Desde este miércoles miles de trabajadores LGTBI del sector de la hostelería en Alicante estarán más protegidos frente a posibles situaciones de acoso o discriminación por su orientación sexual. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el protocolo de actuación que han pactado las principales patronales del sector (Hosbec, Apha, Apeha y la Asociación de Empresarios de la Marina Alta) con los sindicatos UGT y CC OO para prevenir y sancionar este tipo de actitudes, y conseguir un entorno laboral seguro para este colectivo.
De esta forma, el sector hostelero alicantino se convierte en el primero de la Comunidad Valenciana en contar con esta herramienta, creada a raíz de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y de garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Se trata de un paso de considerable importancia, sobre todo por el volumen de profesionales que quedan amparados por este nuevo escudo frente al acoso, ya que bares, restaurantes y hoteles suponen el segundo mayor grupo de ocupación en la provincia, con cerca de 100.000 afiliados.
Manifestación del Orgullo LGTBI en Orihuela. / AXEL ALVAREZ
La normativa obliga a que todas las empresas de más de 50 empleados cuenten con este protocolo para proteger a sus empleados desde el pasado mes de abril, mientras que el resto debían adoptarlo como máximo en julio. La aprobación de este protocolo a nivel provincial permite que todos los trabajadores del sector, con independencia del tamaño de la empresa, puedan solicitar esta protección. Una medida que beneficiará especialmente a los empleados de las microempresas, como son muchos bares y establecimientos dedicados a esta actividad.
Agresiones verbales
Aunque las agresiones graves son una excepción, un estudio que coordinó Toño Abad para UGT hace pocos años señalaba que hasta un 42 % de las personas LGTBI habían sufrido algún tipo de agresión verbal en su puesto de trabajo, sobre todo chistes (28,4 %), comentarios despectivos (25 %) y burlas (18,3 %).
De igual forma, hasta un 86 % de los consultados -la encuesta recibió más de 3.300 cuestionarios válidos- consideraban necesario ocultar la orientación sexual cuando se está buscando empleo, para evitar problemas. Y ya una vez que se ha conseguido el puesto de trabajo, tres de cada cuatro han tenido miedo alguna vez de revelar su condición.
Al respecto, la secretaria general de la Federación de Servicios de CC OO, Yolanda de la Casa, destaca que este protocolo «es fruto del acuerdo y compromiso entre patronal y sindicatos» y que podrá aplicarse en todas aquellas empresas que apliquen el convenio provincial de hostelería y no cuenten con un protocolo propio.
Ágil y confidencial
Igualmente, recalca que los principios que rigen el procedimiento de actuación son la «agilidad, rapidez, respeto y protección a la intimidad, dignidad y confidencialidad«, además de proteger a los denunciantes de posibles represalias.
Del mismo modo, la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, pone de relieve que también se protege la intimidad y la privacidad de las posibles víctimas, puesto que establece que no se podrá desarrollar ningún procedimiento sin su consentimiento expreso.
El documento establece toda una serie de medidas de prevención de situaciones de acoso contra las personas LGTBI, como la prohibición expresa «del uso de expresiones y modales insultantes, humillantes o intimidatorios». También aquellas conductas tendentes al aislamiento de las personas de este colectivo, o cualquier tipo de discriminación.
Comisión instructora
Una vez que se ha producido la situación de acoso, la víctima podrá denunciar a través del departamento de Recursos Humanos, de sus representantes sindicales o de un correo que se habilite para este fin. A partir de ese momento, deberá crearse una comisión instructora formada por cuatro personas -dos nombradas por la empresa y otras dos por la plantilla o la comisión paritaria del convenio-, que tendrán diez días para recabar la información necesaria y emitir su informe.
Manifestación de apoyo a Daniel, que sufrió una agresión homófoba en Alicante. / PILAR CORTES
En el caso de que considere que la denuncia es cierta, recomendará adoptar medidas, que posteriormente la empresa tendrá que concretar en siete días. El objetivo es que los casos se resuelvan en el plazo máximo aproximado de un mes, según explica Montes.
Estas medidas no solo podrán ser las sanciones que contemple el régimen disciplinario de la empresa o las que constan en el propio convenio sectorial provincial, también podrán incluir apoyo psicológico para la víctima; la modificación de sus condiciones laborales, siempre que se estimen beneficiosas para resolver la situación; o, por ejemplo, medidas de formación para la plantilla.
Seguimiento
Otro de los puntos interesantes es que, una vez resuelto el expediente, no se da por concluida la actuación de la empresa, que deberá realizar un seguimiento activo respecto a la seguridad y la salud del trabajador afectado.
Por último, el protocolo incluye un modelo de denuncia para facilitar que cualquier persona que haya sido víctima u observe una situación de acoso o discriminación hacia las personas LGTBI puedan reportarla de forma sencilla.
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