La hermana y el cuñado de Santos Cerdán, el expresidente de la SEPI, el asesor Koldo García, la pareja de la presidenta navarra Uxue Barkos, la novia del exnúmero 2 del PSOE de Navarra, el exsecretario general de UPN…
Todos cobraron de la constructora Servinabar 2000 SL, la caja mágica que recibió contratos millonarios del Gobierno foral de Navarra y del Ministerio de Transportes.
Durante el registro de la vivienda del administrador de Servinabar, Antxon Alonso, la UCO halló un contrato privado fechado en 2016, por el que vendía una participación del 45% de la empresa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Los vínculos de la constructora Servinabar con el entorno de Santos Cerdán y del PSOE, en un gráfico difundido este jueves por UPN en las redes sociales.
UPN
Ambos han asegurado ante el juez que nunca llegaron a hacer efectivo este contrato. Pero lo cierto es que el entorno directo de Santos Cerdán (su hermana y su cuñado) se benefició de los contratos que la constructora recibía de las Administraciones públicas, así como otros dirigentes vinculados al PSOE y al PNV.
Joseba Antxon Alonso constituyó Servinabar 2000 SL el 4 de septiembre de 2015 con un capital de 3.000 euros. Tan sólo unos meses después, firmó el contrato por el que vendía el 45% de la sociedad a Santos Cerdán por 6.000 euros.
Una cifra irrisoria, si se tiene en cuenta la cuantía millonaria de los contratos que la empresa recibió luego de varias Administraciones públicas.
Con una plantilla que nunca ha superado los nueve empleados, la constructora pasó de facturar 13.000 euros en su primer ejercicio a más de 1,5 millones en 2022 y un millón de euros en 2023, el último año en el que presentó sus cuentas oficiales ante el Registro Mercantil.
La hermana de Cerdán
La hermana del exnúmero 3 del PSOE, Belén Cerdán León, cobró de Servinabar 22.000 euros en 2020, como ha informado EL ESPAÑOL.
Según su abogado, aquel año Belén Cerdán trabajó como administrativa para la constructora, con un sueldo de 2.000 euros al mes. Lo hizo como autónoma, sin estar de alta en la plantilla.
Luego pasó a trabajar, con el mismo sueldo y funciones, en la asesoría que lleva las cuentas de la constructora.
En concreto, Belén Cerdán pasó a trabajar en la cooperativa Erkolan, que recibió de Servinabar otros 258.000 euros entre 2019 y 2023.
Como ha informado EL ESPAÑOL, Servinabar pagó a la cooperativa en la que trabajaba la hermana de Santos Cerdán 3.623 euros en 2019 y 40.244 euros en 2020. Esta cifra se elevó hasta los 71.535 euros en los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Belén Cerdán ha sido edil del PSOE en su pueblo natal (Milagro), y presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta (que gestiona los servicios de limpieza y recogida de basuras de 9 municipios de Navarra), también por designación del PSOE.
Dimitió de este último cargo el 13 de diciembre de 2023 y se dio de baja como militante del PSOE el pasado mes de junio, tras el ingreso de su hermano en prisión. Ha decidido mantener su cargo de edil en Milagro, pero como no adscrita.
El cuñado de Cerdán
También el cuñado de Santos Cerdán, Antonio Muñoz Cano, cobró entre 2019 y 2022 un total de 61.699 euros de la constructora en la que el exnúmero 3 del PSOE tenía una participación del 45%.
Antonio Muñoz es hermano de Francisca Muñoz Cano, mujer de Santos Cerdán, según ha informado El Confidencial.
El expresidente de la SEPI
El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero (un hombre muy próximo a la exvicepresidenta María Jesús Montero) cobró cerca de 218.000 euros de la constructora Servinabar.
Estos pagos ascendieron a 68.632 euros en 2021, una cifra que puede rondar los 117.000 euros en 2022 y otros 33.251 euros en 2023.
Vicente Fernández fue interventor general de la Junta de Andalucía, jefe de la asesoría jurídica de varias Consejerías y secretario general de distintas empresas públicas del Ejecutivo andaluz.
Tras desembarcar en la Moncloa, la vicepresidenta María Jesús Montero colocó a Vicente Fernández como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Pero se vio obligado a dimitir un año después, tras ser imputado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, por las presuntas irregularidades en la concesión de la mina de Aznalcóllar.
