Una larga investigación judicial, bajo secreto durante siete años, ha dejado al descubierto una presunta trama de tráfico de influencias para amañar leyes que tenía en el centro al exministro Cristóbal Montoro, al frente de Hacienda por dos veces en los gobiernos de Aznar y de Rajoy. Una organización que, según el último auto judicial, recibía pagos de compañías de diferentes sectores a través de Estudio Económico, el despacho fundado por el propio Montoro, y que maniobraba para introducir favores fiscales para beneficiar a las empresas gracias a su acceso directo al Gobierno. Unas maniobras que se realizaban en plena ola de recortes, duros y generalizados, que se aplicaban en lo peor de la crisis económica y financiera de hace más de una década.
El exministro, varios miembros de su equipo en el Ministerio, socios de su despacho, varios gigantes del sector de los gases industriales y los principales directivos de estas compañías han sido imputados por el juez tras encontrar suficientes indicios de posibles delitos continuados, entre otros, de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Pero múltiples informes elaborados durante años por los Mossos d’Esquadra amplían el foco y apuntan, a la espera de nuevas investigaciones, a presuntas vinculaciones entre los pagos de empresas de otros sectores -especialmente el energético y particularmente el de las renovables- con los posicionamientos defendidos por Montoro sobre la dura reforma eléctrica y que le enfrentaron con otros miembros del Gobierno.
Imputados en el caso de la empresa Equipo Económico. / Nacho García
Rebajas fiscales para gigantes del gas industrial
El juzgado de instrucción considera que las investigaciones revlean que hasta en dos ocasiones gigantes del sector de los gases industriales como Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, adscritas a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), contrataron hasta en dos ocasiones a Equipo Económico para conseguir gracias a su red de influencias en el Gobierno para conseguir ventajas fiscales específicas.
Las compañías abonaron conjuntamente casi 780.000 euros al despacho fundado por Montoro para conseguir, en 2014, que Hacienda incluyera a su sector en el listado de beneficiarios de una reducción del 85% de la base imponible de lo que pagaban por el impuesto especial de la electricidad (ahorrándose unos 59 millones al año todas las empresas del sector) y, en 2018, para obtener bonificaciones especiales en el impuesto de actividades económicas. Las investigaciones muestran que los abonos están muy por encima de lo que las compañías abonaban a otras consultoras y que la posición de Hacienda cambió radicalmente en apenas unos meses en beneficio de las empresas tras contratar al despacho fundado por el ministro.
La instrucción se ha centrado en las relaciones de Equipo Económico con las empresas de los gases industriales y es en este ámbito en el que el juzgado encuentra elementos más sólidos (fundamentalmente a través de un serial de intercambios de correos electrónicos entre los implicados) para concretar la imputación de cargos públicos, directivos y compañías industriales. Sin embargo, el caso puede acabar ampliándose a otros sectores en el que también se han constatado pagos al despacho de Montoro y en el que los informes judiciales apuntan a que podrían haberse registrado intervenciones en cambios regulatorios, muy especialmente en el caso de la reforma eléctrica que emprendió el primer Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis económica.
Archivo – Imagen de archivo de la sede de Abengoa. / EUROPA PRESS – Archivo
Pagos millonarios de las renovables
El primer Ejecutivo de Rajoy ejecutó una drástica reforma eléctrica para intentar tapar el enorme agujero de cerca de 30.000 millones de euros que llegó a acumular el sistema eléctrico español (el entonces famoso ‘déficit de tarifa’) y que se tradujo en hachazo para todos los operadores, especialmente a los del sector de las renovables.
Los informes policiales incluidos en el enorme sumario judicial vinculan pagos de varias compañías y patronales del sector energético con supuestos posicionamientos más favorables del departamento de Montoro a sus intereses, singularmente a las renovables, para la nueva regulación y cómo eso provocó un choque interno en el Gobierno, con posiciones enfrentadas entre Hacienda y el Ministerio de Industria, entonces comandado por José Manuel Soria.
En plena vorágine de cambios regulatorios, el entonces gigante verde Abengoa abonó a Equipo Económico al menos 3,98 millones de euros a través de varias filiales, según los Mossos (aunque otros informes policiales elevan los abonos hasta cerca de los 4,5 millones). Además, las vinculciones van más allá y uno de los socios de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, fue designado como miembro del consejo de administración de Abengoa ya en 2011.
Hacienda aplicó a todas las energías un impuesto del 7%, evitando el 19% a la solar como quería Industria
Solaria, volcada entonces en el negocio fotovoltaico y hoy en el Ibex 35, llegó a pagar al despacho de Montoro directamente al menos 1,7 millones (aunque otras sociedades vinculadas a la familia Diaz-Tejeiro, socio mayoritario de Solaria, también efectuaba pagos a Equipo Económico). Los Mossos también destacan que uno de los socios de Equipo Económico, Manuel de Vicente-Tutor, fue designado secretario no consejero del consejo de Solaria (no obstante, fuentes empresariales apuntan a que es algo relativamente habitual cuando se contrata a un despacho de asesoría legal).
