La voluntad expresada por Pedro Sánchez de presentar los Presupuestos de 2026 ha cambiado el foco al final del curso político. En un contexto de máxima debilidad parlamentaria y avisos de los socios tras el caso Cerdán, con esta apuesta se ha lanzado un mensaje de normalización frente al de final de ciclo agitado por la oposición. Sin embargo, no ha tardado en abrirse el debate dentro del Ejecutivo sobre los riesgos y efectos de llevar esta pretensión hasta el final sin contar con los apoyos necesarios. En la parte socialista del Ejecutivo evitan comprometerse en público a someterlos a votación, sacándolos del Consejo de Ministros para iniciar su tramitación en el Congreso. Solo Sumar defiende abiertamente consumar este trámite. Por “mandato constitucional”, defiende el socio minoritario de la coalición, y para poner las cartas boca arriba en su particular disputa con Podemos, obligando a que cada grupo parlamentario se retrate. Con el Ejecutivo progresista o con la alternativa de PP y Vox.
Una suerte de apuesta al doble o nada. Aprobarlos daría oxígeno para consumar la legislatura y permitiría imprimir un acelerón las medidas pendientes del acuerdo de coalición, pero una derrota en el principal proyecto de la legislatura visibilizaría la incapacidad del Gobierno para seguir adelante. Sin embargo, Sumar entiende que para finalizar la legislatura, tras el estallido del caso Cerdán, el Gobierno debe empujar una agenda con un claro acento social.
Si el jefe del Ejecutivo solo se comprometió a presentarlos, dejando el aire si se someterán a votación aun sin atar antes los apoyos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se inclinó rápidamente por reducir riesgos. Montero ya frenó en años anteriores el impulso del socio minoritario a tramitar las cuentas públicas si antes no tenía garantías de los socios. Ahora, la titular de Hacienda ha vuelto a defender que “no se puede dar el pistoletazo de salida si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad de poder aprobarlos”.
Se trata de contar con un preacuerdo, al menos, para superar la votación de las enmiendas a la totalidad. Enel departamento que dirige Montero, con todo, trasladan que lo importante es tener capacidad para sacarlos adelante y que se confía en la capacidad negociadora del Ejecutivo para ello. Se trataría de los primeros de la legislatura, al estar prorrogados todavía los de 2023.
A la espera de cómo transcurran las negociaciones con los socios, con la intención de acelerar compromisos pendientes, en la parte socialista del Ejecutivo se opta por la cautela. Antes de ello, Podemos ya ha anticipado líneas rojas para su apoyo a las cuentas públicas. Algunas inasumibles para el Gobierno, como no aumentar el gasto en defensa, tal y como consta en los compromisos con la OTAN y la UE. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, pedía esta semana “no adelantar pantallas”.
Ronda de reuniones
El único compromiso sobre la mesa en estos momentos pasa por aprobar en septiembre el techo de gasto, paso previo imprescindible para la presentación del proyecto de Presupuestos. En medio de este debate, en el Ejecutivo se opta por ir paso a paso. Entre los dirigentes autonómicos del PSOE, el crítico Emiliano García-Page es quien más empuja por que el Gobierno someta los Presupuestos a votación. En primer lugar, según reprochaba esta semana el presidente de Castilla-La Mancha, para que “esta no sea la única legislatura de la democracia en la que no se ha aprobado ningún Presupuesto”. Eso sí, cargaba preventivamente sobre posibles cesiones a los socios: “Espero que no vaya condicionado a un modelo que rompa el régimen común”.
Sobre lo que hay menos debate es respecto a poner toda la carta en el asador para las negociaciones, con reuniones de Pedro Sánchez con todos los interlocutores políticos. Incluido el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont. Aunque en el Gobierno evitan referirse a fechas, alientan esta reunión en aras de intentar normalizar la relación en uno de los momentos más complejos para la legislatura tras el estallido de la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública por la que ha entrado en prisión el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La actual distancia con los posconvergentes, que han situado su relación con el Gobierno tras el caso Cerdán en “prórroga”, obliga nuevamente a redoblar los gestos si se pretende encauzar la situación.
