Las grandes eléctricas tratan desde hace meses de explorar con el Gobierno un cambio en el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas. Un intento que ha entrado en punto muerto y que ha encallado antes de iniciar ninguna negociación formal. Tanto el Ejecutivo como las compañías energéticas propietarias de las plantas (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios en las diferentes centrales y con Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunas de ellas) mantienen firmes sus posiciones maximalistas, con condiciones previas por ambas partes que chocan frontalmente y que ha dejado, de momento, todo proceso en una tentativa.
Endesa, la más interesada en mantener operativas lo máximo posible las plantas nucleares españolas, trata de articular una posición común de todas las grandes eléctricas con objetivos ambiciosos. El planteamiento de Endesa es conseguir que todas las centrales nucleares aplacen tres años su cierre en relación a la fecha prevista y con ello retrasar el apagón nuclear total en España de 2035, como está ahora programado, hasta el año 2038.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, aprovechó una conferencia con analistas con motivo de la presentación de los resultados semestrales del grupo para defender la necesidad de posponer el cierre de las plantas nucleares españolas al menos tres años, esgrimiendo incluso que “es lo más probable que ocurra” finalmente debido a “razones técnicas” que hacen necesaria la continuidad de la energía nuclear más allá de lo previsto.
El planteamiento que defiende Endesa es aplazar tres años la clausura de todas y cada una de las centrales nucleares españolas, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras del detalle de la propuesta de la compañía. Bogas mostró su confianza en que “pronto” puedan reunirse todas las eléctricas con participaciones accionariales en las centrales para debatir el futuro del parque nuclear. Las cuatro grandes eléctricas firmaron en 2019 con el Gobierno un protocolo de cierre nuclear que recogía un calendario de clausuras escalonadas de todas las plantas entre 2027 y 2035. El plan de Endesa pasa por retrasar el primer cierre previsto, el de la central Almaraz, de 2027 a 2030, y aplazar las dos últimas clausuras, las de Vandellós II y Trillo, de 2035 a 2038.
Iberdrola y Endesa enviaron al Ministerio para la Transición Ecológica hace un mes una primera propuesta para ampliar la vida de las centrales nucleares y postergar el calendario de cierres previsto. La carta solo estaba firmada por las dos mayores eléctricas españolas, pero no por Naturgy ni EDP (una circunstancia que resulta relevante porque las decisiones estratégicas sobre las centrales han de adoptarse por unanimidad de todos los socios, con independencia del peso accionarial de cada uno).
La declaración de intenciones remitida por Endesa e Iberdrola al Gobierno recogía un consenso mínimo entre las dos eléctricas, y planteaba retrasar el cierre entre dos y tres años solo de algunas centrales (Almaraz I y II, Ascó I y II, y Cofrentes), pero mantenía la fecha del apagón nuclear total en 2035 y desenchufar entonces las últimas plantas operativas. El escenario al que aspira Endesa ahora es más ambicioso y contempla reconfigurar el calendario de cierre de todos los reactores.
Rebaja masiva de impuestos
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen y aseguran que la fiscalidad hace inviable la continuidad rentable de las instalaciones. De hecho, las compañías eléctricas condicionan directamente presentar una propuesta de ampliación de la vida de las centrales a que se aplique una rebaja impositiva, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza de plano y que ha provocado que el intento estudiar un cambio en el calendario de cierre haya quedado en punto muerto. Transición Ecológica ya ha advertido de que no tramitará ninguna propuesta de ampliar la vida de las nucleares si las empresas no garantizan antes que ninguno de los costes que ahora soportan serán trasladados a los consumidores a través del recibo de luz.
Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares actualmente paga 28,2 euros por megavatio hora (MWh) tras las últimas subidas. De este importe, unos 17 euros por MWh corresponden a impuestos y tasas tanto estatales como autonómicos, y a estos se suman otros 10,36 euros de la tasa que pagan las centrales en función de la electricidad que producen para financiar los costes de que el Estado gestione sus residuos radiactivos y ejecute su desmantelamiento futuro. En total, las grandes eléctricas estiman que las centrales nucleares pagarán más de 1.500 millones de euros por tributos y tasas durante 2025.
Endesa plantea abiertamente la necesidad de que los 17 euros por MWh de impuestos y tasas que se carga a la electricidad que producen las nucleares se ha de rebajar al menos 10 euros, con un fuerte recorte del 60% de la carga fiscal actual. Un recorte de 10 euros por MWh que se repartiría prácticamente a partes iguales entre la fiscalidad de la Administración central y la de las comunidades autónomas en que se localizan las centrales, tanto con rebajas como con eliminación de algunos impuestos y tasas.
A esa rebaja del 60% de los impuestos y tasas que pagan las nucleares se sumaría también un recorte de la tasa que las centrales abonan a la sociedad pública Enresa por gestionar sus residuos radiactivos. Las plantas abonan este gravamen en función de la electricidad que producen cada año y el cálculo de su cuantía se realiza en función del tiempo previsto de funcionamiento de las plantas. Así que si las centrales nucleares amplían su vida operativa y retrasan el cierre, el importe de la tasa bajaría de una manera semiautomática. Tras la subida del 30% aprobada por el Gobierno a mediados del año pasado, la previsión del sector es que las centrales pagarán este año en torno a 600 millones de euros por la ‘tasa Enresa’.
Fuentes del sector eléctrico apuntan que en la carta que remitieron Iberdrola y Endesa al Gobierno ya se recogía como posición común esta aspiración de bajar en 10 euros la fiscalidad de las plantas y un recálculo de la ‘tasa Enresa’ por la ampliación de la vida de las plantas. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defendió la semana pasada en la presentación de resultados semestrales la necesidad de aplicar rebajas impositivas y otras reformas legales para no cerrar las centrales nucleares. “Si no hay ningún cambio en la regulación, desde luego no podemos pedir ampliar las nucleares”, apuntó Galán. Naturgy hasta ahora solo ha defendido públicamente aplazar el cierre de Almaraz I y II hasta 2030, y dedicar esos años de operativa extra para repensar qué hacer con el resto de centrales, pero no ha reclamado abiertamente una revisión de la fiscalidad de las nucleares.
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