La Policía Canaria ha llevado a cabo esta mañana una operación de registro en las oficinas de la entidad social Quorum Social 77, así como en dos centros de acogida de menores migrantes gestionados por la organización y otras tres ubicaciones cuya localización no ha sido concretada. Los agentes actuaron siguiendo una orden de entrada y registro emitida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria). La operación, ejecutada en exclusiva por efectivos de la Policía Canaria, se ha saldado con la detención de dos personas. El magistrado ha declarado secretas las actuaciones.
Además de las oficinas centrales de Quorum Social 77, situadas en la calle Viera y Clavijo de Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Canaria ha registrado el centro José García I, en Arinaga, otro ubicado en el municipio de Firgas. En estos momentos, no se descarta el cierre del centro de Arinaga, lo que implicaría el traslado de los 148 menores que viven allí a otros espacios de acogida.
Hace apenas dos meses, la Policía Canaria cerró el centro de acogida de menores migrantes La Fortaleza I, también gestionado por Quorum Social 77, tras llevar a cabo un registro judicial. La actuación se realizó en virtud de una orden de entrada y registro dictada por el mismo órgano judicial, en el marco de una investigación por presuntos delitos de lesiones, delitos de odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, atentado contra la integridad moral y amenazas. Este centro, ubicado en la carretera de Bandama (Gran Canaria), albergaba a 43 menores migrantes. La operación terminó con la detención de nueve trabajadores acusados de cometer presuntos delitos de lesiones, amenazas, coacciones, odio y vulneraciones contra la integridad moral. La investigación judicial reveló episodios continuados de castigos físicos, insultos racistas, intimidaciones y aislamientos prolongados.
La Asociación Quorum Social 77 tiene la guarda de unos 1.900 niños en el Archipiélago, aproximadamente el 34% de todos los menomes migrantes que tutela el Gobierno de Canarias. Según datos de la Consejería de Bienestar Social, el presupuesto anual que maneja esta entidad es de unos 62,3 millones, asignados por contratos de emergencia.
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