La modificación de los estatutos del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante avanza en su tramitación tras haber superado la fase inicial de aprobación. El texto fue aprobado por unanimidad en la Junta General del Patronato, celebrada el pasado 15 de julio, con representación de todos los grupos políticos y sin votos en contra. Dos días después, el 17 de julio, la Junta de Gobierno Local ratificó el acuerdo, abriendo un plazo de tres días para la presentación de enmiendas.
Ese plazo finalizó el pasado viernes sin apenas participación de los grupos de la oposición. Solo el PSOE registró formalmente alegaciones, mientras que Vox, Compromís y Esquerra Unida-Podemos no presentaron propuestas, aunque el portavoz de EU, Manolo Copé, asegura que intentó presentar enmiendas aunque que desde el Ayuntamiento no se les permitió completar el trámite.
Las enmiendas del PSOE: freno a la venta
En este sentido, el grupo municipal socialista ha presentado una batería de 40 enmiendas destinadas a reforzar el carácter social del Patronato y evitar que pueda operar como una promotora de vivienda para el mercado libre. Entre las propuestas más destacadas se incluye la prohibición expresa de vender propiedades municipales en el mercado libre, así como de construir vivienda destinada a este ámbito.
«Debemos blindar el Patronato de Vivienda para garantizar su función social», defendió la portavoz socialista, Ana Barceló. «No podemos permitir que el gobierno de Barcala lo convierta en una promotora. Tampoco que se nombre en la gerencia a quienes han ocupado cargos públicos recientemente. Apostamos por una gestión profesional e independiente», subrayó Barceló
En esta línea, el PSOE reclama que el puesto de gerente, actualmente vacante, sea cubierto mediante oposición pública, y que no puedan ser designadas personas que hayan ocupado cargos políticos o de confianza en los últimos cuatro años, salvo mediante concurso abierto.
Participación social y control democrático
Otra de las propuestas socialistas plantea aumentar la frecuencia de las reuniones del Patronato: pasarían a celebrarse cada tres meses, en lugar de cada seis como establece el texto aprobado inicialmente. Además, se propone reforzar la participación de colectivos vulnerables y jóvenes. El PSOE propone incorporar representantes del Consejo Local de la Juventud y de REAPSHA, la red alicantina de entidades que trabajan con personas sin hogar.
Asimismo, el grupo defiende mantener el papel central del Consejo Rector en la aprobación del plan estratégico de vivienda y en las bases generales de adjudicación, funciones que el nuevo texto traslada a la presidencia. Asimismo, la concejala del PSOE, Silvia Castell, reclamó que se incluyera una mención explícita al derecho constitucional a una vivienda digna, así como el uso de un lenguaje inclusivo en todo el texto. «No se trata solo de forma, sino de fondo. Estamos hablando de un derecho básico que debe ser protegido desde las instituciones y con respeto a la igualdad de género», indicó Castell.
Las enmiendas no admitidas de Esquerra Unida-Podemos
Aunque no se registraron oficialmente, Esquerra Unida-Podemos preparó un conjunto de 12 enmiendas con las que buscaban reforzar la democratización del Patronato, mejorar la transparencia y garantizar un enfoque garantista del derecho a la vivienda. El portavoz de la formación, Manolo Copé, ha señalado que intentaron presentarlas, pero el Ayuntamiento no se las aceptó. El contenido de las mismas giraba en torno a blindar al Patronato contra posibles privatizaciones y asegurar una plantilla 100% pública y sus propuestas incluían, entre otras, garantizar representación ciudadana directa, prohibir sanciones a personas en situación de exclusión residencial y evaluar la gestión con indicadores sociales y de género.
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