La revelación en redes sociales por parte del Ministro de Transportes, Oscar Puente, de las incongruencias en el historial académico de la dirigente del PP, Noelia Núñez, ha acabado provocando la dimisión de esta última. Núñez afirmaba tener un doble grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, además de estudios en Filología Inglesa, cuando nunca ha completado ninguna titulación. Inicialmente se defendió argumentando que su intención no había sido engañar y que si no había acabado sus estudios era a por las exigencias de la vida política, pero finalmente la notoriedad meditática y en redes la llevó a reconocer el engaño y a acabar renunciando a su acta de diputada en el Congreso y a la vicesecretaría de Movilización y Reto Digital del PP. Un gesto que su partido ha querido presentar como un ejercicio de ejemplaridad cuando lo ejemplar es no mentir y eso es lo que se le debe exigir a un político. Que tenga estudios, es matizable.
A menudo se cuestiona la formación de los políticos pero lo cierto es que en España, al menos en la cúspide de la profesión –diputados, ministros y consejeros autonómicos– el nivel educativo es elevado. Más del 90 por ciento, si no mienten, afirman tener titulación universitaria, y muchos de ellos son abogados, una constante que ya descubrió Max Weber hace más de un siglo. Y si tenemos en cuenta que la sociedad en su conjunto solo tiene un 28 por ciento de titulados universitarios, hay que considerar que los políticos son élite y que en su mayoría cumplen con unos requisitos formativos.
De entrada parece razonable exigir a las personas que se dedican a la cosa pública un nivel de formación elevado. No en vano su actividad nos afecta como ciudadanos ya que ellos hacen las leyes que los rigen y gestionan nuestro dinero. No obstante, esta exigencia debería depender del tipo de puesto que se ocupa y de las funciones de ese puesto ya que no es lo mismo ser diputado que ser gobernante. A estos últimos habría que exigirles una formación acorde con sus responsabilidades directivas. En cambio, los diputados son los representantes de los ciudadanos y si atendemos a algunas teorías de la representación política deberían ser un espejo fiel de la sociedad, lo que Hanna Pitkin denomina la representación descriptiva. De acuerdo con ello si en la sociedad hay muchos ciudadanos sin formación, que haya diputados así no sería algo negativo sino que aportaría legitimidad simbólica y sería una garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso a la representación.
El problema es que cuando ahora nos topamos con políticos sin estudios superiores no es porque se busque representar fielmente al electorado ni garantizar la igualdad de oportunidades sino porque esas personas han priorizado su carrera política y la han convertido en una profesión a falta de cualquier otra quedando a merced del partido. Y en muchos casos, avergonzados por ello, falsean su condición.
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