RTVE firma un preacuerdo para modificar el Convenio de la corporación con el objetivo de impedir que los sindicatos tengan asiento en los tribunales de oposición. La dirección de José Pablo López intenta blindar así la próxima convocatoria de oposiciones prevista para otoño después del escándalo vivido en el último proceso selectivo, por el que hay un proceso judicial abierto tras filtrarse las preguntas del examen, con dos trabajadores imputados vinculados a UGT.
Uno de los implicados en el caso era precisamente Julián Pérez Olmos, uno de los miembros del tribunal de oposición que había sido designado por el sindicato mayoritario, UGT. Él fue el autor del documento que contenía las preguntas del examen teórico, un documento que luego difundió a ciertos aspirantes el secretario de Organización de la federación sindical de Madrid, César Moreno, también imputado.
La presunta implicación de UGT en las irregularidades de la oposición abrieron el debate en el seno de RTVE sobre la presencia de los sindicatos en los tribunales. El actual Convenio Colectivo de la corporación establece que la mitad de los diez miembros de los tribunales son elegidos por la dirección de la empresa, y la otra mitad son elegidos por los sindicatos, en función de su representación. Una composición que quedó en tela de juicio tras el episodio del pasado septiembre, que ahora investiga el juzgado número 48 de Madrid, donde una parte de la causa se mantiene bajo secreto después de intervenir los dispositivos informáticos de Prado del Rey y de dirigentes de UGT.
Si hasta ahora las organizaciones sindicales tenían peso en los comités de valoración, ahora será la dirección de RTVE quien designe a todos sus miembros. El preacuerdo de modificación del convenio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y suscrito por UGT, CCOO, SI y USO -todos menos la CGT-, establece que «la Dirección de la Corporación RTVE designará a las personas trabajadoras que deban conformar los comités de valoración como miembros titulares o suplentes», y elegirá también al presidente de dichos tribunales, que se reducirán y pasarán a tener un máximo de cinco miembros.
Además, establece que no podrán designarse como miembros del tribunal a «directivos» de la corporación, pero tampoco a «representantes unitarios o sindicales de las personas trabajadoras u ostenten cargos sindicales». En el primer borrador del texto, se exigía también que los vocales de este órgano no pudieran haber tenido cargos en sindicatos en los últimos cinco años. Una restricción temporal que ha quedado eliminada en la versión final.
El texto fija que sólo podrán evaluar a los aspirantes de oposiciones quienes hayan obtenido plaza mediante un proceso de oposición y se les exige tener la misma ocupación o superior al de los puestos convocados, un requisito que hasta ahora no se daba.
Cláusula anti nepotismo
La modificación también incluye una cláusula para evitar casos de nepotismo como los que se han producido en RTVE en los últimos meses, con contrataciones a parejas de miembros o familiares de destacados miembros sindicales. Así, establece que los miembros del tribunal «deberán abstenerse de u» cuando tengan «un vínculo matrimonial», sean «pareja de hecho» o «pariente por consanguinidad», así como «afinidad con cualquiera de las personas aspirantes».
En caso de que se den estos supuestos, el trabajador designado deberá ponerlo en conocimiento de Recursos Humanos. Los propios opositores o los miembros de la Comisión de Empleo -donde están representados los sindicatos- podrán «promover la recusación» cuando se den estos supuestos.
El texto, suscrito la semana pasada, debe ahora ser remitido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que dé luz verde, y más tarde remitido al Ministerio de Trabajo para su aprobación definitiva y publicación en el BOE. Esta negociación in extremis se produce con una finalidad: establecer las nuevas reglas de juego para el nuevo proceso de oposición, cuya convocatoria prevé publicarse este otoño con una previsión de alrededor de 800 plazas.
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