Por tierra, mar y aire. Varios referentes del Partido Popular en la Comunitat Valenciana pidieron este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese al comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción investiga si accedió a su plaza de funcionario gracias a un título falso.
Una crisis por la que Vicente Mompó, el presidente de la Diputación de Valencia, donde tiene la plaza el veterano socialista, reclama además que «devuelva el dinero cobrado» gracias «a su titulación falsa». Una cuantía que superaría, según fuentes de la corporación provincial, decenas de miles de euros.
Según consta en su expediente de la Diputación de Valencia, Ángel accedió a una plaza de C1 en 1983. Para esta, no era requisito indispensable tener una titulación universitaria. Pero tres años después, sí fue nombrado en un puesto de categoría B -hoy, A2-, de un rango superior.
Para acceder a esta última plaza, debía ser diplomado o licenciado porque así lo exige la legislación vigente. Su nombramiento, de lo contrario, sería nulo de pleno derecho, tal y como recoge la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El apartado f del artículo 47 de esta normativa, especifica las causas por las que un acto de la administración -como el nombramiento de un funcionario en una categoría específica-, pudiera ser considerado nulo de pleno derecho.
«Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición», reza.
El cálculo de lo que habría cobrado de más a lo largo de 40 años al haber logrado acceder a una categoría funcionarial superior resulta dificil de establecer, según sostienen los sindicatos y funcionarios de la institución provincial consultados por EL ESPAÑOL.
No en vano, Ángel ocupó varios puestos en distintos gobiernos, por lo que fue declarado en situación administrativa de servicios especiales en distintas etapas. Fue asesor en el Ministerio de Interior en 1994, jefe de gabinete del grupo socialista en la Diputación en 2001 o senador territorial en 2011, entre otros muchos.
Título de José María Ángel, presuntamente falsificado. EE
Unos periodos en los que no habría percibido su salario como funcionario, sino que habría cobrado como alto cargo o personal eventual. Por lo que para conocer con exactitud los meses en los que sí que habría percibido mayor sueldo sería necesario acceder a su expediente, algo que, de producirse, pondría en serios aprietos al PP por protección de datos.
La cuantía también resulta dificil de cuantificar por el número de complementos que reciben los funcionarios que completan el salario base, o las oscilaciones que se producen entre administraciones o las mejoras retributivas que se han aprobado desde entonces.
Pero en cualquier caso, fuentes de la corporación provincial sostienen que lo percibido de más correspondería a decenas de miles de euros. E insisten desde el gobierno provincial en que Ángel debe devolver lo cobrado de más. Circunstancia que, no obstante, no es seguro que pueda ocurrir.
Las fuentes jurídicas consultadas por este diario discrepan sobre si el exresponsable de Emergencias en el Gobierno de Ximo Puig podría ser condenado a devolver la remuneración que percibió como alto funcionario desde 1986, año en el que accedió a una escala superior a la que permitía su formación académica.
«Cuando alguien presta un servicio, aunque luego se confirme que se ha producido una irregularidad, si se ha prestado el servicio, la administración no tiene más remedio que abonar esos servicios porque sí ha habido una contraprestación», explican las citadas fuentes.
Es decir, que si Ángel estuvo trabajando en su plaza de escala B, la Diputación no podría reclamarle el dinero percibido durante esos años a pesar de que presuntamente accediera a ella de forma irregular porque durante los periodos que sí la ocupó, sí habría prestado sus servicios.
Si bien muestra sus dudas sobre si la Fiscalía acabará imponiendo una sanción al comisionado, sí advierte que «en cualquier caso, no obligaría a devolver el salario percibido de más en 40 años» puesto que «existe una prescripción de derechos y obligaciones con la Hacienda pública a los cuatro años».
Tan solo se le podría reclamar por los últimos cuatro ejercicios. «Aun así, si en esos años él ha prestado trabajo en esa escala, la administración no puede aprovecharse de la irregularidad para ahorrarse el abono de ese dinero y exigirle la devolución», concluyen las citadas fuentes remitiéndose a la legislación laboral.
Por el contrario, fuentes jurídicas de la corporación provincial advierten que si se prueba la contratación por falsificación -cometer un delito para conseguir el puesto-, podría derivar en una condena penal y revocar el puesto de trabajo.
En ese caso, podría sancionársele para que devolviera parte del dinero percibido de más gracias a la titulación falsa. No obstante, coincide en la posible prescripción del delito, que limitaría ese retorno del dinero.
Anticorrupción investiga la causa
Por lo pronto, la causa ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción. La Agencia Valenciana Antifraude remitió las conclusiones sobre esta investigación -en la que resolvía que Ángel Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universitat de Valencia y, por tanto, el título de diplomado podía ser falso- al Ministerio Fiscal y la Diputación de Valencia.
La primera, ha abierto una investigación administrativa del caso. La segunda, envió a la policía judicial el pasado 2 de julio a las dependencias de la corporación provincial, en particular a la Unidad de Delitos Económicos, para recabar toda la información del expediente y estudiar las posibles derivadas económicas.
Según Antifraude, en 1985 Ángel entregó una fotocopia de una diplomatura que no habría cursado, la de Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de Valencia. Algo que le habría servido para ser nombrado en una categoría superior en la administración, la B.
Esta formación, sin embargo, resulta imposible que el investigado la pudiera cursar en aquel momento en la Universitat de Valencia porque la carrera en cuestión comenzó a impartirse en dicha facultad en el curso 1996-1997. Es decir, 13 años después de la fecha que consta en el diploma.
