El Tribunal Supremo ha aceptado después de más de un año el primer recurso contencioso-administrativo contra el Clúster Maestrazgo, el macroproyecto eólico que el fondo danés CIP pretende construir en la comarca homónima, en la frontera entre Teruel y Castellón y que supone la instalación de 122 aerogeneradores de última generación. La demanda, presentada en bloque por la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, el movimiento ciudadano Teruel Existe y la Plataforma NO a la MAT, busca paralizar el inicio de las obras al solicitar medidas cautelares. Hay otros tres litigios abiertos contra la iniciativa, que responden a la oposición de plataformas vecinales, particulares y partidos políticos.
El recurso fue admitido a trámite a finales de marzo del año pasado, pero no ha sido hasta ahora, después de cinco intercambios de expedientes entre las entidades demandantes y el alto tribunal, la denuncia ha sido aceptada y trasladada al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en calidad de demandada, y a la promotora de la iniciativa, como interesada. La denuncia en cuestión se centra en la planta eólica Cid I y la línea de evacuación desde la subestación trasformadora Iglesuela hasta la subestación de Red Eléctrica en Morella y contra la modificación de la autorización, la construcción y la utilidad pública.
Aprobado in extremis por el Consejo de Ministros
El proyecto fue aprobado ‘in extremis’ por el Consejo de Ministros, que, sin el apoyo de los diputados de Sumar, dio luz verde de un plumazo a la Declaración de Impacto Ambiental de la iniciativa pese a las divergencias entre los informes favorables –la mayoría de ellos– y desfavorables de los Gobiernos aragonés y valenciano. Contra este aval gubernamental por la vía rápida se formula también la denuncia de los ambientalistas, que entiende que el macroproyecto abarca 20 parques distintos diferentes que se deben estudiar de forma independiente. «Este hecho podría suponer una de las primeras razones para hablar de una tramitación ambiental y administrativa indebida», defienden desde el bloque ecologista y vecinal.
Aún van más allá los ambientalistas, que aseguran que el Clúster Maestrazgo «incurre en supuestos de nulidad por causas muy diferentes, entre ellas fraude de ley». «Además, cabe citar la vulneración de normas esenciales del procedimiento de evaluación ambiental con modificaciones y adendas que no fueron objeto de información pública», denuncian en un comunicado, para añadir que la secretaria de Energía del ministerio admitió «que no reunía los requisitos mínimos, por carecer de determinados informes preceptivos».
El promotor de la iniciativa, el fondo danés CIP, que a su vez adqurió el proyecto a la aragonesa Forestalia, anunció su intención de comenzar las obras el pasado mes de marzo, pero lo cierto es que todavía no han comenzado. Sea como fuere, los demandantes acusan a la empresa de «falsear la realidad» cuando afirma que el proyecto «no afecta a la Red Natura», algo que «contradice estudios rigurosos que muestran las graves afecciones del clúster a dicha red. «Tanto el estudio de impacto ambiental como la DIA son inconsistentes en la valoración sobre las afecciones las especies vegetales y animales, fundamentalmente aves, y quirópteros que han motivado la declaración de los espacios ZEPA y ZEC del Maestrazgo como parte de la Red Natura por la Unión Europea. Esto supone vulnerar las directivas europeas, tal y como quedó acreditado al ser admitida a trámite la protesta presentada ante el Parlamento Europeo. Solo esta causa sería más que suficiente para paralizar el proyecto», alegan los ambientalistas.
Por ello, reclaman la aplicación de medidas cautelarísimas, que, de ser estimadas, significarían la inmediata paralización del proyecto hasta que haya una resolución judicial. Esta solicitud se fundamenta en el principio de cautela debido a la necesidad de preservar el medio ambiente por el peligro que entrañan las obras, que podrían producir daños irreversibles.
