El fiscal general del Estado se sentará en el banquillo acusado de filtrar los datos de un investigado. Resulta insólito el hecho de que la persona encargada de velar por la integridad del sistema comparezca bajo sospecha ante la justicia erosionando gravemente a la institución que representa. La causa contra Álvaro García Ortiz está avalada por catorce magistrados, además del propio juez de instrucción: seis de ellos del Tribunal Superior de Madrid y ocho del Supremo. La única voz discrepante ha emitido un voto particular en favor de archivar esta causa por considerar que no existen indicios suficientes. A ella se agarran los defensores de García Ortiz y el propio Gobierno, partidario desde el primer momento de su inocencia. Aunque tampoco ha quedado claro, hasta ahora, que lo haga por lealtad constitucional o por temor a que el caso le acabe salpicando aún más debido a que no son pocos los que creen que el Fiscal actuó siguiendo instrucciones del Ejecutivo para contraatacar al investigado, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta popular de la Comunidad de Madrid.
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