Canarias tendrá un nuevo Plan de Vivienda, que abarcará el periodo 2026-2029, «más ambicioso» que el vigente, pero también «más realista», según explicó el consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda, Pablo Rodríguez. El Plan tendrá una dimensión más social para priorizar a las familias vulnerables y se introducirán fórmulas para incentivar el alquiler asequible con el fin de que también se beneficien las clases medias. El Gobierno regional se ha propuesto aprobar el plan pese a la petición por parte de las patronales de la construcción, que demandan prorrogar el actual para no paralizar la planificación de los decretos de vivienda que se han aprobado por el Gobierno para hacer frente a la emergencia habitacional.
En la última asamblea de la patronal de Las Palmas, las empresas advirtieron que el Plan Canario de Vivienda en vigor «caduca en 2025» y Canarias «no puede permitirse el lujo de estar un año y medio haciendo otro». Por ello proponen prorrogar el actual. Sin embargo, el consejero Pablo Rodríguez aseguró ayer que el Ejecutivo «nunca ha contemplado la posibilidad» de prorrogar el plan vigente y, al contrario, la Consejería lleva varios meses trabajando en el nuevo.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer las directrices del documento por el que se guiará la política de vivienda hasta 2029. Rodríguez indicó que no se trata de rectificar o enmendarle la plana al plan actual porque sus directrices se aprobaron en 2018 pero no entró en vigor hasta 2020, sino que seguirá parte de la senda marcada pero también se introducirán directrices novedosas. «El plan de 2020 lo hemos hecho nuestro y lo estamos ejecutando pero tiene déficits que corregiremos en el nuevo», señaló el titular de Vivienda.
Frente a la demanda de los empresarios el consejero aseguró que el nuevo plan entrará en vigor en enero de 2026 y no habrá parálisis como vaticinan las patronales si se demora la entrada en vigor del mismo. Por ello el Ejecutivo ha declarado la tramitación de urgencia del procedimiento, dada la situación de emergencia habitacional que atraviesa Canarias, reconocida como de interés general excepcional por el Decreto Ley 1/2024. Esta decisión permite agilizar el desarrollo y aprobación del nuevo plan, reduciendo los plazos administrativos, pero garantizando en todo momento la participación ciudadana y la consulta a los órganos representativos locales e insulares.
Plan estatal
Pablo Rodríguez también indicó que el Gobierno central prepara un nuevo Plan de Vivienda estatal con el fin de que entre en vigor el próximo año y, de esta manera, los dos planes caminarán al unísono para recibir fondos del Estado en los diferentes programas.
Además de atender las necesidades de las familias más vulnerables, se apuesta por fórmulas innovadoras como la vivienda asequible incentivada, por el alquiler como opción accesible y estable, y por la colaboración público-privada para poner en el mercado nuevas promociones a precios razonables. La rehabilitación del parque edificado, la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos, la mejora de los procedimientos de adjudicación y la lucha contra la ocupación ilegal o el fraude también ocuparán un lugar central en la planificación.
«Durante los últimos meses los esfuerzos se han concentrado en esa fase inicial de diagnóstico, que incluye la evaluación del grado de ejecución del plan anterior, el análisis actualizado de las necesidades de vivienda y suelo por islas, la situación del parque de viviendas deshabitadas y un estudio detallado sobre los déficits en equipamientos y servicios complementarios. Esto es esencial para priorizar las actuaciones futuras, con especial atención a los colectivos con menos recursos, y asegurar que el nuevo plan sea realista, coherente con la realidad actual y capaz de corregir errores del pasado», detalló Rodríguez.
Desde que entró el actual Gobierno en julio de 2023 se han aprobado dos decretos de vivienda para abordar políticas concretas que hagan frente a la emergencia habitacional declarada en Canarias, así como agilizar los procedimientos administrativos para acelerar la tramitación de las licencias en los ayuntamientos.
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