El Gobierno vuelve a la casilla de salida en materia de nuevos Presupuestos. Pedro Sánchez generó expectativas al asegurar durante su balance del curso político que el Gobierno presentarán las cuenta públicas de 2026. Las primeras de la legislatura, tras recular hasta ahora por la falta de apoyo de los grupos que facilitaron su investidura. Al día siguiente, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, evitaba comprometerse a someterlos a votación. “Vamos a presentarlos, pero no me adelanten pantallas”, argumentaba tras el Consejo de Ministros. Este jueves, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que solo se tramitarán, llevándolos al escrutinio y votación del Congreso, si antes tiene garantías de que saldrán adelante. “No se puede dar el pistoletazo de salida si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad de poder aprobarlos”, aseguró durante una entrevista en ‘TVE’.
La pretensión del Gobierno se limita por el momento, a la espera de negociar con los grupos parlamentarios, a llevar el próximo mes de septiembre el techo de gasto al Congreso. El elemento previo imprescindible a partir del cual comenzar a elaborar el proyecto de Presupuestos. Su posterior tramitación parlamentaria, más allá de su aprobación en el Consejo de Ministros, dependerá de que el Ejecutivo tenga o no el apoyo parlamentario suficiente para evitar una derrota. En anteriores ocasiones, desde Hacienda se había asociado este paso con garantizar que al menos se superaría la votación de las enmiendas a la totalidad. No fue posible y por ello siguen prorrogadas las cuentas públicas de 2023. Ahora, con el endurecimiento de las posiciones de varios de sus socios, principalmente Junts y Podemos, tras el caso Cerdán, nada hace presagiar que se tengan mayorías garantías para superar la votación de la totalidad.
Como ya hizo Pedro Sánchez durante su balance del final del curso político, la vicepresidenta primera ha disociado la continuidad de la legislatura con la aprobación de nuevos Presupuestos. De hecho, ha avanzado que a la vuelta del parón estival se pretende dar un impulso a la hoja de ruta del Gobierno.
En privado, fuentes del Gobierno reconocen que ahora mismo no tienen mayoría y apuntan no solo a Junts, sino principalmente a Podemos. Según trasladan, los morados estarían en una actitud de “no querer sentarse a negociar nada”. “A ver si cambia la situación” de cara a septiembre, añaden las mismas fuentes. No se trata solo de los Presupuestos, sobre lo que apuntan a los fondos europeos y el crecimiento económico como “otro carril” para mantener las cuentas prorrogadas, sino de normas de calado para el Ejecutivo, desde la denominada ley Bolaños a la ley de movilidad sostenible.
Los morados han reiterado como línea roja para unos Presupuestos que no se aumente el gasto en defensa. Algo ya comprometido tanto con la UE como con la OTAN, aunque con porcentaje de gasto militar correspondiente al 2%, en lugar del 5% por el que se abogó en la última cumbre de la Alianza Atlántica.
Montero ha arropado la renuncia del comisionado para la reconstrucción de la dana, José María Ángel, tras el escándalo por falsear presuntamente su título universitario, al defender que “es exigible la ejemplaridad en todas las personas que tenemos un cargo público”. Su decisión es la “correcta”, según avaló, aunque el veterano socialista no haya admitido haber falsificado su currículo y justificado su paso a un lado para “defender con todo mi tiempo y mis fuerzas, allá donde proceda, la verdad, mi honestidad y mi honor”.
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