El Gobierno no pretende forzar la dimisión del Fiscal General del Estado y el propio Pedro Sánchez manifestó el respaldo a su continuidad tras el aval del Supremo a su procesamiento por un delito revelación de secretos. Manteniendo por delante la defensa de su presunción de inocencia, como el resto del Ejecutivo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agrietado el aval cerrado de Moncloa a la continuidad de Álvaro García Ortiz para dejar en sus manos la decisión de dimitir. Robles, que ha ejercido de magistrada en el Supremo durante once años, recordó que “el fiscal general del Estado en su regulación no tiene un supuesto especial ni de renuncia ni de dimisión en estos casos”, pero pidió que sea García Ortiz “el que tome la decisión que él considere más oportuna de cara a velar por la institución».
«Yo no soy quién para decir al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer y creo que ahora es el momento de dejar trabajar y tener plena confianza en el Tribunal Supremo y en las instituciones», afirmó en declaraciones a la prensa recogidas por ‘EFE’ tras participar en la base Príncipe de Paracuellos de Jarama (Madrid) en un acto de homenaje a los seis paracaidistas españoles fallecidos en un ataque durante una misión en Líbano en junio de 2007. Las dimisiones, abundó, “son siempre una cuestión personal, cada uno tiene que saber, en función de su responsabilidad, lo que tiene que hacer en cada momento». En cualquier caso, apeló «al principio de presunción de inocencia de todos los ciudadanos, incluido el fiscal general, hasta que haya una sentencia firme condenatoria».
Robles ha introducido este matiz en el discurso del Gobierno tratando de marcar totalmente distancias con el PP, después de que Alberto Núñez Feijóo exigiese la dimisión “inmediata” de García Ortiz tras ser procesado. «No vale todo en política y el Partido Popular aprovecha todo para ir contra el Gobierno, y yo creo que en este caso al PP no le importa tanto al fiscal general del Estado ni la justicia, a la que durante muchos años ha estado abandonando, sino que quiere utilizar esto como un instrumento más contra el Gobierno», contrapuso.
Sobre la posibilidad de dimitir para preservar el prestigio de la institución, Sánchez replicó este martes tras su despacho con el Rey en Marivent que «nosotros respaldamos la acción del fiscal general, creemos en su inocencia y cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España». El Ejecutivo ha reaccionado siempre con una defensa férrea de la presunción de inocencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a cada paso que ha ido dando la causa. Sin embargo, tras la confirmación por parte de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo del auto del juez Ángel Hurtado para sentarlo definitivamente en el banquillo comienzan a escucharse matices como el expresado por la titular de Defensa.
El tribunal considera que a través de «una actuación coordinada e impulsada personalmente», el fiscal general reveló datos del empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa abierta en contra del empresario por delitos fiscales y que ha derivado en otra por delitos de corrupción.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, fue explícita en reiterar que desde el Gobierno “respaldamos” la actuación del fiscal general para además defender que se ponga “al mismo nivel a quien persigue el delito” con un “presunto defraudador fiscal”, en referencia a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Cuando se atenta contra la hacienda pública, se atenta contra todos», diferenció.
Suscríbete para seguir leyendo
