El PP quiere aclarar si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido algún tipo de influencia sobre el Gobierno para favorecer a compañías como Huawei y para que la amenaza del espionaje chino desaparezca de los informes de Seguridad Nacional.
En una batería de preguntas registradas en el Congreso, a raíz de las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL, el PP enumera hasta cuatro nexos con el entorno de Zapatero que podrían haber permitido al régimen chino tejer una «red de influencias en las altas esferas del poder político», con el fin de favorecer en España a sus empresas satélite como Huawei, pese al veto de la Comisión Europea y de EEUU.
En primer lugar señala que Huawei ha fichado como jefe de seguridad a Segundo Martínez, que fue jefe de seguridad de la Moncloa durante la Presidencia de Zapatero.
También alude al hecho de que la tecnológica china ha recurrido a «los servicios de agencias de comunicación» como Whatfav, gestionada por las hijas del expresidente Zapatero.
Como ha informado EL ESPAÑOL, Huawei estuvo representada en Bruselas por la consultora Acento, fundada por Pepe Blanco, que fue ministro de Transportes en el Gobierno de Zapatero. No obstante, hace pocos meses dio por concluido su contrato para hacer lobby ante la UE.
Y por último recuerda que Antonio Hernando abandonó la consultora Acento para incorporarse al Gobierno de Pedro Sánchez: hoy es secretario de Estado de Telecomunicaciones, un área especialmente sensible para los intereses de Huawei.
El informe del Departamento de Seguridad de Nacional (DSN), que depende de Presidencia del Gobierno, de 2023 incluía un extenso apartado dedicado a las maniobras de los servicios de inteligencia chinos para infiltrarse en «las altas esferas de poder político» en España.
«En España», señalaba el informe, «China continúa desarrollando diversas capacidades que podrían ser empleadas para la ejecución de una estrategia híbrida. Los objetivos están enfocados a la obtención de información política, militar o científico-tecnológica, así como a la construcción de redes de influencia en las altas esferas de poder político y económico, con capacidad para ejercer presión sobre temas de especial interés o sensibilidad».
También especificaba que los «Servicios de Inteligencia (SI) de China siguen muy activos en la obtención de información sobre decisiones de la UE y de la OTAN».
Para ello, añadía el informe, «siguen captando y dirigiendo desde China a fuentes europeas próximas a los ámbitos mencionados. Por otra parte, sigue creciendo el empleo por parte de los SI chinos de agentes ‘no tradicionales’, tanto para la obtención de información, especialmente en el ámbito científico/tecnológico, como para la injerencia en decisiones de la Administración que afecten a los intereses de China«.
Y es cierto, como señala el PP en su batería de preguntas, que estas advertencias, que preocupan especialmente a la UE, han desaparecido por completo del último informe de Seguridad Nacional de 2024 (el último publicado) elaborado desde la Moncloa.
En su lugar, el informe de 2024 comenta con profusión el riesgo de escalada bélica entre China y Taiwán, la amenaza que supone el arsenal nuclear de Pekín, y la guerra comercial entre el régimen comunista y la Administración Trump, que quiere penalizar a la potencia asiática con elevados aranceles.
Pero ni una sola mención a los intentos de los servicios de inteligencia chinos de infiltrarse en las «altas esferas de poder político» en España.
En su batería de preguntas, el PP pide al Gobierno que aclare si Zapatero o «alguien de su entorno ha influido» para que desaparezcan del último informe de Seguridad Nacional estas alusiones al intento de Pekín de infiltrarse en las altas esferas de poder de España.
Los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez con la firma Huawei han provocado que los presidentes de los Comités de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes de EEUU pidieran el pasado 18 de julio a la Administración de Trump que suspenda cualquier intercambio de información sensible con España.
«Huawei tiene vínculos profundos con el Partido Comunista Chino (PCCh) y está sujeta a las leyes chinas de Inteligencia Nacional y Seguridad de Datos, que obligan a Huawei a proporcionar al PCCh acceso a cualquier información que este considere necesaria», indicaban ambos representantes en una carta dirigida a la directora de Inteligencia de la Casa Blanca, Tulsi Gabbard.
Por su parte, como viene haciendo desde hace cinco años, la Comisión Europea insistió el pasado mes de julio a sus Estados miembros en la necesidad de «restringir o excluir a Huawei de sus redes 5G«, por considerar que esta firma «representa un riesgo mucho mayor» que otros proveedores de infraestructuras móviles.
Pero el Gobierno español sigue haciendo oídos sordos a estas advertencias. Interior ha adjudicado a Huawei contratos como el que ha permitido equipar los sistemas de videoconferencia y comunicaciones de los centros de mando de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tal como informó EL ESPAÑOL este domingo,
Hace más de diez años que el Ministerio del Interior contrata con esta multinacional asiática los sistemas para almacenar escuchas telefónicas policiales autorizadas judicialmente. Estas escuchas las realizan tanto las fuerzas del orden como los servicios de inteligencia españoles.
Al respecto, el PP pregunta al Gobierno en su iniciativa parlamentaria si «la proximidad a Huawei de las personas del entorno del expresidente Zapatero podría encajar como una de las construcciones de «redes de influencias en las altas esferas de poder político'» sobre las que advertía el informe de Seguridad Nacional de 2023.
Y si las escuchas telefónicas de la Policía Nacional, cuyo almacenamiento corresponde ahora a Huawei, pueden recoger «información política, militar o científico-tecnológica» como la que intenta recabar el régimen chino en nuestro país.
También pregunta al Ejecutivo si compañías tecnológicas como Huawei podrían encajar con uno de los «agentes no tradicionales» a los que la dictadura china recurre para obtener información sensible, tal como sostienen EEUU y la Comisión Europea.
