La respiración en la Sala Penal del Tribunal Supremo está contenida a la espera de conocerse el resultado de la deliberación de los tres magistrados que han formado la Sala de Recursos: Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres.
Porque el hermetismo ha sido total a la altura de la importancia histórica del caso: abrir la puerta al juicio oral del fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortíz.
Fuentes solventes dijeron a EL PERIÓDICO que la deliberación comenzó hace ahora dos semanas en la citada Sala de Recursos. Y qué finalmente se ha alcanzado el acuerdo de desestimación.
El juez Ángel Hurtado- instructor en el Supremo de la causa de filtración de un correo del 2 de febrero de 2024 del abogado Carlos Neira, asesor fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- consideró que el fiscal general del Estado realizó dicha filtración sobre la base de diversos indicios y de un informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO). En el mismo se calificaba el «papel preeminente» del fiscal general del Estado en la citada filtración.
Procesó Hurtado a García y a Rodríguez (dictó técnicamente el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, última resolución sujeta a recurso antes del auto de apertura de juicio oral) y las defensas de ambos presentaron sus recursos.
La Sala de Recursos ha ido confirmando casi todas las resoluciones adoptadas por el instructor Hurtado, desde octubre de 2024, cuando empezó la investigación sumarial, de modo que no parece chirriar la desestimación del recurso del fiscal general. No es por así decirlo un rayo en cielo sereno.
Pero sentar en el banquillo a un fiscal general del Estado desde el único tribunal que puede hacerlo, la Sala Penal del Tribunal Supremo, es un acontecimiento histórico en la trayectoria de la justicia española.
La Sala que admitió la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estuvo integrada por Manuel Marchena (presidente) Susana Polo (ponente),Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela. Dicha Sala consideró que la razón por la cual el TSJM entendió la existencia de delito -la emisión de un comunicado por parte de la Fiscalía General del Estado en el caso de la pareja de Díaz Ayuso- no lo era. Sin embargo, sí vio posible delito de revelación de secreto en la filtración del citado correo.
La Sala de Admisión más otros dos magistrados formarán el tribunal de enjuiciamiento que presidirá el flamante presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta.
El juez instructor no ha aportado pruebas directas contra Álvaro García. Toda su instrucción ha aislado el correo del 2 de febrero de 2024 respecto de los otros correos, el primero de ellos filtrado precisamente por Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En dicho correo se presentaba a la Fiscalía como autora de la propuesta de un pacto de conformidad aceptando los delitos cuando había sido iniciativa de Neira, el asesor fiscal de González Amador.
Perjudicar a Amador
Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso han logrado llevar al banquillo al fiscal general del Estado a costa de empeorar sustancialmente la situación de González Amador, quien deberá enfrentarse a un juicio oral en el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden penas de prisión de 3,9,años de cárcel para él y otras penas y multas para los que organizaron con él un sistema de falsificación de facturas para defraudar a Hacienda 350.951 euros.
Álvaro García ha dicho hasta este lunes que se mantendría en su puesto a pesar de tener que pasar por un juicio oral habida cuenta de que está convencido de que nunca será condenado.
