La condena de 12 años de prisión para el expresidente colombiano Álvaro Uribe —que cumplirá bajo arresto domiciliario—, sentenciado por fraude procesal y manipulación de testigos en un enrevesado caso que involucra a un grupo de paramilitares, ha echado más leña al fuego de un país profundamente polarizado en torno a la figura del exmandatario.
El que fue el principal dirigente de Colombia entre 2002 y 2010 es querido en su país por su papel clave en la lucha contra las guerrillas y la delincuencia, pero sus detractores lo señalan por las ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’) durante el conflicto armado contra las guerrillas y los presuntos vínculos que le atribuyen con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Así, la sentencia fue recibida como un jarro de agua fría entre sus más fieles seguidores, quienes rechazaron la decisión de la jueza que condenó a Uribe, Sandra Heredia, mientras que sus opositores aprovecharon la condena para atacar todavía más al expresidente y a su agrupación política.
El partido fundado por Uribe, el Centro Democrático, ya ha anunciado movilizaciones en el país para el próximo 7 de agosto, día de la independencia colombiana, en contra de la sentencia.
Independencia judicial
Las dos posiciones enfrentadas a raíz de la sentencia de Heredia han hecho que la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, hiciera un llamamiento para respetar la independencia judicial y para no estigmatizar a Sandra Heredia, la jueza que condenó a Uribe.
«Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y su legitimidad institucional«, ha advertido Marín al referirse a las reacciones políticas que han surgido tras la sentencia contra Uribe.
Marín también ha destacado que «las decisiones judiciales se pueden debatir, pero por la vía del Estado de derecho» y ha rechazado que se intente convertir el fallo en un «debate político o electoral», según EFE.
María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático y muy próxima a Uribe, considera que esta sentencia es un caso claro de «judicialización» de la política que sienta las bases para «cavar la tumba de la libertad y la democracia».
Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, tampoco ha dudado en alzar la voz para defender a Uribe.
En un mensaje de X, Valencia ha señalado que la sentencia es «claramente una persecución» que viene motivada «no por robar, no por matar, no por delinquir. Por hablar. Por oponerse. Por no arrodillarse ante el régimen».
La caída de Uribe
La expectación de los colombianos durante el proceso judicial, que todavía sigue abierto mientras Uribe agota los recursos de apelación, es máxima. No es para menos, ya que Colombia no suele ver en el banquillo a los políticos de primera línea, aunque estén implicados en casos de corrupción.
Los orígenes del caso se remontan a 2012, cuando Uribe denunció ante la Corte Suprema de Justicia al senador Iván Cepeda, que, por aquel entonces, estaba en el partido izquierdista Polo Democrático Alternativo, una coalición que incluye a la extrema izquierda, por presunta manipulación de testigos en su contra.
En aquel momento, Cepeda estaba preparando una acusación contra Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo y se entrevistó en la cárcel con antiguos líderes de estos grupos. Uribe acusaba a Cepeda de haber obligado a los paramilitares a prestar falso testimonio contra él.
Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia cerró la acusación contra Cepeda por falta de pruebas y decidió iniciarla contra Uribe.
La decisión del alto tribunal mencionaba que, gracias a varias llamadas interceptadas, descubrió que Juan Guillermo Villegas Uribe, hombre cercano al expresidente Uribe, había manipulado a varios de esos exlíderes paramilitares para involucrar a Cepeda.
El objetivo era que esos excomandantes de las AUC culparan a Cepeda de haber intentado manipular sus testimonios en contra de Uribe.
El expresidente decidió dejar su puesto como senador en 2020 y el caso pasó a manos de la justicia ordinaria, en concreto, a una Fiscalía dirigida por Francisco Barbosa, nombrado para dirigir el Ministerio Público por el entonces presidente, el uribista Iván Duque.
Su departamento pidió cerrar la investigación por falta de pruebas, pero la causa continuó abierta por la petición de los jueces implicados, que opinaban lo contrario.
Con la llegada al poder del exguerrillero izquierdista Gustavo Petro en 2024, Sandra Heredia fue la nueva encargada del proceso y la jueza que acabó condenando al expresidente Uribe en una de las tramas judiciales más mediáticas del país.