El exalto cargo de la SEPI fichó entonces por la constructora Servinabar (de la que era accionista Santos Cerdán mediante un contrato privado), de la que cobró más de 200.000 euros en tres años.
Vicente Fernández compareció el pasado 22 de julio ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, pero se negó a declarar, alegando su condición de imputado en la causa sobre la concesión de la mina de Aznalcóllar.
La novia del exnúmero 2 del PSN
También estuvo en nómina de Servinabar Diana Enériz Veisa, novia de Ramón Alzórriz, que hasta el pasado mes de junio fue vicesecretario general del PSOE de Navarra (PSN).
Según el informe que la Hacienda Foral de Navarra ha remitido a la UCO, Diana Enériz cobró de la constructora de Santos Cerdán algo más de 100.000 euros en cuatro años.
En concreto, 14.390 euros en 2021, otros 31.443 en 2022, 31.464 euros en 2023 y 25.536 en 2024, según ha informado El Confidencial.
Después de que trascendiera que su pareja estuvo a sueldo de Servinabar, Ramón Alzórriz dimitió el pasado mes de junio como número 2 del PSOE navarro, que dirige María Chivite.
Koldo García
La UCO investiga ahora qué parte de los ingresos que Servinabar obtuvo en adjudicaciones públicas acabó en manos de Koldo García, quien fue asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Como ha informado EL ESPAÑOL, Servinabar realizó entre 2016 y 2024 pagos por importe de 729.108 euros a la cooperativa Noran Coop., que Koldo García había fundado junto a Antxon Alonso.
En concreto, 42.592 euros en 2016, 116.818 en 2018, 60.762 en 2019, otros 79.678 en 2020, una cantidad similar (79.648 euros) en 2021, 115.839 en 2022, 116.571 en 2023 y finalmente 117.200 euros en 2024.
La Guardia Civil intenta esclarecer ahora si Koldo García y Santos Cerdán se quedaron con una parte de estos fondos, procedentes de los contratos públicos que recibía Servinabar.
El exnúmero 2 de UPN
Según la documentación entregada al juez, Servinabar abonó entre 2022 y 2024 otros 69.000 euros a la consultora de Óscar Arizcuren, que en el pasado había sido secretario general de UPN, y vicepresidente del partido en la etapa de Javier Esparza.
En concreto, estos pagos ascendieron a 32.670 euros en 2022, 29.040 euros en 2023 y 7.260 euros en 2024. Ya desvinculado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), el Gobierno de Rajoy nombró en febrero de 2018 a Arizcuren director de Políticas Públicas y Relaciones con Europa de Aena.
Óscar Arizcuren es pareja de Judith Martínez, la directora comercial del Hipódromo de Madrid que dimitió tras el caso Cerdán por su vinculación personal con el exnúmero tres del PSOE.
Judith Martínez antes trabajó para Ernesto Gascó, Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, en Moncloa gracias a la influencia de Santos Cerdán.
El marido de Uxue Barkos
La constructora Servinabar también realizó al menos un pago de 4.840 euros a Prestomedia, la consultora de Jesús González Mateos, marido de la que fue presidenta del Gobierno foral de Navarra entre 2015 y 2019, Uxue Barkos.
Este pago figura en la contabilidad de Servinabar correspondiente al año 2018.
Prestomedia es un lobby, con oficinas en Madrid y Bruselas, fundado en 2006 por Jesús González Mateos en 2006, que además ha ocupado los cargos de director general y consejero delegado.
Su esposa, Uxue Barkos presidió el gobierno de Navarra entre 2015 y 2019, elegida por las listas de Geroa Bai (franquicia del PNV en Navarra).
El Ejecutivo de Uxue Barkos adjudicó a Servinabar contratos millonarios, como la rehabilitación del Archivo General de Navarra, la reforma del pabellón Navarra Arena y varias promociones de vivienda protegida en la provincia.
La empresa de Antxon Alonso se benefició de la amistad que Koldo García y Santos Cerdán habían forjado con Fernando Merino, que en aquel momento era directivo de la constructora Acciona para Navarra y La Rioja.
Asociada en UTE con Acciona, la constructora Servinabar accedió a contratos públicos millonarios como el de la duplicación de los túneles de Belate, adjudicado en diciembre de 2023 por 76 millones de euros.
Una adjudicación especialmente polémica, pues el secretario de la Mesa de Contratación advirtió en un voto particular que se estaba favoreciendo de forma arbitraria a la UTE formada por Servinabar (tras la que se escondía Santos Cerdán) y Acciona.
