María Francisca «Paqui» Granados no es abogada, pero eso no le ha impedido que Juana Rivas confíe en ella para ser su «asesora jurídica» durante nueve años. «Es quien más conoce el caso porque lleva trabajando con la familia desde el principio», señala María Martos, portavoz del equipo de abogados de Rivas.
A pesar de que los consejos de Paqui la llevaron a cumplir dos años y medio de prisión en un Centro de Inserción Social (CIS) en 2017, Juana Rivas sigue escuchando sus consejos. Eso ha provocado que nuevamente sea imputada por la Audiencia Provincial de Granada por un delito de sustracción de menores al no haber devuelto a su hijo Daniel, de once años, hace siete meses al padre Francesco Arcuri, tal como ordenó la Justicia italiana.
El escrito acusa a Rivas de haber «sacado» al niño «arbitrariamente de su vida en Cerdeña sin importarle el impacto psicológico sobre él». Esta es la segunda vez que Rivas es imputada por sustracción de menores. En 2017 fue condenada a cinco años de prisión por esconder a sus hijos por más de un mes para que no los viese el padre.
Paqui Granados fue imputada en 2017 por presunta inducción a sustracción de menores.
Francesco Arcuri, quien tiene la custodia del menor y hasta diciembre pasado vivía con él en Carloforte, Italia, asegura que su hijo Daniel se fue solo para pasar vacaciones con su madre. El menor debía regresar con él, pero su madre no lo entregó. Él cree que todo ha sido por influencia de Paqui Granados.
«Él me contaba desde que tenía cuatro años, cuando iba a España, le manipulaba Paqui. Y era solo un niño de cuatro años», relata Arcuri. Él espera que en la entrega de su hijo, que fue aplazada el martes por un juez para este viernes, no se repita «el espectáculo violento» que según él protagonizaron Rivas y Granados al decirle a Daniel que hablara para los medios.
El pasado martes durante la entrega, según fuentes judiciales, Paqui le dijo al menor: «¡Dilo! ¡Habla ahora! ¡Di lo que tengas que decir!». Fue entonces cuando el menor indicó ante los micrófonos de la prensa: «Me va a matar cuando vuelva. No quiero volver».
A criterio de Arcuri, su hijo dio estas declaraciones porque «fue manipulado por su madre, por su hermano, por las personas alrededor de la madre, Paqui Granados. Eso es lo que decía el niño desde hace nueve años, desde que puede hablar».
Falsa abogada
Desde que Juana Rivas se escapó de Italia en el verano de 2016 junto a sus dos hijos (Gabriel entonces era menor de edad), se puso en manos de Paqui Granados, la directora del Centro de la Mujer y responsable de Igualdad en el Ayuntamiento de Maracena (Granada).
El 12 de julio de ese año, Rivas presentó una denuncia por malos tratos contra Francesco Arcuri, quien ya había sido condenado en Italia por un delito de lesiones en el ámbito familiar en 2009. Desde entonces, Paqui ya era la asesora jurídica y portavoz de Juana Rivas.
Es natural de Benalúa de las Villas, Granada. Licenciada en Derecho, pero sin estar colegiada. Fue profesora en la Universidad de Granada y es feminista. Tiene más de dos décadas al frente del Centro de la Mujer de Maracena.
Paqui pudo limitarse a ejercer su rol de funcionaria, pero optó por defender públicamente a Juana Rivas y le granjeó la fama de estar mal asesorada.
El 14 de diciembre de 2016, mientras Juana Rivas estaba escondida con los menores, el Juzgado de Primera Instancia dictaminó que debían ser devueltos a Italia con su padre. Paqui Granados, por su parte, puso en marcha una petición en la plataforma change.org en la que estaba en contra de que la Justicia permitiera que los padres maltratadores tuvieran contacto con sus hijos.
Un mes después se presentó en el Congreso para pedir ayuda al Ministerio de Justicia y entregó 150.000 firmas recogidas en su petición. En esa ocasión la acompañó Vanessa Skewes, una mujer chilena que llevó a los tribunales a su expareja por agredirla y violarla. Poco después se demostró que sus denuncias eran falsas.
Paqui Granados junto a Juana Rivas.
En 2017, Paqui Granados fue desenmascarada por el Consejo General de la Abogacía Española. «María Francisca Granados no figura inscrita en la actualidad como colegiada en el Censo de Letrados de ningún Colegio de Abogados de España». Por tanto «no está legitimada para ejercer ninguna de las funciones inherentes al ejercicio profesional de la abogacía».
Y puntualizaron: «cualquier actuación suya en este ámbito se encontraría al margen del debido control deontológico».
Ese mismo año también fue investigada por presunta inducción a la sustracción de menores, pues había sospechas que ella motivó a Juana Rivas para que se escondiera con sus hijos. El caso se archivó por falta de pruebas.
En febrero de 2018, un juez imputó a Paqui por una querella presentada por el Colegio de abogados de Granada en el que le acusaban de intrusismo profesional por su actuación en el caso. Sin embargo en junio de ese año, el caso también fue archivado.
Sobre la causa contra Paqui Granados, la abogada María Martos valora que «se archivó en su momento porque era lo que tenía que ocurrir».
Cartas a políticos
Bajo el asesoramiento de Paqui, Juana Rivas involucró a los políticos en el caso. En 2017, hizo pública una carta al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el nombre que acompañaba a este último cargo no era el de Juan José González Rivas, que presidía el TC.
La misiva se refería a un hombre muerto: Manuel García-Pelayo, quien presidió el Alto Tribunal entre 1980 y 1986. De hecho, fue el primer titular de la institución, que nacía a comienzos de los 80.
Paqui Granados ha estado con Juana Rivas desde que empezó toda la trama con sus hijos.
Lo de enviar cartas sigue siendo parte de la estrategia del equipo de abogados de Juana Rivas. Según cuenta Martos, Daniel ha enviado cartas escritas «de su puño y letra» a organizaciones de ayuda a menores. Algunos medios han publicado que esas comunicaciones están dirigidas a Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Save the Children.
Por otro lado, desde el Centro de Mujeres de Maracena dirigido por Paqui Granados, Martos indica que se envió una misiva al ministro de Justicia Félix Bolaños, en el que le insta a que, como «autoridad central española», intervenga para evitar este viernes la entrega de Daniel invocando una excepción incluida en el Convenio de La Haya de 1980.
El Convenio de La Haya sobre la sustracción internacional de menores obliga a los estados firmantes a que, en caso de sustracción ilegal, estos sean devueltos a su último país de residencia, que, en el caso del hijo de Juana Rivas, sería Italia.
Pero entre sus excepciones incluye la de no hacerlo si existe un «grave riesgo de que la restitución -del menor- lo exponga a un peligro físico o psíquico» o lo coloque en una situación «intolerable». Esa es la última apuesta de Paqui Granados para detener la inminente entrega de Daniel a su padre este viernes.
