Manual de resistencia II. El primero dicen que lo tiene el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Álvaro García Ortíz (Lumbrales, Salamanca, 1967) tendría el segundo. Desde el primer día que piso su despacho como máximo responsable de la Fiscalía española le han llovido chuzos de punta tanto desde fuera de la institución que representa desde agosto de 2022 (va por el segundo mandato) como desde dentro de la carrera, con una oposición dura por parte de las asociaciones profesionales conservadoras.
Hasta su propia elección como fiscal general del Estado y su idoneidad para el cargo fue discutida. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le avaló la primera vez por doce votos a favor y siete en contra. Los vocales del sector conservador aludieron a su participación en un acto del PSOE en Galicia en 2019, lo que, a su entender, creaba «una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia e imparcialidad de la institución que ha de dirigir». El Consejo de Ministros lo nombró el 1 de agosto de 2022. Posteriormente, fue renovado en el cargo tras la formación del tercer Gobierno de Pedro Sánchez, a finales de 2023. Este segundo mandato no estuvo exento de polémica. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió entonces una reprobación en la que lo declaraba «no idóneo».
Sin embargo, la polémica más grave en este contexto surgió con su papel en el ascenso de su predecesora, Dolores Delgado, a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. El alto tribunal anuló este nombramiento, argumentando que se había producido una «desviación de poder» por parte de García Ortiz. Lo mismo pasó cuando la eligió como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Pero los dolores de cabeza también se lo han provocado desde la bancada del Partido Popular. Sin ir más lejos, en mayo de 2024 el Senado, con mayoría absoluta de los populares, le reprobó, en una moción simbólica sin efectos reales.
El pacto maldito
García Ortiz está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados ante la decisión del Supremo de confirmar su procesamiento por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa abierta en contra del empresario Alberto González Amador por delitos fiscales y que ha derivado en otra por delitos de corrupción. Desde que se inició esta causa contra él, el 16 de octubre de 2024, desde la política y la carrera fiscal han reclamado su dimisión, pero él ha resistido el embate y, sobre todo, porque siempre ha defendido que no ha cometido ningún delito y no filtró un correo sobre una propuesta de pacto que se hizo llegar a González Amador por parte del fiscal que se encargaba de su caso.
Una de las virtudes que García Ortiz es que tiene un conocimiento profundo de la fiscalía, española de las relaciones institucionales y de sus integrantes. Ingresó en la carrera fiscal en el año 1999 siendo destinado en régimen de adscripción provisional a la fiscalía de Mahón en Menorca. En el año 2002 se trasladó a la Fiscalía Santiago de Compostela, donde permaneció hasta que aterrizó en Madrid, como jefe de la secretaría técnica cuando Dolores Delgado era fiscal jefe, convirtiéndose en su fiel escudero. Durante su trayectoria profesional ha sido miembro del consejo fiscal (órgano consultivo del fiscal general) y presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), entre 2013 y 2017, siendo uno de los miembros más activos antes de ser fiscal general.
A pesar de esas críticas y reproches, ha seguido llegando a la sede de la fiscalía general en Madrid de los primeros, sobre las 8 u 8.30 de la mañana, si sus obligaciones institucionales o los viajes no se lo impedían. A la hora de trabajar no mira el reloj y está considerado como una personar ágil mentalmente. En su currículo figura, como especialista en Medio Ambiente, haber sido el fiscal del caso del hundimiento del Prestige. Es un referente nacional e internacional en la materia. Desde este martes, los focos le apunta a él.
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