El Gobierno se afana en disipar cualquier sombra que insinúe un adelanto electoral. Pedro Sánchez tiene claro que su objetivo es resistir hasta 2027 —siempre que sus socios se lo permitan— y, para reforzar ese mensaje, en su entorno destacan el balance legislativo del Ejecutivo: desde el verano de 2023, se han aprobado 42 leyes y reales decretos. Una cifra que, aseguran, demuestra que el bloque de la investidura sigue funcionando y que aún hay base suficiente para sostener la acción del Gobierno durante los próximos dos años.
Sin embargo, el rendimiento legislativo del actual Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar dista mucho del alcanzado en la anterior legislatura, cuando Sánchez contaba con Unidas Podemos como socio y una aritmética parlamentaria más favorable. Entonces, el Gobierno superaba con holgura el medio centenar de normas aprobadas cada año. El resultado ahora son decenas de promesas pendientes del presidente del Gobierno, algunas atascadas en el trámite parlamentario y otras aún sin activarse.
El Ejecutivo y el PSOE llevan meses tratando de sacar pecho de su acción legislativa para desmontar los ataques del PP a la parálisis que sufre el Congreso. En esta línea, reivindican las 42 iniciativas aprobadas: 14 leyes ordinarias, 9 leyes orgánicas, 18 reales decretos y una reforma de la Constitución. Eso sí, la maquinaria legislativa tardó en arrancar: durante casi un año, el Congreso se limitó a convalidar algunos decretos. El punto de inflexión llegó en junio del año pasado con la Ley de Amnistía, que había bloqueado cualquier otra tramitación relevante.
Desde entonces, el Gobierno ha tratado de pisar el acelerador en innumerables ocasiones. Primero, aprovechando la inercia de la Ley de Amnistía y la predisposición de Junts, aprobó en tan solo cuatro meses hasta 8 leyes, entre ellas algunas de calado, como la Ley de Paridad o la polémica ley sobre intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea y que, tras una enmienda del PSOE que ni PP ni Vox detectaron, beneficia a presos de ETA.
También alcanzó acuerdos con el PP en esos momentos: la reforma de la Constitución para retirar la palabra «disminuido» del artículo 49; la Ley ELA o la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Ya en 2025, el Gobierno ha impulsado normas para mantener contentos a algunos de sus socios (la actualización del Concierto económico del País Vasco, la del convenio de Navarra o una modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias), otras que aúnan al bloque de la investidura (la reforma para prohibir asociaciones franquistas) o poco polémicas (la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario).
Sin embargo, la gran mayoría de las promesas de Sánchez están tramitándose en el Congreso y algunas acumulan meses de bloqueo ante la falta de una mayoría parlamentaria que las respalde. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, lleva meses en un cajón y eso que el jefe del Ejecutivo se comprometió en 2019 a derogarla «a la mayor brevedad» posible. También el proyecto de ley de Familias que comenzó Ione Belarra, cuando era ministra de Derechos Sociales en la anterior legislatura, y que no avanza. O la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a medio millón de migrantes que el PSOE se comprometió a aprobar y está aparcada desde septiembre de 2024.
En la última semana, el Gobierno se vio obligado a pisar el freno con dos de sus leyes estrella ante el miedo a una derrota: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y la conocida como ‘ley Bolaños’ para reformar la Justicia y que llevó a jueces y fiscales a manifestarse. También están paralizadas la iniciativa registrada por el PSOE para cumplir los acuerdos con Junts y traspasar las competencias en inmigración a Catalunya; las que contienen medidas para hacer frente al problema de la vivienda; la normativa para proteger a los menores en internet; o contra la multirreincidencia.
Y luego, son bastantes las promesas que lanzó Sánchez en su campaña electoral o que recogió después en el acuerdo de coalición sellado con Yolanda Díaz que, por el momento, no han empezado siquiera su tramitación en el Congreso. Uno de los pactos con sus socios en el Gobierno es elevar a 20 semanas los permisos parentales. También le reclaman el la mitad del permiso parental de ocho semanas para cuidar de su hijo hasta que este cumpla los ocho años sea retribuido. No ha habido avances en estos temas.
Tampoco ha cumplido con el compromiso de aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica durante el primer año de legislatura. Las negociaciones llevan más de un año estancadas y el Ejecutivo solo avanza en su diálogo con la Generalitat de Catalunya. Y en este listado hay que añadir la promesa de acabar con la prostitución, un tema que se ha agravado tras los audios del caso Cerdán, o algunas de las medidas contenidas en el plan de regeneración democrática que Sánchez parece haber descartado ya.
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