La investigación también señala pagos al lobby privado del equipo de Hacienda por parte de varias de las patronales del sector de la energía solar. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la mayor asociación del sector, pagó cerca de 91.000 euros. Pero desde la patronal, creada en 2012, se apunta que se trató de un contrato heredado de otra de las antiguas patronales que se integraron en la propia UNEF cuando hubo una unificación de las organización. La patronal que había contratado previamente con Equipo Económico era la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), con pagos de casi 486.500 euros, y que según fuentes del sector estaba especialmente vinculada a Solaria.
Los recortes millonarios emprendidos por el Gobierno para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico también los sufrieron entonces las compañías energéticas que gestionan las redes eléctricas, tanto las redes de transporte (gestionadas por Red Eléctrica de España, REE) como las de distribución (en manos fundamentalmente de las grandes eléctricas Iberdrola, Endesa o Naturgy, entonces Gas Natural Fenosa). Los informes policiales constatan, sin más precisiones, que en esos años Red Eléctrica pagó al despacho de Montoro casi 1,4 millones de euros y que también realizó dos pagos por apenas 87.000 euros Eduardo Montes, el que fuera entonces de la patronal de las grandes eléctricas UNESA (hoy rebautizada como Aelec).
José Manuel Soria, en conversación con Cristóbal Montoro cuando ambos eran ministros con Mariano Rajoy. / EFE
Choques Montoro-Soria por las renovables
Diferentes informes policiales incluidos en la causa judicial apuntan posibles maniobras del equipo de Montoro para suavizar el golpe a las renovables con las medidas incluidas en las diferentes baterías de medidas que se incluyeron en la reforma eléctrica durante los años 2012 y 2013. Los Mossos d’Esquadra destacan que el Gobierno aprobó una partida excepcional de 2.200 millones con cargo a los presupuestos generales del Estado (PGE) para financiar parte del ‘déficit de tarifa’ eléctrico y lo vinculan con un presunto interés del ministro de Hacienda de reducir el recorte que se aplicaría a las renovables y en retrasar o limitar la eliminación de las primas que recibían las renovables en función sólo de la electricidad que producían (que acabaron sustituyéndose por un nuevo sistema con una retribución que garantizaba la rentabilidad a largo plazo de las plantas).
Sin embargo, varias fuentes del sector energético que ya lo eran en esos años de la reforma eléctrica destacan que, muy al contrario, la propia Hacienda era la que rechazaba cargar a los PGE parte del agujero del sistema eléctrico para evitar engordar más el ya abultadísimo déficit público. Y que Montoro se impuso al Ministerio de Industria de José Manuel Soria y consiguió que finalmente no llegara a ejecutarse esa partida de 2.200 millones con una autoenmienda del propio Partido Popular en el Senado. Y Hacienda también limitó que corrieran a cargo de las cuentas públicas todo los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares, como pretendía Soria, y sólo permitió que los PGE asumieran la mitad (900 millones de un total de 1.800 millones al año).
El Ministerio de Hacienda creó en 2012 un nuevo impuesto a la producción eléctrica por el que todas las tecnologías de producción empezaron a pagar por igual un tipo del 7%. Un nuevo gravamen que penalizaba a las empresas del sector, pero que tal y como se articuló salvó a las energías renovables de un golpe muchísimo mayor. Industria proponía la aplicación de diferentes tipos en función de la energía, desde un 4% para las centrales térmicas hasta un mayúsculo 19% para las plantas fotovoltaicas. La opción de Hacienda fue la de una ‘tarifa plana’ para todas las energías que evitó una penalización mucho mayor a la energía solar.
Los Mossos vinculan a Montoro con un cargo de 2.200 M en los PGE que beneficiaba a las renovables, pero el propio PP acabó tumbándolo
“José Manuel Soria trata de impulsar normas que eliminasen las primas a las renovables y, posteriormente, trató de aplicar un impuesto “progresivo” al sector eléctrico según los subsidios que percibiese cada tecnología (lo que castigaba con mayor dureza las renovables) (…) De otra parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, abogaba por limitar la eliminación de las primas a las renovables y consiguió decantar la carga impositiva en las eléctricas tradicionales. Así, la posición del Ministerio Soria tenía la bendición de las eléctricas tradicionales y causaba recelos entre las renovables, mientras que estas sensaciones se invertían respecto de la posición defendida por el Ministerio Montoro”, se recoge en uno de los informes de los Mossos, que apunta que al menos en una ocasión una propuesta que trasladó del gabinete de Montoro al de Soria sobre la reforma eléctrica se recibió directamente con el membrete de Abengoa.
Los informes policiales también recogen también supuestas influencias por parte de Equipo Económico con empresas de otros sectores económicos. En la investigación se apuntan pagos de Ferrovial por casi 584.000 euros y se apunta a un intento de conseguir que se acortasen los plazos de pagos a proveedores por parte de los ayuntamientos; o también abonos del grupo Codere por 667.000 euros y se indica que podrían estar vinculado al proceso de adjudicación de nuevas licencias en el sector del juego.
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