El Gobierno de Andalucía ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto que permitirá la recogida científica de arribazones (acumulaciones de materia orgánica en la costa) del alga exótica invasora Rugulopteryx okamurae para su estudio como fertilizante y bioestimulante agrícola sostenible, con el fin de reducir su impacto ecológico y explorar usos beneficiosos.
Es el primer proyecto que se autoriza desde la aprobación en 2023 de la Estrategia Nacional. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha subrayado que el proyecto permitirá recoger de forma controlada y con fines exclusivamente científicos los restos del alga asiática depositados en playas fuera del medio marino, en concreto en puntos de Tarifa y Algeciras.
Sostenibilidad ambiental
«Damos un nuevo paso importante con esta autorización. Vamos a estudiar con rigor las posibilidades reales de aprovechamiento agrícola de esta biomasa, desde la seguridad y la sostenibilidad ambiental», ha afirmado.
Este proyecto piloto, respaldado por el Instituto Andaluz de Biotecnología y Desarrollo Azul de la Universidad de Málaga, se desarrollará bajo estrictas condiciones de seguridad biológica y control ecológico, según la resolución firmada por la Delegación Territorial de la Consejería.
Al respecto, ha explicado que el alga deberá ser transportada en envases herméticos hasta una finca de fermentación en Castellar de la Frontera, donde será procesada hasta quedar totalmente inactivada, impidiendo su reproducción y expansión. Asimismo, la recolección se limitará exclusivamente a arribazones ya desprendidos, sin afectar al alga viva ni al ecosistema marino o a especies protegidas, como la Patella ferruginea.
Retirada de una especie invasora de algas en Cádiz. / EFE / A.Carrasco Ragel
Modelo de economía circular
«Este proyecto representa una nueva vía para mitigar el daño ecológico que genera esta especie invasora y abre la puerta a un modelo de economía circular, en el que un problema ambiental puede convertirse en una oportunidad para la agricultura sostenible y la innovación», ha sostenido.
Por otro lado, la Consejera ha recordado que el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (IFAPA) se encuentra actualmente investigando también el uso del alga invasora como abono para la agricultura y su aprovechamiento como bioestimulante y fertilizante.
Herramienta clave
Catalina García ha remarcado que la puesta en marcha de esta iniciativa responde al marco definido en el Plan de Gestión frente al alga Rugulopteryx okamurae en la costa andaluza que la Consejería está culminando y que será trasladado a la Administración General del Estado para su conformidad.
Este plan, elaborado en coordinación con los servicios técnicos y científicos, es una herramienta clave que contempla líneas estratégicas como la investigación aplicada, la vigilancia de la expansión de la especie, la sensibilización ambiental y la gestión segura de su biomasa.
Criterios científicos
«La Junta de Andalucía ha sido punta de lanza a la hora de afrontar este desafío de forma estructurada, con criterios científicos y desde la colaboración institucional, porque no podemos permitir que un problema de esta magnitud quede sin respuesta», ha indicado.
La playa del Chinarral en Algeciras (Cádiz) plagada de la alga invasora Rugulopterix okamurae, que afecta a las costas de Andalucía. / EFE / A.Carrasco Ragel.
En su intervención, la consejera ha recordado el grave impacto de la Rugulopteryx okamurae sobre los ecosistemas marinos andaluces, que afecta especialmente al Estrecho de Gibraltar y a buena parte del litoral mediterráneo y atlántico de la comunidad autónoma.
Aprovechamiento comercial
La invasión de esta alga, procedente del Pacífico y asentada ya desde hace años en el litoral andaluz, supone una amenaza para la biodiversidad, la pesca artesanal y el turismo costero. Sus acumulaciones masivas generan costes elevados de limpieza para los ayuntamientos y afectan directamente a las capturas y a la actividad comercial de muchas familias que dependen del mar.
Este Plan de Gestión responde a la Estrategia Nacional de Control de la Rugulopteryx okamurae y se alinea con la normativa europea que permite excepciones controladas con fines científicos o de interés público, así como su posible aprovechamiento comercial una vez retirada por la Administración Municipal competente y, posteriormente, inactivada.
Visión de futuro
«El problema del alga asiática no puede abordarse solo desde la contención y el vertido. Necesitamos una visión de futuro, que aproveche los conocimientos científicos y fomente nuevas oportunidades sostenibles», ha afirmado.
En este sentido, ha hecho hincapié en el valor ejemplar de este proyecto liderado desde el ámbito educativo local y con el respaldo de la universidad, como muestra de la implicación social y científica necesaria para encontrar soluciones reales.
Ayudas al sector pesquero
Durante la reunión, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha defendido el compromiso de la Junta con los municipios más afectados, destacando que Andalucía ha sido la única Administración que ha ofrecido ayudas al sector pesquero impactado por esta especie invasora.
«Hemos apoyado a nuestros pescadores y ahora damos un paso más apostando por la investigación y la valorización de esta biomasa, que hasta ahora solo se trataba como un residuo costoso de gestionar», ha manifestado.
Soluciones innovadoras
Asimismo, ha pedido al Gobierno de España mayor implicación en este problema que afecta ya a gran parte del litoral andaluz. «Reclamamos una reforma normativa que permita el uso controlado de la biomasa, ayudas específicas para los municipios costeros y el sector pesquero, así como la creación de un fondo estatal que alivie los costes que ahora asumen los ayuntamientos en solitario», ha recordado.
Catalina García ha explicado que el Reglamento europeo 1143/2014 permite excepciones a las restricciones impuestas sobre las especies invasoras cuando se trata de proyectos de investigación científica o por razones imperiosas de interés público.
Vigencia del proyecto, hasta 2025
«Esta es la vía que hemos explorado y que ahora abrimos con este proyecto. El Gobierno central debe hacer lo propio para dar cobertura legal y apoyo económico a estas iniciativas», ha añadido. El proyecto autorizado tendrá una vigencia inicial hasta diciembre de 2035, aunque podrá ser revocado en cualquier momento si se detectan incumplimientos o riesgos ambientales.
Entre las obligaciones impuestas al equipo investigador se encuentra la de elaborar informes anuales con los resultados y metodologías, remitirlos a la delegación territorial correspondiente y garantizar el contacto previo con los servicios ambientales de la Junta antes de cada actuación.
La Consejera ha valorado especialmente la implicación educativa y ciudadana del proyecto, en el que participan estudiantes del plan educativo de cultura emprendedora ‘Algas Marinas del Estrecho’. «Ellas son un ejemplo de cómo desde la educación pública también se pueden impulsar soluciones innovadoras para los grandes retos ambientales de nuestro tiempo», ha finalizado.
