Los españoles tienen que trabajar 228 días al año para sufragar todos los impuestos que pagan al Estado, una cifra que estaba contenida hasta la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y que desde 2018 ha aumentado en 51 días, casi dos meses.
En concreto, ha pasado del 17 de junio en 2019 (primer ejercicio de Sánchez en el poder) al 18 de agosto en 2025.
Ese será el día en el que este año los españoles dejen de pagar al Estado. La llamada ‘liberación fiscal’, elaborada según los cálculos de la Fundación Civismo.
Serán, en total, 228 días los que se trabajen para la Administración frente a los 178 días que se necesitaban para liquidar las cuentas en 2019, el primer año completo de Pedro Sánchez en La Moncloa.
Destaca, además, frente a los 177 días que se necesitaban en 2018 cuando se fue del Gobierno Mariano Rajoy, quien fue relevado por el líder de los socialistas el 2 de junio de ese año tras una moción de censura.
Un Rajoy que, por cierto, también se ocupó de elevar la presión sobre los ciudadanos. Cuando llegó a La Moncloa, se destinaban 124 días a saldar cuentas con el erario público.
La Fundación Civismo destaca que con Sánchez la recaudación por IRPF es un 36% superior, la del IVA un 38% mayor y hasta un 54% más se registra en Sociedades.
Además, cada hogar destina ya más del 54% de su renta a pagar impuestos.
Más allá del análisis del IRPF y el IVA, el informe de este año se focaliza también en las tasas y tributos más cercanos. Los de las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Civismo alerta de que la subida del catastro y el caos de impuestos cedidos hace que trabajemos casi tres meses al año para pagar sólo los tributos de nuestras administraciones ‘más cercanas’.
De hecho, en el cálculo del esfuerzo fiscal se cuentan todas las rentas que ingresa un hogar (sueldos, alquileres, dividendos, etc.) comparadas con el pago de tributos y tasas de todo tipo (incluidas cotizaciones sociales), tanto a Hacienda como a las corporaciones autonómicas y locales.
Los cálculos de esta fundación alertan de que nunca se había tenido que trabajar tanto para pagar al Estado. Al final, 228 días al año se trabaja para pagar impuestos y los restantes 127 son rentas que cada cual puede dedicar a sí mismo, medido todo en términos medios y con casos típicos de cada tributo.
La casuística da para muchas variaciones, porque no es lo mismo tener un salario bruto anual de 31.700 euros y una retención media del 24%, que ganar más de 80.000 euros brutos y dejarse en el Fisco más del 40% de ese dinero.
De la misma manera que el IVA, como impuesto indirecto, no es progresivo y depende de las decisiones de consumo en virtud del nivel de renta.
El estudio de Civismo toma los datos de consumo medio de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, sobre una renta media en 2024 de casi 22.000 euros.
Hay que tener en cuenta, además, que en el incremento del coste fiscal influye sobremanera la no deflactación de las tarifas del IRPF y un aumento en la recaudación del 8,7% en 2024, que avanza a un ritmo del 7% en 2025, y que ha provocado una subida de ingresos de Hacienda de casi el 50% en cuatro años, dice el informe.
‘Catastrazo’ y caos autonómico
En el informe de este año es especialmente doloroso comprobar cómo la amalgama de impuestos cedidos que han ido acumulando las CCAA y los ayuntamientos han disparado su coste fiscal medio a casi 5.000 euros al año por hogar.
Eso supone que cada contribuyente trabaja 80 días al año (casi tres meses) sólo para pagar la recaudación del ayuntamiento al que pertenece y la comunidad autónoma en la que vive.
La subida del catastro en los últimos años ha disparado la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (antigua Contribución Urbana).
Según cálculos del IEE recogidos por la Fundación, el coste medio por hogar es de 650 euros, el 30% de los más de 52.000 millones de tributos que se pagan por la vivienda.
El otro gran impuesto de esta cuenta es el ITP-AJD (Transmisiones Patrimoniales), que grava una media del 8% en la compraventa de inmuebles de segunda mano (es distinto en cada CCAA), y supone un coste millonario de 800 euros por hogar (hay 19,4 millones de hogares en España).
Si se le añaden los 150 euros de la letra del coche, la media que se paga por Sucesiones y Donaciones (aunque esté bonificado en algunas autonomías), los impuestos sobre carburantes, alcohol y tabaco, y el resto de tasas locales, distintas en cada territorio y de difícil justificación, el coste se dispara.
A juicio de la Fundación Civismo, esta «segunda fiscalidad» es meramente recaudatoria y no responde a un modelo racional de «equidad o eficiencia económica».
Lejos de proteger la libertad económica y la autonomía del individuo, «tiende a absorber de manera progresiva los márgenes de decisión y bienestar del contribuyente medio».
A su juicio, resulta imprescindible abordar una reforma profunda de esta segunda capa fiscal, simplificando su entramado y eliminando tributos redundantes o confiscatorios.
«Solo así podrá restablecerse el equilibrio entre la financiación legítima del Estado y el derecho del ciudadano a disponer libremente de los frutos de su trabajo, su propiedad y su capacidad de decisión económica», remata el informe.
