La unidad de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Policía Judicial de la Guardia Civil irrumpe a instancias de la Fiscalía Provincial de Las Palmas en las dependencias del Ayuntamiento de Guía para llevarse el expediente de compra de los locales situados frente al cuartel de la Guardia Civil, que se anunció en un primer momento que iba a albergar un gimnasio municipal y que luego se destinó a la actual oficina municipal de atención ciudadana, así como los múltiples contratos de servicios prestados durante años por un abogado externo al que recurrió siempre el anterior grupo de gobierno para emitir informes, buena parte de ellos que suelen ser propios de la secretaría de la Corporación.
La presencia de los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial en las Casas Consistoriales tuvo lugar el martes de la semana pasada, y cogió de sorpresa al personal municipal. Los guardias civiles actuaban de esta forma en cumplimiento de una orden dictada por la Fiscalía Provincial de Las Palmas bajo la cobertura jurídica de las diligencias de investigación preprocesal iniciadas durante el actual año 2025.
Los funcionarios solicitaron copias ratificadas por el secretario municipal vinculadas a dos expedientes. Por un lado, según ha podido saber este periódico, la documentación que dio lugar a la adquisición de la oficina municipal de atención ciudadana, situada curiosamente frente al cuartel de la Guardia Civil de Guía.
Del fitness a ventanilla única
El 25 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento anunció siendo alcalde Pedro Rodríguez que «había adquirido por 549.000 euros un inmueble ubicado en el casco de la ciudad, que destinará a centro deportivo municipal. Un espacio de 662 metros cuadrados, que albergará las salas de fitness, cardiovascular y salud que se encuentran provisionalmente en el Pabellón Municipal. El Ayuntamiento trabaja para que la puesta en marcha de este nuevo y moderno equipamiento sea en 2019».
Esta iniciativa pública, junto con otras propuestas de carácter privado existentes, consolidan -según se apuntaba- a «Santa María de Guía como ciudad deportiva y como uno de los municipios de la comarca Norte con una mayor superficie deportiva…».
Y se añadía que «los técnicos de gestión deportiva de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Santa María de Guía recomendaron que el nuevo espacio a habilitar debía disponer de una superficie mínima de 600 metros cuadrados, en función de la demanda actual y previsión de usuarios de este tipo de instalaciones».
El gimnasio del Pabellón Beatriz Mendoza Rivero, como comparativa, disponía de 200 metros cuadrados, que no cumplían con los estándares de calidad, ni las condiciones adecuadas de accesibilidad…
«El nuevo gimnasio municipal se ubicará en la calle Alcalde Óscar Bautista Afonso, frente al puesto de la Guardia Civil, y estará dotado de vestuarios adaptados a la normativa vigente de accesibilidad, zona de recepción, instalaciones y oficinas, así como una sala de musculación y cardio, además de sala de actividades dirigidas».
El Ayuntamiento anunciaba de igual forma que había encargado el proyecto de obras de acondicionamiento e insonorización. Y destacó que las dependencias estaban en un lugar estratégico «de fácil acceso y con servicios comunitarios cercanos, además de disponer de aparcamiento y conexión con los servicios de transporte público».
Sin embargo, y tras estos anuncios, el Ayuntamiento dio marcha atrás, y en estos momentos alberga la oficina municipal de atención al ciudadano.
La segunda documentación solicitada en Guía por la Guardia Civil de forma presencial se centra en el expediente administrativo correspondiente a la contratación de los servicios prestados por el letrado A. R. R. R.
Según algunas fuentes, se trata del abogado externo que durante años ejerció de facto -según denunciaron los entonces concejales de la oposición- las funciones de secretario, porque se le encargaba la emisión de todos los informes.
Los pagos globales podrían superar el millón de euros desde que empezó a prestar servicios a comienzos de la década pasada, si bien su actividad se disparó en los últimos años, cuando su firma aparecía en buena parte de la documentación oficial de la Administración.
No hay que olvidar que la oposición ya reclamó antes de la moción de censura del año pasado un secretario municipal que tenga la categoría de funcionario habilitado nacional, toda vez que «los informes los firma un despacho ajeno a la Corporación».
La secretaría ‘en la sombra’, sin pasar por concursos públicos
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Guía (hoy en el gobierno municipal) venían denunciando durante años que el abogado externo venía ejerciendo de facto las funciones del secretario municipal, pero cobrando por cada informe que requería un expediente.
Hay que tener en cuenta que el puesto de secretario viene siendo ocupado de forma accidental desde de 2018 por un auxiliar administrativo, que se fue alargando en el tiempo por supuestas necesidades puntuales durante siete años.
Los partidos hablaban de que sus servicios estaban suponiendo a las arcas municipales un desembolso superior a los 100.000 euros anuales, sorteando también los filtros de pasar por los concursos públicos que serían preceptivos por esas cantidades globales, aunque en este caso fueran fraccionados.
La interventora advirtió hace un año de estas posibles irregularidades, según apuntan algunas fuentes. Sin embargo, el entonces alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, levantó los reparos para que se hiciera efectivo el pago al abogado de un contrato menor mediante un decreto de 18 de julio de 2024.
Además del elevado coste económico que suponía para las arcas municipales, puede llevar aparejado un conflicto de intereses, al tener que recurrir a letrados privados ajenos a la Administración para redactar materias que son de interés público, tal y como publicó este periódico.
De momento se desconoce el trasfondo de la investigación de la Guardia Civil y el origen de la denuncia que ha activado la investigación de la Fiscalía Provincial, que lleva el caso.
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