a detener un proceso penal contra un miembro del gobierno o como parte de un acuerdo político», añade en este texto en referencia a las investigaciones contra Netanyahu.
Con estos mismos argumentos, el principal partido de la oposición Yesh Atid ha presentado una petición al Tribunal Superior para recurrir la medida.
“La petición afirma que la decisión se tomó en un proceso ilegal, eludiendo todos los mecanismos de revisión y pretendiendo perjudicar la independencia del fiscal general y subordinarla a una voluntad política”, afirma el partido centrista en un comunicado.
En Israel, donde no existe una Constitución escrita y el Parlamento es unicameral, la figura del fiscal general actúa como uno de los principales contrapesos al Ejecutivo, con el mandato de proteger el Estado de derecho y supervisar la actuación de los ministros.
