Reveses judiciales con consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Alicante. En esta ocasión, dos, uno relativo al cobro de un impuesto a un particular y otro por el retraso en el pago a una empresa adjudicataria. La Junta de Gobierno aprobó este martes dos acuerdos derivados de resoluciones judiciales que obligan al consistorio al pago de cantidades económicas. En concreto, se trata del abono de 2.169,21 euros en concepto de intereses de demora por el pago tardío de unas obras de accesibilidad en la calle Sevilla, según recoge una resolución de un tribunal de lo Contencioso-Administrativo, y de la devolución de 158.350,05 euros a un particular por el cobro indebido de autoliquidaciones del impuesto de plusvalía, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Intereses por obras en la calle Sevilla
El primero de los casos, más reciente en lo temporal, tiene su origen en la ejecución del proyecto de mejora de accesibilidad y revitalización urbana en la calle Sevilla, adjudicado el 4 de octubre de 2022 a la empresa CHM, Obras e Infraestructuras, S.A., por un importe total de 841.530,82 euros. Las obras comenzaron en enero de 2023 y fueron recepcionadas en agosto de ese mismo año. La certificación final fue firmada el 29 de septiembre.
Sin embargo, la empresa adjudicataria presentó en marzo de 2025 una reclamación ante el Ayuntamiento solicitando el pago de intereses de demora y una indemnización por costes de cobro ante el retraso en el abono de una factura. En total, se reclamaban 3.076,75 euros por intereses y 240 euros por indemnización. En junio, la Junta de Gobierno Local aprobó parcialmente el pago de 907,54 euros, conforme al informe de la Intervención General.
Ante la negativa del Ayuntamiento a abonar la totalidad reclamada, la mercantil acudió a la vía judicial, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante dictó un auto instando al consistorio al pago de la cantidad íntegra solicitada. La resolución judicial obligó al Ayuntamiento a completar el pago con los 2.169,21 euros restantes, lo que finalmente fue aprobado en la Junta de Gobierno del 23 de julio de 2025. Esta cantidad fue cargada a la aplicación presupuestaria destinada a intereses de demora.
Devolución por plusvalía anulada
El segundo revés judicial, de mayor cuantía, afecta la Concejalía de Hacienda y se remonta a una serie de autoliquidaciones giradas en 2019 por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía. En este caso, el tributario recurrió las liquidaciones correspondientes a la transmisión de varios inmuebles (trece cobros en total) formalizada ante notario ese mismo año. Tras un proceso contencioso que escaló hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la justicia acabó anulando las autoliquidaciones y ordenando la devolución de los ingresos indebidos.
El fallo judicial obliga al Ayuntamiento a devolver la totalidad de lo recaudado: 128.507,74 euros en concepto de cuota, a lo que se suman 29.842,31 euros por intereses de demora. En total, el importe asciende a 158.350,05 euros.
Dado que el importe supera los 60.000 euros, la competencia para autorizar el pago corresponde a la Junta de Gobierno Local y no a la Concejala de Hacienda. El acuerdo fue adoptado oficialmente para dar cumplimiento a la sentencia firme, notificada al Ayuntamiento por el Servicio Jurídico Municipal en abril de este año.
Impacto político
Las resoluciones judiciales, cuyas consecuencias han pasado este martes por Junta de Gobierno, suponen no solo un desembolso adicional para las arcas municipales, sino también un nuevo cuestionamiento al funcionamiento de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante. Sin ir más lejos, en la segunda modificación de crédito aprobada la pasada semana en un pleno extraordinario y urgente, se incluía el pago una de las sentencias más sonadas de los últimos años, de 700.000 euros, por el caso del contrato de Zonas Verdes. Además, en las dos primeras semanas de julio el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenó al Ayuntamiento de Alicante a indemnizar con 2.000 euros al SEP y a 8.500 a Comisiones Obreras en ambos casos por vulnerar el derecho fundamental de libertad sindical.
Asimismo, el uso que el Ayuntamiento de Alicante hace del silencio administrativo costó en 2024 a las arcas municipales más de 800.000 euros. El expediente de la tercera modificación de créditos del pasado año, impulsada en el mes de octubre por el ejecutivo local, recogía una partida para sufragar hasta cuatro sentencias en las que se afea al gobierno de Luis Barcala que no haya hecho «absolutamente nada» por responder a los demandantes. En concreto, se destinó un total de 862.424 euros de dinero público a afrontar el pago de facturas fuera de plazo e intereses provenientes de sentencias judiciales que condenan al Ayuntamiento por no haber abonado a tiempo dichos servicios. Ahora, la Junta de Gobierno ha tenido que dar el visto bueno al pago, en total, de más de 160.000 euros por cuestiones que han acabado ante los tribunales, que han dado al razón a un contribuyente y a una adjudicataria de un contrato del Ayuntamiento.
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