Se trata de una investigación comandada por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria en coordinación con la Policía Autonómica Canaria. Arrancó en 2024, tras conocerse los casos de trato vejatorio y violento recibidos por los inmigrantes menores de edad que vivían en centros de acogida como el de Fortaleza I, en Santa Brígida, y José García I, en Agüimes.
Según la investigación, decenas de migrantes tutelados habrían recibido malos tratos por parte de algunos cuidadores. Entre las quejas recogidas figuran agresiones, amenazas, castigos desproporcionados, privación de alimentos y miedo constante a represalias si hablaban. La Fiscalía recibió informes médicos y testimonios que apuntaban a lesiones y elevados niveles de ansiedad.
Quintana se encargaba de supervisar y coordinar todas las operaciones relacionadas con los centros, lo que incluía la gestión del personal, la atención a los menores, el cumplimiento de los protocolos y la interlocución con las instituciones públicas. Las autoridades investigan hasta qué punto tenía conocimiento de estos hechos y su responsabilidad en los mismos.
Al menos 31 centros, con 1.925 plazas, estaban bajo el control de la directiva de centros de Quórum, que contó con un presupuesto de, al menos, 23,02 millones de euros en subvenciones públicas entre 2019 y 2024. Quintana era, en definitiva, el garante de la seguridad de los menas y del correcto uso y ejecución de los fondos asignados a sus centros.
A la izquierda, la presidenta de Quórum Social 77, Delia García; y a la derecha, su director de centros, Juan Enrique Quintana.
Estas adjudicaciones se centraban casi exclusivamente en el sector de la salud y de los servicios sociales. Su órgano de contratación era la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias.
La última adjudicación registrada para Quórum data de julio de 2024 y fue destinada, precisamente, a la localidad de Firgas, donde ayer se practicaron parte de los registros. Se trataba de un «servicio consistente en la gestión del dispositivo de atención inmediata a personas menores migrantes no acompañados Centro de Menores Firgas, sito en la isla de Gran Canaria: 420.000 €».
Precisamente el ayuntamiento de Firgas solicitó en agosto de 2024 el cierre del Centro de Menores de El Cortijo, en dicha localidad, por, supuestamente, «no cumplir con la normativa para alojar personas«.
Fuentes políticas de Gáldar aseguran a este diario que quintana «no tiene mucho vínculo con la política local, aunque lo apoyan grupúsculo socialistas para el desarrollo de la ONG Quórum». Asimismo, señalan que «se está forrando con la gestión de la inmigración, pagando cantidades ingentes en naves o locales y casas para esa actividad. En Gáldar, la gestión es totalmente opaca«.
Una trayectoria política
Juan Enrique Quintana también tenía vínculos políticos. Concretamente, con el Partido Socialista Obrero Español. Era militante del PSOE en Gáldar. En 2018 figuró en las listas de la comisión ejecutiva local de esa misma localidad, de la que es natural. Además, a partir de 2022, fue elegido Secretario de Acción Social del partido en la ejecutiva local socialista, tarea que compatibilizaba con su gestión en Quórum.
Quintana Ramos, licenciado en Criminología, también es un habitual en los medios de comunicación locales, donde ha hablado abiertamente de los centros de menores que coordinaba para la oenegé.
En 2021, cuando ya era director territorial de la organización, aseguró que los programas de integración de los centros de Quórum habían «proporcionado que las incidencias con el entorno» fueran «casi inexistentes«. También señaló que los menores de sus centros «están tranquilos y no se sienten tan vulnerables«.
El jueves, la Policía Canaria se presentó tanto en su domicilio como en el de Delia García, directora de Quórum Social 77, y arrestó a ambos. Las autoridades registraron sus respectivos inmuebles, así como la sede de la oenegé, el centro de Agüimes y otros gestionados por la organización, como el de Firgas.
Foto del equipo socialista de Galder (Quintana aparece atrás, segundo por la derecha, de amarillo).
Ambos están siendo investigados por presuntos delitos de lesiones, de odio, omisión del deber de impedir delitos, amenazas y delitos contra la integridad moral. La investigación sigue bajo secreto de sumario. Además, el Juzgado de Violencia sobre la Infancia y Adolescencia ha ordenado el cierre inmediato del centro de Agüimes, afectando a un total de 148 menores.
Estos tendrán que ser redistribuidos entre otros 21 centros que forman parte de un sistema ya de por sí tensionado por la llegada indiscriminada de cayucos a las costas canarias. Según fuentes oficiales del Gobierno de Canarias, la cifra de menores migrantes no acompañados tutelados, en julio de 2025, alcanza los 5.484.
El precedente de Fortaleza I
Según han informado a EFE fuentes del Gobierno de Canarias, los acontecimientos que han llevado a la detención de Delia García y Juan Enrique Quintana responden a una extensión de la denuncia que provocó en mayo la clausura de Fortaleza I por malos tratos.
Tal y como adelantó EL ESPAÑOL en mayo, los menas del centro de Gran Canaria habían sido sometidos sistemáticamente a una suerte de régimen del terror en el que eran torturados y recibían palizas. Los funcionarios hasta les escupían en la comida.
Las investigaciones de la Operación Cábila comenzaron en septiembre de 2024, cuando uno de los menores formalizó la denuncia en la Oficina de la Policía Judicial del Grupo de Menores y Familia. Tres meses después, un empleado de Quórum Social 77 vinculado a La Fortaleza I envió un correo al servicio de adopción de la Dirección General de Infancia relatando una serie de hechos que, dice, él mismo presenció.
Este correo fue remitido a la Fiscalía de Menores de Las Palmas. Unos días después, recibieron por parte del trabajador un nuevo correo con un vídeo adjunto donde se documentaban insultos de contenido racista –»negros de mierda«– y contra la identidad sexual de uno de los menores residentes.
Dos días después, la directora del centro fue requerida en la Dirección General de Infancia del Gobierno de Las Palmas y, esa misma tarde, despidieron al trabajador involucrado, que resultó ser el subdirector de La Fortaleza. Tras continuar las pesquisas, el 19 de mayo, efectivos policiales irrumpieron en el recinto y detuvieron a la directora, Aroa Q., y a otras ocho personas.
En aquel momento, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, detalló que su departamento había puesto en manos de la Fiscalía testimonios de niños del centro Fortaleza I que relataban malos tratos. No obstante, dijo que no le constaba que los responsables de Quórum Social 77 fueran conocedores de lo que ocurría.
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en violencia contra la infancia, había autorizado la entrada, el registro y el cierre inmediato de las instalaciones.
Cuando el caso saltó a los medios, la presidenta de Quórum 77, Delia García, envió un audio a todos los recursos que tenía activos en Canarias diciendo lo siguiente: «Vamos a tener, hasta nuevo aviso, todas las cámaras de los centros desconectadas. No quiero ni una encendida«. Juan Enrique Quintana Ramos, como responsable de centros, obedeció la orden.
