La nueva proposición de ley que tramita el Parlamento de Canarias para reforzar la autoridad docente en las Islas ya ha generado un debate en las islas. Presentada el pasado 4 de junio por los grupos que apoyan al Ejecutivo en la Cámara (Coalición Canaria; Partido Popular; Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente) es rechazada en sus actuales términos por las formaciones opositoras y rechaza por la Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca). Pero, ¿qué es lo que recoge el texto?
La norma, publicada en el Boletín Oficial de Canarias, reconoce al profesorado una serie de derechos fundamentales para garantizar el ejercicio digno y seguro de su labor en las aulas. Entre ellos, se incluye el respeto de su identidad, integridad y dignidad personal, tanto en el entorno físico como en el virtual, así como el reconocimiento profesional como autoridad pública, con las garantías jurídicas que ello conlleva.
Los docentes tendrán derecho a la protección legal y la asistencia jurídica y psicológica por parte de la Administración pública ante cualquier situación derivada del ejercicio profesional. Asimismo, establece el deber de colaboración de las familias para que se respeten las normas de convivencia y se reconozca la autoridad del profesorado.
También se reconoce el derecho del personal docente a recibir el apoyo y la formación necesarios para ejercer su función con seguridad, respaldo institucional y prestigio social. Además, se contempla la creación de una unidad administrativa con las funciones de atención, protección y asesoramiento a los docentes en todos los conflictos surgidos en el centro educativo y en las actividades complementarias y extraescolares.
Asistencia jurídica y psicológica
Uno de los artículos más destacados de la ley es que obliga a las administraciones a dar asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente de todos los niveles educativos. El texto también recoge medidas para evitar agresiones a los docentes, especialmente, su reconocimiento legal como autoridad pública, un rango similar al de un agente de policía. Otra medida es incorporar en las normas de convivencia mecanismos para evitar la difusión de mensajes ofensivos en los tablones de anuncios o en cualquier soporte físico o tecnológico.
Por su parte, los responsables civiles del alumnado tendrán que reparar los daños que cause a las instalaciones o equipamientos del centro, resarciendo el coste económico o restituyendo los bienes. Además, se incluyen otras acciones como el reconocimiento y la difusión del esfuerzo del profesorado y la promoción de una carrera docente que incluya mejoras en sus condiciones laborales y retributivas.
Los sindicatos de representación mayoritaria del profesorado ya han manifestado su apoyo a la norma, que equipara a Canarias con otras once comunidades autónomas que también reconocen por ley la autoridad de los docentes. Gerardo Rodríguez, portavoz de STEC-IC, considera que «refuerza la figura del profesorado en un momento de debilidad de los propios docentes, en un momento en el que el papel y el perfil del profesor se ha puesto en duda, especialmente con las nuevas tecnologías, con las que se han ejercido muchas veces acoso hacia algunos profesores«.
En contra
En este sentido, aboga porque en el periodo de tramitación se incluyan otras disposiciones para mejorar las condiciones laborales del profesorado, sobre todo respecto a las plantillas o las infraestructuras, «todo eso haría que la ley fuera mucho más redonda y completa y se pueda llevar a cabo con el consenso de todos», apunta Rodríguez.
Sin embargo, en contra ya se ha manifestado el PSOE y Nueva Canarias en el Parlamento porque estiman que la norma es «partidista» y carece de consenso. a Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca) mostró su rechazo al considerar que se ha elaborado sin diálogo con la comunidad educativa. Critica que el texto replica contenidos ya recogidos en la legislación estatal y autonómica, como la consideración del profesorado como autoridad pública.
Aunque valora positivamente medidas como la protección jurídica y la atención psicológica al profesorado, Udeca tacha de “demagógicos” los mensajes sobre el refuerzo de la autoridad docente y denuncia que no se haya consultado al Consejo Escolar de Canarias. También cuestiona la falta de datos oficiales que justifiquen la ley y propone, en su lugar, una norma integral de convivencia educativa. Por su parte, el órgano consultivo que representa a la comunidad educativa canaria anunció que en el mes de septiembre celebrará un debate interno para fijar una posición al respecto.
