El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha pedido por escrito a las asociaciones de jueces y fiscales convocantes del paro celebrado los pasados 1, 2 y 3 de julio que envíen al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía «o directamente al Ministerio» el listado de miembros de las carreras judicial y fiscal que secundaron la huelga.
La carta es consecuencia de la réplica de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales a la versión dada por el Ministerio de Justicia de que solo podrá hacer el descuento salarial correspondiente a un juez y 28 fiscales. Son los únicos que comunicaron a la Gerencia Territorial del Ministerio y a la Fiscalía General que secundarían el paro.
En un comunicado conjunto, las asociaciones calificaron de «inaceptable» que el Ministerio, a diferencia de lo que hizo en la huelga de noviembre de 2018, no haya detraído el salario a los jueces y fiscales que pararon, «a pesar de contar con todos los antecedentes, medios y herramientas para ello».
Fuentes asociativas señalan que en 2018 Justicia conoció la identidad de los jueces que hicieron huelga gracias a la suspensión de los señalamientos de la que le informaron los letrados de la Administración de Justicia, que dependen del Ministerio. En esta ocasión también se pidió esa información a los LAJ, pero el departamento de Bolaños no la ha utilizado para hacer las detracciones salariales correspondientes.
Escrito del Ministerio a los LAJ con motivo de la huelga de jueces y fiscales del pasado julio.
La detracción proporcional del salario «es la consecuencia legal del ejercicio del derecho a huelga», subrayaron las asociaciones, que culparon a Bolaños de querer transmitir la «falsa impresión» de que la huelga no ha tenido efectos económicos, con la pretensión de «invisibilizar» la protesta contra las leyes que está promoviendo.
«Eludir deliberadamente una obligación legal tan clara como la detracción de haberes en caso de huelga podría tener consecuencias jurídicas, incluidas posibles responsabilidades en la gestión de fondos públicos«, advertían las asociaciones.
El número dos de Bolaños ha enviado a las cinco asociaciones un escrito en el que manifiesta que el Ministerio «comparte la preocupación por hacer una adecuada gestión del dinero público».
Señala que, para hacer las detracciones salariales obligadas por la ley, se dirigió al CGPJ y a la Fiscalía para que informaran de los jueces y fiscales que hicieron la huelga.
El CGPJ dijo no tener datos y la Fiscalía dio los nombres de 28 fiscales.
«El Ministerio es el órgano pagador, pero no es el empleador de jueces y fiscales», señala el secretario de Estado. «En la medida en que no ostenta el poder de dirección sobre ellos, no existen mecanismos autónomos para conocer de manera fehaciente y oficial el nombre de las personas que hicieron la huelga esos días».
El conocimiento del Ministerio «se restringe», afirma, a lo que le informen el CGPJ y la Fiscalía «y a las comunicaciones que quieran realizar voluntariamente jueces o fiscales a las gerencias territoriales».
«En todo caso», añade, «si ustedes, como representantes de sus correspondientes asociaciones y autodesignados responsables de la convocatoria y gestión de esta huelga, tienen un listado verificado y autorizado de jueces y fiscales que la hayan secundado, tal y como han manifestado públicamente, les solicitamos que lo envíen al CGPJ y la Fiscalía General o bien directamente a este Ministerio a la mayor brevedad para proceder a la deducción de salario», concluye.
Las asociaciones consideran que su comunicado conjunto de ayer ya da respuesta al Ministerio. «No existe obligación legal de comunicar previamente si se va a ejercer o no el derecho de huelga», insisten.
Además, las entidades convocantes «no tenemos los datos que nos piden».
Explican que el comité de huelga, integrado por miembros de las asociaciones, remitió un correo a los miembros de ambas carreras para que, los que quisieran, comunicasen si hacían huelga, «exclusivamente a los efectos de poder tener orientación sobre el seguimiento de la misma, y solamente para su conocimiento por el comité de huelga».
Ello se hizo «con el único fin de permitir al comité de huelga realizar un seguimiento aproximado del grado de participación en la convocatoria» y, una vez finalizada la protesta, «esos correos se eliminaron, porque no podían tener otra finalidad distinta a la comunicada».
«Cualquier otra finalidad, como la que ahora pretende nuestro pagador, podría conllevar responsabilidades legales para los organizadores de la huelga«, subrayan fuentes asociativas.
«El comité de huelga no tiene funciones de empleador/pagador, como parece pretenderse por el Ministerio. Es un insulto a la inteligencia. Es como si pretendiesen que CCOO suministrara un listado de las personas que han hecho una huelga al empresario. Inimaginable», señalan.
