La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la responsable de controlar el nuevo registro de medios de comunicación y tendrá capacidad para establecer sanciones a aquellos que no se inscriban. En el caso de las plataformas digitales, este organismo, cuyos consejeros elige el Gobierno, velarán también por el cumplimiento de la nueva normativa remitida por el Consejo de Ministros este martes al Congreso, pero solo tendrán capacidad de sanción cuando superen los 45 millones de usuarios.
Las grandes plataformas escaparán así a las sanciones de la CNMC, que solo tendrá capacidad para alertar a Bruselas en caso de infracción y se actuará a nivel comunitario. El proyecto de Ley de Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios de Comunicación establece sanciones de hasta el 6% del volumen de su negocio anual en el caso de infracciones tipificadas como muy graves.
El Gobierno dejará en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el grueso de las funciones para llevar a cabo “un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben”. Desde las asociaciones profesionales se abogó por la creación de una comisión de carácter independiente e integrado por profesionales de los medios de comunicación.
En el Ejecutivo, por su parte, defienden el carácter independiente de este organismo y que con su reforma se ajustarán sus competencias a lo que determina el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación. Para ello, la futura norma modificará la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, con el fin de designar a la CNMC como coordinador de servicios digitales, otorgándole amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales. Entre ellas, obligar a las plataformas a que cuenten con canales de denuncia, ofrezcan transparencia sobre sus algoritmos, refuercen la seguridad de los usuarios menores de edad y se creará una red de “alertadores fiables”. Se tratará de personas jurídicas calificadas como verificadores y formarán parte de una red europea. Será la CNMC la que los certifique a nivel nacional.
Elreglamento europeo establece que “las autoridades u organismos reguladores nacionales deben asimismo tener las competencias adecuadas, en concreto para solicitar información y datos a cualquier persona física o jurídica a la que se aplique el presente Reglamento, o que, por motivos relacionados con sus actividades comerciales o empresariales o su profesión, podría razonablemente estar en posesión de la información y los datos necesarios, con respeto de los derechos e intereses de dichas personas”.El mencionado comité europeo, además, agrupará a “las autoridades u organismos reguladores nacionales y coordine su actuación”. Por último, remarca el reglamento que “debe ser totalmente independiente, también frente a cualquier influencia política o económica, y no debe pedir ni recibir instrucciones de ningún Gobierno, institución, ya sea nacional, supranacional o internacional, ni de ninguna persona u organismo público o privado”.
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En el plano de los medios de comunicación, Competencia podrá evaluar la compra de medios de comunicación con el fin de evitar la concentración y en aras a reforzar el pluralismo informativo. El proyecto de ley no fija de momento los porcentajes de concentración, ya que la CNMC ha pedido tiempo para profundizar en el asunto. Se pretende seguir la estela de la ley general de medios audiovisuales, donde se establecieron límites a la concentración a nivel del espectro radiofónico y de televisiones.
A partir del registro de medios, con información sobre su propiedad y su financiación pública, el Ejecutivo busca «garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad». A partir de ahí se reformará la ley de publicidad institucional para introducir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación”.
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