Desde hace unas semanas, su nombre ha saltado a la palestra al encargarse de la investigación del caso Montoro. Rubén Rus Vela es el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que con sus indagaciones ha revolucionado la política estatal en un momento en el que la corrupción política y económica vuelve a estar en el centro del foco mediático. Rus, de tendencia progresista, es magistrado desde hace más de 14 años, la mayoría de los cuales ha ejercido en Catalunya, aunque el del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro es el caso más mediático que ha tenido entre manos.
Rubén Rus Vela inició su función judicial en el año 2011, procedente de la promoción 61 de la carrera. Su primera destinación fue el juzgado mixto de primera instancia de Barbastro (Huesca), en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ya como titular del cargo de la segunda oficina judicial. Durante su estancia en Aragón, en junio de 2013, firmó un Manifiesto en Defensa de la independencia judicial en contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por el entonces gobierno de Mariano Rajoy (PP). En ese ejecutivo, el ministro de Hacienda y Administración Pública era, precisamente, Cristóbal Montoro.
Manifiesto por la independencia judicial
El manifiesto en defensa de la independencia judicial, firmado por más de 900 jueces de toda España, muchos de los cuales progresistas, señalaba que el proyecto de ley de reforma judicial del PP «pretendía deteriorar la independencia judicial». El texto criticaba que el cambio «arrebataba importantes competencias al órgano de gobierno judicial» hasta el punto de «romper el equilibrio propio de la división de poderes«.
En 2013, en un contexto en el que también se estaban investigando numerosos casos de corrupción económica, el manifiesto de los jueces progresistas avisaba de «una grave situación de deterioro estructural por falta de medios materiales y personales» del sistema y también aprovechaba para criticar la reforma laboral de los populares, alegando la inclusión de las tasas judiciales, el despido de más de 1.200 jueces interinos y la falta de convocatoria de oposiciones.
Rus pasó cerca de cinco años en el TSJA, tras los cuales, en 2016, fue destinado al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, su actual plaza, según confirman fuentes del CGPJ a EL PERIÓDICO. Poco después del traspaso le fue asignado el ahora conocido como caso Montoro, a partir de un correo electrónico entre el despacho Equipo Económico del exministro y dos directivos de la empresa Messer Ibérica, ubicada en El Morell (Tarragonès). El director general de la multinacional y uno de los remitentes de ese correo que inició la investigación, Rubén Folgado, es miembro de la Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT).
Investigó un caso de suplantación en Tarragona
El magistrado Rus ha tenido en Tarragona un papel silencioso durante sus nueve años en Tarragona, en los que ha estado investigando la supuesta trama de Cristóbal Montoro. Estas indagaciones las ha realizado en secreto y sin levantar sospechas hasta el punto que tenía al exministro bajo la lupa desde 2018, cuando empezó a considerarlo un investigado.
De entre todos los casos que han pasado por las manos de Rubén Rus destaca uno más reciente y de incidencia local en Tarragona, cuando un exasesor del exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC), Josep Maria Bonet, denunció a la concejala de ERC Paula Varas, y a la vicesecretaria general del Ayuntamiento de Tarragona, Núria Pallarès, por un presunto delito de suplantación y usurpación de la identidad.
Estos supuestos hechos se habrían dado en 2020, poco después de la llegada de Pau Ricomà (ERC) al frente del gobierno municipal y del cese de Bonet como gerente de la radio municipal. Más tarde, Bonet pasó a ser asesor del ya exalcalde Ballesteros. En enero de este 2025, el juez Rus archivó la querella de Bonet contra Varas y Pallarès al no detectar indicios de delito.
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