La okupación ilegal sigue siendo un
desafío en la Comunidad Valenciana, donde los datos oficiales
reflejan una realidad compleja. Según el Consejo General del Poder
Judicial, en el primer trimestre de 2025 se registraron 72 casos de
ocupación ilegal de viviendas que llegaron a juicio en la región,
mientras que los impagos de alquiler ascendieron a 591.
Aunque el Ayuntamiento de Valencia ha
logrado reducir las viviendas ocupadas de 474 en 2023 a 84 en 2025,
la percepción de inseguridad entre los propietarios persiste,
especialmente en zonas costeras como Tavernes de la Valldigna, donde
el verano se convierte en la temporada alta para este tipo de
delitos.
Una mentira que paraliza la justicia
Pilar, propietaria de una segunda
residencia en La Goleta, Tavernes, relata en una entrevista en El
Debate cómo un grupo de magrebíes ocupó su vivienda tras burlar
dos intervenciones policiales. La primera vez, los vecinos alertaron
al ver a siete u ocho jóvenes, aparentemente menores, merodeando en
su jardín. La Guardia Civil acudió y documentó daños: una ventana
rota, colillas de porros y cerraduras manipuladas.
okupas siendo desalojados por la Policía
Sin embargo, el segundo intento de
ocupación terminó en éxito para los intrusos. «Los agentes
hablaron con ellos, pero al subir al coche patrulla, los okupas ya
estaban entrando de nuevo a patadas», explica Pilar. La clave
fue una frase: «Dijeron que llevaban tres meses viviendo allí«.
La propietaria lo niega rotundamente:
«Es imposible. Mi hija durmió ahí hace semanas y tenemos
testigos». Pero la declaración de los ocupantes bastó para que
la Policía se retirara, alegando que «no hay nada que hacer».
La legislación actual, que protege
especialmente a menores, complica los desalojos exprés, un vacío
legal que los okupas aprovechan. «Ahora organizan fiestas y yo
no puedo ni acercarme«, denuncia Pilar, quien ve cómo su casa
se convierte en un espacio ajeno mientras sigue pagando impuestos y
suministros.
Entre la emergencia habitacional y la alarma social
El caso de Tavernes refleja un
patrón repetido en la provincia. Según la Generalitat Valenciana,
el 12% de las viviendas públicas están ocupadas ilegalmente, lo que
equivale a 1.800 de un parque de 15.000. Aunque estadísticas
independientes señalan que la okupación afecta solo al 0,06% del
total de viviendas en España, la sensación de desprotección es
palpable.
Un grupo de okupas desalojados de un edificio
El gobierno autonómico, en línea con
la nueva Ley Antiokupación de abril de 2025, ha creado oficinas de
asesoramiento y un teléfono gratuito (012) para agilizar desalojos
en 48 horas cuando hay pruebas de propiedad. No obstante, casos como
el de Pilar muestran que la aplicación sigue siendo desigual.
Ejemplo de frustración
Desde la oposición, partidos como
Compromís acusan al PP de instrumentalizar el miedo. «La
Policía Local no tiene competencias en usurpación; esto es una
cortina de humo», critica el concejal Ferran Puchades. Mientras,
la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, insiste en que el
miedo a la «inquiocupación» frena a 10.000 propietarios de
alquilar sus viviendas.
En cualquier caso, la historia de
Pilar ejemplifica la frustración de muchos propietarios ante un
sistema que, pese a las reformas, sigue favoreciendo la impunidad.
Mientras las autoridades debaten competencias, familias como la suya
pagan el precio de una batalla legal que, advierten, «siempre
llega tarde». Hoy, su casa sigue en manos ajenas, y sus
vacaciones, canceladas.
