Sánchez se arriesga a revisión de lazos con EEUU por Huawei

La administración Trump se ve obligada a imponer graves consecuencias a la administración Sánchez por afirmar que el uso de la tecnología de Huawei en su sistema de almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales españolas no supone una amenaza para la seguridad nacional.

La administración Trump y el Congreso de los Estados Unidos han dejado muy claro que consideran que redunda en interés nacional de los Estados Unidos contrarrestar enérgicamente el uso de hardware y software chinos en las infraestructuras sensibles para la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus aliados, así como en torno a ellas. Esto incluye a la OTAN y a los principales aliados no pertenecientes a la OTAN.

La administración Trump no puede dar carta blanca a Sánchez en su controvertida decisión de restar importancia a las amenazas para la seguridad nacional

Por lo tanto, la administración Trump no puede dar carta blanca a la administración Sánchez en su controvertida decisión de restar importancia a las amenazas para la seguridad nacional que plantea la tecnología de Huawei en el sector de la defensa, la seguridad y la inteligencia españoles.

Esto no solo daría lugar a una incoherencia entre la política y la práctica, sino que crearía la impresión de que la administración Trump está dispuesta a aceptar un desajuste estratégico con los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos por parte de sus aliados y socios. No es así.

Por lo tanto, la administración Trump debe decidir rápidamente cuál es la mejor manera de responder a la administración Sánchez.

Opciones sobre la mesa

En Washington se ha debatido la posibilidad de imponer sanciones específicas que restrinjan los viajes y congelen los activos de personas y entidades españolas implicadas en corrupción, delincuencia organizada, violaciones de los derechos humanos y prácticas anticompetitivas. Entre ellas podrían figurar organizaciones españolas ajenas al sector de la industria de defensa, como La Liga, la mafia gallega y el Partido Socialista Obrero Español.

Otra opción que se ha barajado es restringir la cooperación bilateral en materia de defensa, seguridad e inteligencia. Esto podría incluir la imposición de restricciones al comercio de material de defensa, la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de las bases militares españolas, la suspensión de España de las plataformas de intercambio de inteligencia de Estados Unidos y/o la orden de revisar por completo las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, de forma similar a lo que se está debatiendo con Sudáfrica. Todas estas opciones tendrían graves consecuencias para la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de España.

Para ser claros, este es un lío creado por el propio Pedro Sánchez

Sea cual sea la vía política que elija la administración Trump, es seguro que habrá apoyo en el Congreso de Estados Unidos para imponer duras consecuencias al Gobierno español.

El Partido Republicano sigue relativamente unido en su exigencia de una alineación firme con respecto a China por parte de los aliados y socios de Estados Unidos. Eso no existe en el caso de España en este momento, y muchas élites republicanas no están dispuestas a seguir conformándose con el statu quo. No estamos en la era Biden.

Para ser claros, este es un lío creado por el propio Pedro Sánchez.

Desde su toma de posesión, Sánchez ha estado jugando al póquer político con la administración Trump. Por desgracia, ha estado utilizando la asociación estratégica bilateral como garantía en este juego.

En algún momento, ambas partes tendrán que mostrar sus cartas. Eso podría ser desastroso para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y España.

Antes de que eso ocurra, el Gobierno de Sánchez haría bien en solicitar asesoramiento imparcial al Ministerio de Defensa y al Centro Nacional de Inteligencia de España.

Si se dejara de lado la política interna, es de suponer que esas instituciones aconsejarían a Sánchez que no se alineara con la República Popular China en contra de Estados Unidos en esta cuestión.


Michael Walsh es investigador sénior no residente del Foreign Policy Research Institute.

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