Francisco Pozo, alias El Pozo, un conocido narco valenciano, no tuvo oportunidad de defensa. Ni de reacción. Se bajó de su coche, en la parte trasera del que fue durante años el mayor prostíbulo de Europa, a la entrada de Favara desde Cullera, para, creía él, pagarle a un sicario y darle el arma con la que debía ejecutar a dos colombianos de quienes creía que lo querían matar. Se equivocó y le costó la vida: el objetivo real era él. Ese mismo sicario, un vecino de Aigües, había sido contratado previamente por otro narco para eliminarlo. Y lo hizo, de ocho tiros. Según se bajó del Mercedes, con el motor aún en marcha, fue acribillado y rematado en la cabeza con los últimos dos disparos. Eran las doce de la mañana del 11 de febrero de 2021. Tenía 37 años, mujer y una hija que acababa de cumplir seis años.
Esa encerrona letal, que debía juzgarse con un jurado popular este miércoles en un proceso por el que los seis incriminados se enfrentaban a una pena global de 110 años de cárcel, se ha saldado, sin embargo, con condenas que suman menos de la cuarta parte: 25 años menos cuatro meses.
¿La razón? Un acuerdo in extremis entre el abogado de la acusación particular, que defiende los intereses de la mujer y la hija de Francisco Pozo, el fiscal y los seis letrados de las defensas, entre los que figuran los penalistas Juan Carlos Navarro y Francisco Miguel Galiana Botella, acuerdo que pasa, necesariamente, por la reparación del daño. Dicho en términos más simples, los seis condenados han tenido que abonar entre el lunes y el martes los 240.000 euros de indemnización que las acusaciones pública y particular exigían para las herederas de la víctima. A petición de sus defensas, el magistrado ha dado el visto bueno a la suspensión de las penas de los dos implicados con menores penas.
A cambio, debían admitir los hechos tal como los reflejaría la nueva calificación fiscal, se mantenía que el delito era de asesinato y se les reconocía a todos ellos la dependencia de las drogas como condición atenuante. Pese a las reticencias de alguno de los ya condenados, finalmente ese acuerdo ha sido firmado poco antes de las 10.00 horas de este miércoles, lo que ha supuesto que ni se llegue a celebrar el juicio en su formato habitual, sino una versión corta para que cada uno de los acusados admita en voz alta los hechos.
Los mensajes de Sky, la clave
Ese ha sido el presente, pero vayamos de nuevo al pasado. Un año y dos meses después del crimen de El Pozo, en abril de 2022, el grupo de Homicidios de la Guardia Civil detenía a los seis implicados -hoy condenados- en el complot criminal. Costó desenmarañar una compleja madeja a partir de cientos de mensajes con teléfonos que usaban el sistema de encriptación Sky ECC, tan típico de los narcos hasta que la policía francesa y la neerlandesa averiguaron su algoritmo y dejaron al desnudo millones de mensajes de narcos, terroristas, mafiosos y tratantes de personas de todo Occidente, en los que hablaban con total claridad de la planificación y ejecución del plan para eliminar a El Pozo. Las pruebas eran tan irrefutables, que el juez de Instrucción 4 de Sueca, encargado de la tramitación de la causa, validó el trabajo policial y los envió a los seis a prisión. Sin fianza y sin contemplaciones.
Y esa solidez de una investigación minuciosa y sin fisuras permitió al fiscal elaborar, en mayo pasado, un primer escrito de acusación provisional en el que pedía penas que sumaban 110 años de cárcel y una indemnización para la mujer y la niña de 240.000 euros, a razón de 120.000 para cada una. El depósito en el juzgado de esa indemnización, de la que los cinco principales implicados han debido pagar a partes iguales el 90 % y el sexto, que solo les prestó el coche para acudir a Favara y huir después, el 10 %, es una de las claves del favorable acuerdo alcanzado, ya que la ley otorga una notoria importancia al hecho de que quien comete un delito trate de reparar el daño, en la medida de lo posible, mediante esa vía.
Y para que el acuerdo fuese definitivamente posible, ha habido que modificar parte de los hechos y de las implicaciones. Finalmente, el autor material del crimen, Francisco P. H. es quien ha decidido asumir la mayor carga. Se ha declarado autor único y ha aceptado una pena de 11 años por el asesinato y uno más por la tenencia ilícita de armas, evitando así los 20 iniciales por el crimen y los dos por llevar una pistola para lo que no tenía permiso ni licencia.
Su hijastro, Carles V. N., que era ese segundo hombre a quien los testigos vieron mientras El Pozo era acribillado y rematado en el suelo como la presa de una cacería macabra, ha logrado una pena de cuatro años y medio de prisión, frente a los 20 iniciales, porque el acuerdo dice que acudió con su padrastro a Favara sin saber que iba a ejecutar a Francisco Pozo.
Para el hombre acusado de haber ideado e inducido el crimen, José de C. G., la condena pedida de 20 años se queda en tres, mientras que para el que los investigadores de la Guardia Civil consideraban su socio y patrono del sicario en los negocios que se llevaban entre manos, Juan G. C., el acuerdo se ha cerrado con tres años y tres meses de cárcel. Él también sortea los 20 solicitados inicialmente.
Con dos años se queda el implicado en el complot que buscó al verdugo, Carlos R. A., esquivando así también esa pena máxima por asesinato de 20 años. Y, por último, el que les prestó el Mini de color beige con el que fueron a la cita con El Pozo y a bordo del cual huyeron, Roberto Manuel Ll. V. -en realidad, el coche no era suyo: se lo había quedado en pago por una operación fallida con tres kilos de cocaína en Albacete, explica la Guardia Civil en el sumario-, evita los ocho años que pedía para él el fiscal y saldará su deuda con la sociedad con una condena de un año y once meses.
El tiroteo en el garaje: el principio del final
Detrás de toda la trama, que se queda entre las tapas de los tomos que forman este abultado sumario, la obsesión de El Pozo por su seguridad y su convencimiento, erróneo a la luz de los hechos, de que dos colombianos a quienes había pagado por el cobro de una deuda lo querían matar. No iba desencaminado en la sospecha, pero sí en los objetivos. En enero, alguien -la Guardia Civil sostiene que el mismo que acabó matándolo– lo tiroteó cuando entraba en su garaje, en Sedaví.
Días después, Pozo vio cerca de su casa a esos mismos dos colombianos, y sumó mal. Les achacó el intento de asesinato y decidió buscar una ‘solución’. Sin que se sepa cómo, acabó contactando con Francisco P. H., que ya había sido contratado para matarle a él, desgranan los investigadores. Quedó una vez. Quedó una segunda. Cerraron un acuerdo. Y, a la tercera, la vencida: quedó con su verdugo para entregarle dinero y un arma, pero encontró la muerte. Desde hoy, los seis implicados están condenados por ese crimen. Y no podrán recurrir, porque al haber firmado el acuerdo, la condena, y la sentencia, pasan a ser firmes.
Suscríbete para seguir leyendo
