La defensa de la exconsellera Salomé Pradas, única imputada por la gestión de la dana junto a su exnúmero dos, Emilio Argüeso, ha presentado esta mañana un recurso de apelación contra el auto de la jueza que deniega la práctica de diligencias solicitadas respecto a la Confederación Hidrográfica del Júcar. En concreto, la «obtención integra del sistema Coordcom y el oficio a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que remita copia del WAP– constituyen, sin lugar a duda, lo que en el campo de la metodología de accidentes o catástrofes, se denomina las «cajas negras» de la emergencia».
Pradas, en una petición a la que se va a adherir también la defensa de Emilio Argüeso, señala en su escrito de apelación que «la información contenida en estas «cajas negras» es única e irrepetible. Su ausencia o una denegación de acceso a la misma deja un vacío insalvable en la investigación, que quedaría amputada por omitirse voluntariamente por quien tiene el deber de esclarecer los hechos, datos tan fundamentales para el necesario esclarecimiento de un suceso cuya gravedad y consecuencias es innecesario subrayar». La información wap de la CHJ «incluye todos los aforos, caudales y crucialmente los registros detallados de las alarmas activadas por los niveles de los ríos«. Estos datos son, señala, «inidispensables para resolver correctamente este procedimiento».
La defensa de la exconsellera se basa en algunos testimonios recogidos en la dana. Uno de ellos, que estuvo en la sala de mando el 29-O, señaló sobre los avisos de la CHJ con la crecida del Poyo, que en el correo «no había ninguna frase que alertase, no había una banderita roja».
A la defensa de Pradas y Argüeso le ha dado alas el informe de la Guardia Civil conocido el pasado viernes, que cuestiona la actuación del organismo de cuenca. «Se trata de una información vital, dado el papel protagonista que tuvo la CHJ en la Dana de Octubre 2024, como se viene corroborando por testigos, documentos y, las periciales obrantes en autos, así como por el reciente Informe de la Guardia Civil nº 2025-100576-0026 sobre «cronología y análisis de desbordamientos en relación con las víctimas de la Dana», que incorporamos entre los documentos aportados con el presente recurso».
Nueva petición de información
Al margen de esto, Pradas ha aportado a las actuaciones varios documentos, entre ellos una nota de prensa de la Conselleria de Emergencias que, en su opinión, «acredita de manera fehaciente que, en el momento de producirse los sucesos investigados, el sistema de aviso a la población Es-Alert aún no estaba formalmente incorporado al Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana». Igualmente, pide a la jueza que solicita a la Generalitat el número total de alertas rojas declaradas en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana durante los últimos diez (10) años, y en cuántos de esos casos se procedió a la convocatoria de un CECOPI tras decretarse dicha alerta roja. «De ese modo, se dispondrá de un elemento de contraste que consideramos muy relevante, para poder apreciar la excepcionalidad de la constitución del CECOPI el día 29 de octubre de 2024, especialmente ante las afirmaciones de tardanza sostenidas por algunas acusaciones y recogidas en determinados Autos», señala.
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