El PP ha redoblado este martes su ofensiva institucional contra el Gobierno de Pedro Sánchez por mantener en su cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos. Los populares consideran que su permanencia al frente del Ministerio Público supone una «anomalía democrática sin precedentes» e instan al Ejecutivo a retirarle su respaldo de inmediato.
En una acción parlamentaria coordinada, el principal partido de la oposición ha registrado iniciativas en el Congreso y el Senado con un objetivo común: forzar la comparecencia en ambas cámaras del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que explique por qué el Gobierno sigue apoyando al fiscal general, pese a su situación judicial.
Según fuentes del PP, la “ofensiva total” busca “obligar al Ejecutivo a asumir responsabilidades” por defender la continuidad de García Ortiz en el cargo, una decisión que, en opinión de los populares, erosiona la credibilidad de la Fiscalía y la propia arquitectura institucional. En el Congreso, el grupo parlamentario liderado por Ester Muñoz ha solicitado a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, la convocatoria de la Diputación Permanente para debatir y votar la celebración de un pleno extraordinario con la presencia de Bolaños. Muñoz denuncia, en una nota distribuida por el partido, que “no es admisible que un fiscal general encausado y a las puertas de juicio siga representando al Estado en la persecución de delitos”.
En paralelo, en el Senado, el PP ha pedido la comparecencia urgente de Bolaños ante la comisión de justicia. A través de su portavoz, Alicia García, los populares reclaman al ministro que dé cuenta de la posición del Gobierno ante el auto del Supremo, que considera que García Ortiz filtró deliberadamente un correo confidencial con información sensible sobre la investigación por delitos fiscales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Además, el grupo popular ha registrado en la Cámara Alta una batería de 18 preguntas parlamentarias dirigidas al ministro, en las que inquiere si el Ejecutivo considera compatible la continuidad de García Ortiz con “los principios democráticos”, si ha valorado instar su suspensión cautelar y qué impacto tiene este caso en la imagen de la Fiscalía General del Estado. “¿Puede seguir siendo fiscal general alguien procesado por vulnerar el derecho a la intimidad y al secreto profesional?”, reza una de las cuestiones.
La ofensiva del PP se produce 24 horas después de que la Sala de Apelación del Supremo desestimara los recursos del propio García Ortiz y de la Fiscalía contra su procesamiento. El tribunal consideró que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo por haber difundido un correo confidencial entre el abogado de Alberto González Amador —pareja de Ayuso— y la Fiscalía, que contenía la admisión de dos delitos fiscales. García Ortiz defiende el uso de esa información para frenar los bulos sobre un acuerdo de la Fiscalía con la pareja de la presidenta que había lanzado Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.
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